TOP

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DESESTIMA UNA DENUNCIA DEL PSOE POR USAR EL PADRÓN PARA ELEGIR A VECINOS

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón informó hoy que la Agencia de Protección de Datos ha desestimado la denuncia presentada por el PSOE por el uso del padrón para elegir a los vecinos que representarían los distintos barrios de la localidad en los encuentros con el alcalde a través del proyecto 'Desayuna con tu alcalde'. Fuente: Europa Press Noticias 13/12/2004.

Según fuentes municipales, la denuncia fue presentada el pasado 24 de octubre por la portavoz del PSOE, Esther Alonso, quien consideró que se había realizado "un uso indebido del padrón para la elección de los representantes vecinales".

Dicha acusación "ha quedado desestimada por la Dirección de la Agencia al considerar que el Ayuntamiento de Pozuelo, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos que presta y que le son atribuidos por la legislación, consideró oportuno entrevistar a 15 vecinos de cada una de las 16 zonas en que se divide el término municipal para conocer la opinión sobre el grado de satisfacción de los servicios recibidos, así como sus necesidades y preferencias".

Según la Agencia de Protección de Datos, continuaron dichas fuentes, la selección aleatoria de los 240 vecinos a través del sistema de elección para la mesa electoral de los encuentros con el alcalde, “se trata del cumplimiento de los fines de esta Administración que tiene el deber de promover toda clase de actividades de prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal".

Además, la Agencia de Protección de Datos ha apuntado que "no se han utilizado los datos del padrón, sino una vez efectuado el sorteo anónimamente se utilizan dos de los datos, nombre y domicilio, para el ejercicio de las funciones propias de esta Administración. Los datos resultantes del sorteo se utilizan por un órgano de la administración titular del fichero, cual es la Alcaldía, y no por ningún otro grupo político".

INCUMPLIMIENTOS PÚBLICOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

Quiero denunciar una ilegalidad manifiesta e intolerable. Si digo intolerable no es por ningún ánimo de exagerar, sino porque dicha ilegalidad ,además de afectar a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española (y también por la futura constitución europea), es responsabilidad directa de varias administraciones públicas e instituciones valencianas. Fuente: Levante 24/12/2004.

Me estoy refiriendo al incumplimiento sistemático de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, concretamente en lo que se refiere al tratamiento de esos datos relacionado con el acceso a edificios públicos.
Como la gran mayoría de los lectores conoce perfectamente, el acceso a muchos edificios administrativos requiere, por motivos de seguridad, de la previa identificación de los visitantes mediante su documento nacional de identidad. Hasta aquí, nada que objetar.

El problema surge no por la obligación de identificarse para acceder a ciertos edificios públicos, que en cualquier caso parece razonable. El problema es que dicha identificación implica, por parte de los visitantes, la cesión de datos de carácter personal. Según su definición legal, son datos de carácter personal todas las informaciones concernientes a personas físicas o jurídicas (ex. art. 3).
Los datos facilitados por los visitantes al personal de acceso son, en algunos casos, consignados en unos listados en los que se escriben manualmente y, en otros, son introducidos en programas informatizados previstos para esta finalidad. Este segundo caso conlleva un tratamiento automatizado, siempre de mayor sensibilidad.

La Ley Orgánica 15/1999 reconoce, en su artículo 5, el derecho de información a favor de todas aquellas personas a las que se les requieran datos de carácter personal. Por ejemplo, aquellas personas a las que se les exija su documento nacional como requisito para acceder a un edificio público.

Dicho derecho implica, según la ley, la obligación, por parte del solicitante, de los datos de informar con carácter previo, de modo expreso, preciso e inequívoco: a) de la existencia de un fichero y de los destinatarios de la información, b) del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean formuladas, c) de las consecuencias de la obtención de datos o de la negativa a suministrarlos, d) de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y e) de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Debo decir que en ninguno de los edificios públicos que mencionaré a continuación, ni en uno solo, existe medio alguno de información a los interesados de cada uno de los extremos legalmente previstos. En todos los casos los funcionarios encargados de la identificación de los visitantes (en algunos casos es personal no funcionario perteneciente a la seguridad privada) se limitan a solicitar a los visitantes la entrega del documento nacional sin hacerles prevención alguna sobre cada uno de los aspectos que tienen derecho a conocer según el artículo 5 de la ley quienes están cediendo sus datos.

Hay que mencionar que el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, expresado en la Instrucción 1/1996, que regula la protección de datos sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a edificios públicos y privados, corrobora plenamente lo dicho en los párrafos anteriores. El artículo 3 de dicha instrucción se remite al propio artículo 5 de la ley orgánica y deja bien asentada la obligatoriedad, por parte de los receptores de los datos en los edificios públicos, de informar a los interesados de los extremos recogidos por la ley.

En la puerta de acceso de la calle Arzobispo Mayoral del Ayuntamiento de Valencia los visitantes deben identificarse mediante la exhibición de su documento nacional u otro semejante. En ningún caso son informados de los aspectos legales que tienen derecho a conocer. En los dos edificios de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, situados, respectivamente, en los números 32 y 66 de la calle Colón, tampoco se procede al cumplimiento de lo previsto por la ley. En uno de estos casos, la situación es especialmente grave dado que los datos son introducidos en un fichero informático y se procede además a la filmación de imágenes. Idénticas irregularidades se detectan en el número 80 de la calle Colón, oficinas de la Conselleria de Bienestar Social. Las dependencias del Servef, situadas en el número 2 de la calle Navarro Reverter, incurren en los mismos incumplimientos. Lo mismo cabe decir de los accesos a edificios tan emblemáticos como el palacio de Fuentehermosa y el mismo Palau de la Generalitat. Siguiendo hacia la calle Manises, acceso al edificio de la Diputación Provincial, encontramos exactamente la misma situación.

Pero el caso más grave es, a mi modo de ver, el de las Cortes Valencianas, institución representativa de todos los valencianos y obligada de un modo especial a velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos. En el caso de las Cortes, los documentos de identidad de los visitantes son literalmente escaneados, lo cual conlleva un grado muy sofisticado de automatización. En este caso, incluso las fotografías de los visitantes son registradas mediante una aplicación informática diseñada al efecto. Además de incurrir en la falta de información a los visitantes, se incurre en una ilegalidad adicional dado que el número segundo del artículo tres de la instrucción de la agencia establece que los datos recogidos serán los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad de controlar el acceso. No comprendo en modo alguno la necesidad de escanear las fotografías de los visitantes y me parece una total extralimitación legal.

Lo dicho. Las instituciones están para cumplir antes que nadie con la legalidad vigente. Mucho más cuando esa legalidad protege derechos fundamentales.

ONCE EX EMPLEADOS DEMANDAN AL FORUM POR EL CASO DE LOS CURRÍCULOS

Un grupo de once personas, que fueron empleados por el Forum de las Culturas 2004, ha interpuesto una demanda contra la empresa de trabajo temporal Randstad y contra el propio Forum, en el juzgado de lo social de Barcelona, por 'vulneración de derechos fundamentales', después del episodio de abandono de currículos el pasado 24 de octubre, así como de la aparición de datos personales en material informático. Reclaman una indemnización de 30.000 euros. Fuente: La Vanguardia 28/12/2004.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se apoya en el artículo 18 de la Constitución sobre el derecho al honor, a la intimidad y familiar y a la propia imagen, así como a la ley 15/99, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

El texto explica que la empresa Randstad fue acumulando documentación durante unos seis meses, como currículum con datos personales -nombre, apellidos, número de CIF, teléfono, domicilio o estado civil- y otros documentos como contratos de trabajo, nóminas, bajas de incapacidad, expedientes sancionadores, resoluciones de contrato o finiquitos.

'Toda esa documentación de los actores, junto con la de otros muchos trabajadores de Randstad en el Forum e incluso la de otras personas que optaron a aprovisionar puestos de trabajo en dicho ámbito, apareció en el mes de octubre pasado abandonada en la vía pública a merced de los transeúntes, con ocasión del desmantelamiento de la oficina que Randstad tenía en las instalaciones del Forum, a la finalización de dicho evento', añade.

ACTIVISTAS DE BARCELONA DENUNCIAN QUE LA POLICÍA LES INCLUYE EN UN FICHERO ILEGAL

Un total de 12 jóvenes de movimientos sociales alternativos de Barcelona han presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos por la inclusión de sus datos personales y fotografías en un fichero supuestamente ilegal y que consideran 'político' de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Fuente: El País 30/12/2004.

Los denunciantes carecen de antecedentes, pero forman parte de una lista de 30 personas que agentes de esa brigada mostraron a tres detenidos acusados de lanzar cócteles molotov contra la comisaría del distrito barcelonés de Sants el pasado 3 de octubre. La lista no hubiera trascendido si no fuera porque alguien la incluyó en las diligencias judiciales incoadas contra esos tres acusados, que están en libertad con cargos por daños y desórdenes públicos tras pasar dos meses en prisión.

La exhibición de las fotografías a los acusados consta en un documento oficial redactado por la policía para que éstos identificasen a otras personas implicadas en los hechos y que en este caso concluyó con la detención de un cuarto sospechoso. Esa diligencia policial es un procedimiento habitual, siempre y cuando las personas fichadas tengan antecedentes por detenciones anteriores, cosa que no ocurre con 21 de los 30 jóvenes incluidos en ese listado. La mayoría no se conoce entre sí y lo que les une es su pertenencia a agrupaciones de boy scouts , centros sociales ocupados o asambleas de barrio.

En algunos casos, además, las fotografías de los ficheros policiales no son las de sus DNI y los propios jóvenes no las habían visto nunca, lo que les hace pensar que se tomaron durante su participación en actos públicos. Por ello consideran que la policía ha vulnerado el artículo 7.4 de la Ley de Protección de Datos del año 1999, que prohíbe 'los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual'.

La Jefatura Superior de Policía de Cataluña negó ayer 'rotundamente' que disponga de un fichero con la identidad de personas vinculadas a movimientos sociales. Un portavoz policial aseguró que el único archivo existente es el de los ciudadanos con antecedentes, aunque admitió que la policía trabaja para sus investigaciones con una base de datos 'que está regularizada, tutelada y sujeta a la Agencia de Protección de Datos'.

Además, el portavoz de la Jefatura ha destacado que la policía utiliza en sus investigaciones 'determinados bancos de datos, entre ellos los del DNI, todos ellos sujetos a las normas constitucionales', y cuya procedencia se notifica siempre al juez. En opinión de este portavoz, la presentación de esa denuncia responde 'a una estrategia de esos grupos destinada a difamar a la policía', y ocultar las acciones violentas como las de esos jóvenes.

UCE-MURCIA DENUNCIA QUE TELEFÓNICA-MOVISTAR ENVÍA MENSAJES SMS COMERCIALES A MENORES DE EDAD PARA UTILIZAR SUS DATOS

La asociación de consumidores UCE-Murcia ha recibido denuncias por parte de padres de menores de edad con teléfonos móviles, que reciben en sus aparatos celulares mensajes SMS comerciales de Telefónica-Movistar para utilizar sus datos personales. Fuente: Europa Press 31/21

En un comunicado, UCE-Murcia señaló que estos días de Navidad y "agresividad publicitaria" pueden convertirse en una "verdadera selva, en donde las reglas del juego parecen ser decoraciones navideñas a favor del poderoso caballero Don Dinero".

La asociación de consumidores indicó que ha recibido "denuncias" de la "ya habitual agresividad" de Movistar, en la cual, esta compañía envía en Nochebuena a una niña el mensaje adjunto "para tratar comercialmente con los datos de estos menores de edad", dejando además a estos niños "la pelota en su tejado, al tener que escribir, llamar o visitar una Web para expresar el no consentimiento del uso de sus datos personales".

Por ello, UCE-Murcia anunció que presentará queja formal a la Agencia de Protección de Datos, además de pedir al Gobierno central la reforma de la normativa que permite este tipo de "prácticas abusivas e inaceptables, por considerarlas atentatorias y de alto riesgo para la estabilidad emocional de los menores de edad".

Finalmente, la asociación de consumidores hizo un llamamiento a las familias que hayan detectado esta práctica para que contacten con UCE para denunciarlo, al tiempo que se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes "esta campaña feroz de Telefónica".