AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUZA

La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido a trámite una proposición de Ley, realizada por el Grupo Popular, de creación de la Agencia Andaluza de Protección de Datos, tras lo que deberán presentarse las correspondientes enmiendas y votarse posteriormente en el pleno de la Cámara andaluza.

Según informó a Europa Press el presidente de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico (Andce), Pedro Rodríguez, la creación de esta Agencia "acercaría a nuestro tejido social y empresarial el derecho fundamental de la protección de los datos personales, a pesar de que ésta sólo tendría competencia sobre los ficheros de las administraciones públicas, vigilando así el correcto uso de los datos personales de sus administrados".

Esta asociación hizo un requerimiento público hace ya dos años a los distintos grupos políticos andaluces para que elaboraran una Ley que permitiera la creación de una Agencia de Protección de Datos de carácter autonómico.

La Agencia de Protección de Datos cuenta entre sus funciones velar por el cumplimiento de la legislación y de cualquier norma reguladora de la protección de datos de carácter personal y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos en la comunidad autónoma y de atender a las peticiones y resolver las reclamaciones formuladas en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales.

Por otra parte, esta Agencia también estará obligada a requerir a los responsables y a los encargados de los tratamientos de datos, la adopción de las medidas necesarias para adecuar los tratamientos de datos de carácter personal a la legislación vigente o, en su caso, a la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros.

Rodríguez apuntó que esta cercanía "permitiría una mayor difusión de la Ley de Protección de Datos en nuestra Comunidad, ya que según señalaba recientemente la Agencia de Protección de Datos estatal, existe un gran desconocimiento entre las pymes y profesionales, lo que no impide que éstas sean sancionadas por su incumplimiento, llegando a alcanzar las sanciones multas de hasta 600.000 euros".

 

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