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EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN DE LA POLICÍA DESTITUIDO BAJO LA ACUSACIÓN DE FACILITAR LOS DATOS DEL DNI DE 25.000 PERSONAS A UNA IMPORTANTE EMPRESA PRIVADA

Sucede que la semana pasada la Brigada de Asuntos Internos realizaba una operación en la Unidad de Documentación (DNI): es decir, ese desconocido edificio. Como resultado, casi una decena de agentes han sido sometidos a interrogatorios y, de momento, se ha destituido a su máximo responsable, un comisario, según han confirmado a M2 fuentes policiales.

¿Por qué? Los miembros de Asuntos Internos recibieron hace meses una denuncia anónima sobre un presunto mal uso de los datos personales de más de 25.000 titulares de DNI. El denunciante dijo que esos datos se estaban facilitando a una gran empresa, posiblemente para su uso comercial. Nada más goloso para una corporación que tener acceso a los datos de miles de personas.

Cada detalle necesario para hacer llegar todo tipo de estrategias comerciales. Y nadie mejor para conseguir esa información que quien precisamente tiene el cometido de protegerla.

Eso es, al menos, lo que indican los resultados de las pesquisas de Asuntos Internos. De hecho, los indicios ya han tenido consecuencias para el jefe de la unidad. Y puede que sólo sea el principio.

Después de varios meses tras la pista, hace algunos días que se realizó la operación en la Unidad de Documentación. Los agentes de Asuntos Internos irrumpieron en las oficinas de Canillas. Durante el registro intervinieron más de 500 hojas con los datos de los titulares de DNI. En ese listado se encontraban las señas privadas de 25.000 personas.

Asuntos Internos tomó declaración a casi una decena de agentes de la unidad, según ha podido saber este periódico. La primera medida que se ha tomado es la mencionada destitución del máximo responsable de la Unidad de Documentación del DNI: el comisario Santiago S. A.

La unidad en la que trabajaba está situada en el complejo policial de Canillas, en el distrito de Hortaleza. Es la central en la que están todos los datos del DNI; un edificio entre los muchos que hay dentro del complejo. Las oficinas de calle, a las que pueden ir los ciudadanos a sacarse el DNI o el pasaporte, dependen de ella.
El departamento del que era responsable Santiago S. A. depende directamente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

Al conocer el resultado del trabajo de Asuntos Internos, el comisario general de Extranjería decidió apartarlo del servicio como medida cautelar, según confirmaron fuentes policiales.

Durante la operación, los agentes de la brigada registraron el despacho del comisario. De allí se llevaron numerosos documentos que están siendo analizados estos días. Algunos miembros de su equipo han sido interrogados para saber adónde han ido a parar los datos de esas 25.000 personas.

Hasta la fecha, aunque se ha tomado declaración a muchos policías del departamento, no se han producido detenciones.

Al parecer, el comisario destituido tenía muy fácil acceso a la información que anhelaba la empresa, puesto que era el encargado de desarrollar el proyecto del DNI digital.
Para «mejorar el proyecto», mantuvo contactos con grandes empresas y compañías importantes. Las reuniones se convocaban para saber cómo gestionaban las compañías los datos digitales de sus clientes, y así incorporar sus ideas al plan del nuevo DNI.
Muchas de esas compañías utilizan tarjetas electrónicas para la identificación de sus clientes o trabajadores y, supuestamente, el comisario Santiago S. A. se interesó por las medidas de seguridad que aplican para evitar su falsificación.
Sin embargo, Asuntos Internos cree que estos encuentros no sólo perseguían la obtención de consejos o ideas para la tramitación del nuevo Documento Nacional de Identidad. Los agentes de la brigada sospechan que en el proceso se produjo un uso ilícito de la base de datos confidenciales, y acusan al comisario de presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación.

Por su parte, el comisario está «tranquilo y convencido de que no ha cometido ningún delito porque él sólo pidió asesoramiento para mejorar el difícil proyecto que se le había encargado», según explicaron a este periódico fuentes cercanas al ya ex responsable de la Unidad de Documentación.

A medida que avance la investigación de lo sucedido, se podrán aclarar las distintas incógnitas que plantea este caso. Entre ellas, queda aún averiguar si el comisario fue el único responsable del presunto delito de facilitar datos a la empresa.
Además, el resultado final de la investigación tiene que dar a conocer si en el intercambio de información medió algún pago en metálico o en especie para él o alguno de los otros policías que están bajo sospecha.

Otra de las interrogantes que surge al plantear este caso es el de las víctimas. ¿Quiénes eran? ¿Saben que sus datos quizá han ido a parar al listado de una empresa privada sin su consentimiento?

El traspaso de las filiaciones del DNI a una empresa privada vulnera la Ley de Protección de Datos. En esta ley se contempla que los datos personales sólo pueden ser transferidos a terceros con el consentimiento previo del interesado.
En el supuesto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como es este caso, los datos sólo pueden tratarse para realizar una investigación y están sujetos a la misma protección legislativa.

Sólo pueden ser utilizados sin consentimiento de los afectados «para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales».
Para proceder a una cesión de datos la ley obliga, además, a informar de ello a los afectados, «indicando la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario».

La Ley de Protección de Datos considera una infracción muy grave «la comunicación o cesión de los datos de carácter persona