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El Barça condenado, como persona jurídica, por el 'caso Neymar' y se beneficia por disponer de planes de cumplimiento normativo

El director de los servicios jurídicos del FC. Barcelona y el representante legal del club, han aceptado ante la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona el acuerdo firmado por la entidad azulgrana, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en julio de 2016.

El acuerdo lo firmaron los representantes del Barça, el fiscal coordinador de Delitos Económicos en la Fiscalía de Barcelona y la Abogacía del Estado. En un trámite rápido, ante el tribunal lo han ratificado y se han comprometido a no recurrirlo, por lo que la sentencia es firme. El Barça reconoce, con este pacto, que defraudó a Hacienda 9,1 millones de euros en dos ejercicios fiscales, aunque consignaron 13,5 millones de euros, por lo que el dinero que sobra se destina a los intereses de demoras, las multas y las costas procesales.

El primer delito fiscal reconocido corresponde al ejercicio 2011 cuando pagó 10 millones de euros para fichar a Neymar tres años más tarde y el otro en 2013, cuando abonó 40 millones a la misma sociedad, N&N (propiedad de la familia del jugador) como penalización en caso de no concretarse la operación.

Hacienda consideró que el club azulgrana habría defraudado 9,1 millones de euros al declararlos como salario del jugador y no como prestación de servicios. La multa de 5,5 millones devendría del 60% por la cantidad penada. Al ratificar el acuerdo, el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona exculpó a los dirigentes azulgranas, como administradores de la sociedad, que también fueron procesados, y remarcó que no hubo delito en la declaración fiscal del Barça correspondiente a 2014.

El tribunal ha confirmado la exculpación del presidente del FC Barcelona, Josep María Bertomeu y de su antecesor Sandro Rosell quienes se enfrentaban a altas penas de cárcel antes del acuerdo. El club asume como persona jurídica el pago de la multa, aunque la sentencia, que ya es firme, establece como atenuantes la reparación del daño por los 13,5 millones que el club azulgrana abonó correspondientes a las cantidades defraudadas y el establecimiento "de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos" dentro de la entidad deportiva.

Como conclusión de este caso del FC Barcelona, asunto muy mediático y cuestionable en el tema de la exoneración de toda persona física, lo relevante es que respecto de la multa pedida por la Fiscalía de 22 millones, la implementación posterior al delito de programas efectivos lo ha dejado en los mencionados 5’5 millones. Por ello, contratar a profesionales experimentados en temas de cumplimiento normativo acaba siendo muy rentable para la empresa que en principio ha sido poco o nada diligente.