AVALADO EL PLAZO DE CINCO AÑOS PARA DESTRUIR PARTE DE LA HISTORIA CLÍNICA

El Tribunal Supremo ha señalado que el plazo de cinco años es legal para destruir algunos documentos incorporados a la historia clínica (HC) tan habituales en los procesos judiciales como la hoja de interconsulta, las de infección, la de cuidados de enfermería, la de urgencias o las radiografías.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso que presentó el Colegio de Médicos de Vizcaya contra el Decreto 45/1998, del Gobierno Vasco de 17 de marzo, por el que se establece el contenido y se regula la valoración, conservación y expurgo de los documentos del registro de actividades clínicas de los servicios de urgencia de los hospitales y de las historias clínicas hospitalarias.
El colegio vizcaíno solicitaba la nulidad del artículo 10 del decreto autonómico porque 'la destrucción de los documentos contemplados en el precepto, transcurridos cinco años desde la fecha del alta correspondiente al último episodio asistencial, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de pacientes y médicos'.
La razón apuntada por la entidad colegial era que 'les privaría de utilizar medios de prueba en un proceso judicial que se iniciara después de dicho plazo, ya que el de las correspondientes acciones es o puede ser superior a cinco años'.
También solicitaba la nulidad del artículo 12 de la norma -que detalla quiénes son los que componen la comisión de valoración, selección y expurgo de documentación clínica- porque falta un representante de la corporación colegial.
El Supremo rechaza estas alegaciones porque 'el colegio no puede, desde una perspectiva objetiva, fundamentar su recurso en una eventual, hipotética o potencial vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho personal, en este caso de titularidad ajena'. En otras palabras, en la reclamación 'se plantea no una actual infracción de ese derecho fundamental, sino su potencial vulneración en el supuesto de que se formulara una acción judicial después de transcurrido el plazo de cinco años'.
El fallo, que confirma la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, señala que para la defensa del médico 'puede ser suficiente la documentación cuya conservación indefinida contempla el artículo 11 del decreto: las hojas de consentimiento informado, las de informes de alta, los informes de exploraciones complementarias o las de alta voluntaria, entre otras'.
Por otra parte, la Sala se plantea si el colegio está legitimado para recurrir esta norma autonómica. El fallo subraya que carece de tal potestad porque, 'aunque los colegios profesionales constituyen corporaciones de derecho público de base privada asociativa que tienen reconocida la defensa de los intereses de los profesionales que la integran, esta función no es suficiente para reconocerles legitimación para la impugnación de cualquier norma, disposición o acto administrativo que pueda tener efectos sobre los sectores sobre los que se proyecta el ejercicio profesional de quienes integran la corporación'.
Respecto al segundo motivo de nulidad alegado por el colegio vizcaíno, la Sala de lo contencioso señala que no es necesario que exista un representante colegial en la comisión de selección y expurgo de documentación clínica porque 'no se trata de un aspecto de la profesión médica cuya ordenación o defensa esté encomendada por la ley a la organización colegial'.
La sentencia del Tribunal Supremo puede tener una importancia capital, ya que también puede afectar a la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente. En efecto, esta norma contempla en su artículo 17 la obligación de los centros sanitarios de conservar la documentación clínica, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial'. Idéntico plazo fija la ley gallega reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. En cambio, la ley catalana estableció un plazo más amplio de conservación, 20 años, que se convierte en 10 si se trata de documentos no relevantes para la asistencia. La comunidad foral navarra lo reguló de forma idéntica a la de Cataluña. La Ley de Salud de Aragón no menciona plazo alguno en su texto y se remite a un reglamento que lo fije después. La Rioja, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid no mencionan en sus respectivas normativas períodos de conservación de la HC.

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