DECLARACIONES DIRECTOR APDCAM

Antonio Troncoso, director de la Agencia de Protección de Datos (APD) de la Comunidad de Madrid, explicó la actividad de la agencia en estos dos años en toda la autonomía: ya hay 7.600 ficheros declarados.  La aplicación de la normativa de protección de datos -tanto estatal como autonómica- es costosa por dos razones: los requisitos técnicos exigidos a los ficheros automatizados, que incluyen la progresiva conversión de los soportes de papel hasta 2007, y el necesario cambio de mentalidad en la población que asimile la cultura de la protección de datos.  Estos dos factores están muy presentes en la intención de los miembros de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cuyo director, Antonio Troncoso, aclaró varios puntos controvertidos a los asistentes al taller que trató estos temas en el X Congreso Nacional de Derecho Sanitario.


A la pregunta planteada acerca de quién respondería si hay una fuga de información procedente de aplicaciones informáticas que hayan sido regaladas al médico -y que hayan sido utilizadas para elaborar listados de pacientes- o de la intranet del centro hospitalario, Troncoso apuntó que 'si el gerente desconoce que el médico maneja archivos propios de pacientes sería el facultativo el responsable ante una fuga de información'.

Comprometerse

Para estas situaciones 'debe tenerse en cuenta la importancia de la historia clínica informatizada, ya que es más segura; si la Administración o el hospital se apoya en empresas externas para gestionar las historias, éstas deben comprometerse a salvaguardar la confidencialidad'.   Por otro lado, en lo que se refiere a la intranet, este jurista matizó que 'debe distinguirse entre el acceso a los datos y el mantenimiento del sistema, que son dos cosas diferentes; en otras palabras, el mantenimiento de la intranet no implica necesariamente acceso'. En el caso de los expedientes sanitarios y de las historias clínicas que sean aportadas a un proceso judicial, Troncoso explicó que no debe existir temor por parte de los profesionales sanitarios en vulnerar la confidencialidad, ya que 'los jueces garantizan la protección de los derechos fundamentales: si piden una historia hay que facilitarla, no es una cuestión de competencias administrativas'. Por otra parte, el director de la APD de Madrid explicó el esfuerzo que se está invirtiendo en 'aplicar la normativa de forma no punitiva sino formativa'.

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