REVELAR ANTECEDENTES CLÍNICOS DEL PACIENTE

La esfera de la confidencialidad con los pacientes nos obliga a respetar el deber de sigilo, reserva y secreto, pero el alcance de este incumplimiento queda supeditado a la trascendencia que dicha información puede comportar para la esfera íntima del paciente, pues nos podemos encontrar ante lo que algunas sentencias denominan como meras indiscreciones o, por el contrario, ante una revelación del secreto.
No es lo mismo transmitir determinada información a quienes forman parte del equipo médico o colaboradores, y cuya intervención es necesaria para la asistencia sanitaria del paciente, que transmitir esa misma información a quienes, aun siendo médicos, no tienen una intervención directa en el tratamiento del enfermo.
En nuestro caso, entendemos que la información facilitada al estudiante en prácticas es ajena a un fin docente, pues de lo contrario sólo respondería éste último de la vulneración del secreto contenido en la información.
Si la información transmitida por el estudiante a la familia de la enferma afecta además a su derecho a la intimidad y se presta sin su consentimiento, entiendo que tanto el médico como el alumno pueden ser objeto de sanción.
El artículo 7.1 de la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, menciona ese derecho a la intimidad y el respeto al carácter confidencial de los datos referentes a la salud. Son muchas las normas que tratan dicha cuestión.
Al margen del régimen sancionador al que se remite la disposición adicional sexta de la mencionada ley y dirigido más hacia el profesional, quizá sea la vía penal la única que determina con más claridad la responsabilidad en que pueden incurrir el médico y su alumno.
La responsabilidad del médico en estos supuestos se recoge en el artículo 199.2 del Código Penal, donde se establece que el que incumpla la obligación de sigilo o divulgue los secretos de otra persona será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación por tiempo de dos a seis años.
La graduación de la condena dependerá de la publicidad y daño generado en el paciente por la revelación de dichos secretos. Este artículo sólo es de aplicación a los profesionales, pero no a los estudiantes, que aún no gozan del mencionado estatus.
En cualquier caso, es importante destacar que están incluidos como sujetos activos de dicha infracción los ayudantes técnicos sanitarios, personal MIR, etcétera; es decir, aquellos profesionales que tienen derecho a conocer datos confidenciales de un paciente por ser su colaboración necesaria para asegurar la atención sanitaria y las unidades profesionales cuya misión es recoger la información confidencial.
El estudiante en prácticas, es decir, el residente, como es el caso, no puede ser incardinado en el tipo agravado del mencionado precepto del Código Penal, porque el delito de violación del secreto profesional constituye un tipo especial y la revelación realizada por el alumno universitario en prácticas se tendrá que castigar por el artículo 199.1 del Código Penal. En este supuesto, no nos encontramos ante una revelación del secreto profesional, sino ante una revelación de secretos ajenos: por eso la condena impuesta por tales actuaciones en el texto penal, además de ser inferior, no contiene la pena de inhabilitación.
Son pocas las sentencias que se han pronunciado al respecto, pero análogo a este caso se puede mencionar la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2001, donde una ginecólogo reveló a un familiar los antecedentes de interrupción voluntaria del embarazo de su paciente, llegando más tarde y por medio de estos familiares, a oídos de la hermana de la enferma.
Los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal condenaron al facultativo en virtud del artículo 199.2 del Código Penal (vulneración del secreto profesional), por entender que lo comunicado afectaba al derecho fundamental a la intimidad de la paciente.

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