INCUMPLIMIENTOS PÚBLICOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

Me estoy refiriendo al incumplimiento sistemático de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, concretamente en lo que se refiere al tratamiento de esos datos relacionado con el acceso a edificios públicos.
Como la gran mayoría de los lectores conoce perfectamente, el acceso a muchos edificios administrativos requiere, por motivos de seguridad, de la previa identificación de los visitantes mediante su documento nacional de identidad. Hasta aquí, nada que objetar.

El problema surge no por la obligación de identificarse para acceder a ciertos edificios públicos, que en cualquier caso parece razonable. El problema es que dicha identificación implica, por parte de los visitantes, la cesión de datos de carácter personal. Según su definición legal, son datos de carácter personal todas las informaciones concernientes a personas físicas o jurídicas (ex. art. 3).
Los datos facilitados por los visitantes al personal de acceso son, en algunos casos, consignados en unos listados en los que se escriben manualmente y, en otros, son introducidos en programas informatizados previstos para esta finalidad. Este segundo caso conlleva un tratamiento automatizado, siempre de mayor sensibilidad.

La Ley Orgánica 15/1999 reconoce, en su artículo 5, el derecho de información a favor de todas aquellas personas a las que se les requieran datos de carácter personal. Por ejemplo, aquellas personas a las que se les exija su documento nacional como requisito para acceder a un edificio público.

Dicho derecho implica, según la ley, la obligación, por parte del solicitante, de los datos de informar con carácter previo, de modo expreso, preciso e inequívoco: a) de la existencia de un fichero y de los destinatarios de la información, b) del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean formuladas, c) de las consecuencias de la obtención de datos o de la negativa a suministrarlos, d) de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y e) de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Debo decir que en ninguno de los edificios públicos que mencionaré a continuación, ni en uno solo, existe medio alguno de información a los interesados de cada uno de los extremos legalmente previstos. En todos los casos los funcionarios encargados de la identificación de los visitantes (en algunos casos es personal no funcionario perteneciente a la seguridad privada) se limitan a solicitar a los visitantes la entrega del documento nacional sin hacerles prevención alguna sobre cada uno de los aspectos que tienen derecho a conocer según el artículo 5 de la ley quienes están cediendo sus datos.

Hay que mencionar que el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, expresado en la Instrucción 1/1996, que regula la protección de datos sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a edificios públicos y privados, corrobora plenamente lo dicho en los párrafos anteriores. El artículo 3 de dicha instrucción se remite al propio artículo 5 de la ley orgánica y deja bien asentada la obligatoriedad, por parte de los receptores de los datos en los edificios públicos, de informar a los interesados de los extremos recogidos por la ley.

En la puerta de acceso de la calle Arzobispo Mayoral del Ayuntamiento de Valencia los visitantes deben identificarse mediante la exhibición de su documento nacional u otro semejante. En ningún caso son informados de los aspectos legales que tienen derecho a conocer. En los dos edificios de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, situados, respectivamente, en los números 32 y 66 de la calle Colón, tampoco se procede al cumplimiento de lo previsto por la ley. En uno de estos casos, la situación es especialmente grave dado que los datos son introducidos en un fichero informático y se procede además a la filmación de imágenes. Idénticas irregularidades se detectan en el número 80 de la calle Colón, oficinas de la Conselleria de Bienestar Social. Las dependencias del Servef, situadas en el número 2 de la calle Navarro Reverter, incurren en los mismos incumplimientos. Lo mismo cabe decir de los accesos a edificios tan emblemáticos como el palacio de Fuentehermosa y el mismo Palau de la Generalitat. Siguiendo hacia la calle Manises, acceso al edificio de la Diputación Provincial, encontramos exactamente la misma situación.

Pero el caso más grave es, a mi modo de ver, el de las Cortes Valencianas, institución representativa de todos los valencianos y obligada de un modo especial a velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos. En el caso de las Cortes, los documentos de identidad de los visitantes son literalmente escaneados, lo cual conlleva un grado muy sofisticado de automatización. En este caso, incluso las fotografías de los visitantes son registradas mediante una aplicación informática diseñada al efecto. Además de incurrir en la falta de información a los visitantes, se incurre en una ilegalidad adicional dado que el número segundo del artículo tres de la instrucción de la agencia establece que los datos recogidos serán los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad de controlar el acceso. No comprendo en modo alguno la necesidad de escanear las fotografías de los visitantes y me parece una total extralimitación legal.

Lo dicho. Las instituciones están para cumplir antes que nadie con la legalidad vigente. Mucho más cuando esa legalidad protege derechos fundamentales.

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