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LOS ANTECEDENTES PENALES DE LOS INDULTADOS DESAPARECEN DE LOS ARCHIVOS POLICIALES PARA FACILITAR SU REINSERCIÓN PERO CONSTAN EN INTERNET

Es lo que ocurre con B.A., T.L, A.B. o P.F., personas a las que el Gobierno de entonces indulto en 2002 y de cuya historia delictiva cualquiera puede saber con solo teclear en el ordenador su nombre completo.

A esta novela de dobles condenas, a esta cadena perpetua virtual, le ha sacado los colores la Asociación Apoyo, que el pasado verano pidió a la Agencia de Protección de datos una solución a golpe de click: «Consignen ustedes los casos con iniciales al objeto de evitar invadir esferas de la intimidad personal», pidió, recomendó, sugirió y casi hasta suplicó esta organización de defensa de los Derechos Humanos.
 
Y la Agencia de Protección de Datos ha contestado. Dice que la información que aparece en el BOE es pública y que si a usted eso le molesta mucho pida personal y razonadamente al buscador de Internet en cuestión que le quite de en medio.
La Asociación Apoyo trabaja con personas presas y con otras que han dejado las sombras de la cárcel para ganarse con dignidad el solecito de la calle.
Hace bastante tiempo que recibe quejas de gente que intenta asomar la cabeza a la reinserción y se topa con su nombre y su historia delictiva al alcance de cualquier ratón de la Red. Por eso, el 23 de junio la presidenta del colectivo, Aurora Álvarez Juarranz, denunció la «violación frontal» de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y es que, a juicio de Álvarez Juarranz, se salta la ley cada una de las veces en que las personas que hayan sido indultadas por el Gobierno aparecen en el Boletín Oficial del Estado en formato accesible por Internet con su filiación completa, quedando así «colgadas a perpetuidad».

La carta cuenta que los individuos que han cumplido condena logran la cancelación de sus antecedentes penales y desaparecen de los archivos policiales. «Es una manera de evitar que el estigma de una condena impida la efectiva reinserción social», escribe Apoyo.
Pero este «loable deseo» se ve «truncado» cuando los desaparecidos antecedentes penales y policiales «siguen constando con acceso universal y ... ¡en Internet!, incluso cuando hubiesen sido cancelados de oficio en los registros».

El asunto es tan rocambolesco que afecta exclusivamente a las personas que han sido indultadas, no a las que han cumplido toda su condena. Las primeras quedan expuestas para siempre y las segundas quedan limpias.

Lo explica el punto 4 del escrito de Álvarez Juarranz. «Se da la paradoja de que alguien que hubiese cumplido la condena completa quedaría borrado de todos los registros y sin estigma alguno (no sale en el BOE); por el contrario, alguien que por haber tenido una efectiva y extraordinaria reinserción social o por haber reparado el daño a la víctima a plena satisfacción, es indultado y se encuentra con la condena accesoria perpetua de que su nombre aparecerá por los siglos de los siglos al alcance de cualquiera simplemente con teclear su filiación en un buscador».
El escrito acepta que los indultos «deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado por su carácter público».

Pero discute que el Estado pueda facilitar los datos personales «de la forma en que lo está haciendo, con accesibilidad universal y a perpetuidad». Por eso, la Asociación Apoyo propone la fórmula que sigue el Tribunal Supremo con casos similares y solicita que se «consignen sólo las iniciales».

Así que la Asociación Apoyo se armó de razones y pidió una intervención oficial de la Agencia de Protección de Datos para «evitar el condicionamiento de la vida futura» y la «violación del derecho a la reinserción social» de estas personas que ya han sido indultadas.
«En el fondo, simplemente estábamos pidiendo que la Agencia cambiara en el BOE los nombres por las iniciales. Es ella quien puede hacerlo, no los buscadores», insisten ahora en Apoyo.

Sin embrago, la Agencia de Protección de Datos contestó mirando para otro lado.
El organismo oficial asegura en su escrito de respuesta a la Asociación Apoyo que la publicación de los datos personales en Internet necesita previo consentimiento de los titulares «salvo que los datos figuren en fuentes accesibles al público (como son los boletines oficiales)».

En su carta, la Agencia sostiene que, según el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999, el interesado puede oponerse a la publicación de sus datos en cualquier soporte siempre y cuando existan «motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal».

Así que la Agencia de Protección de Datos resuelve que cada indultado «deberá dirigirse personalmente a dicha entidad (...) acompañando copia de su DNI». Lógicamente, y aunque la Agencia no lo cita expresamente, «dicha entidad» es el servidor de Internet de turno.