¿QUIÉN ES PROPIETARIO DE LA HISTORIA CLÍNICA?

En principio debemos considerar que la historia clínica (HC) se debe a un fin fundamental como es facilitar la asistencia sanitaria del ciudadano. Todo ello significa, que incluso los supuestos derechos de propiedad intelectual sobre ella se entienden cedidos a favor del medio donde se ejerce la actividad. La razón no es otra que la finalidad de unidad de dirección para evitar contradicciones y ofrecer al paciente una información localizable, única y consolidada.

En su caso, si presta servicios en un centro sanitario, ya fuese público o privado, la historia sería a lo sumo y en un principio, propiedad intelectual de quien la confecciona, pero cediendo su obra al centro o institución para el que trabaja. Si un centro arrienda sus servicios, como parece ser el caso, entiendo que el hospital debería responder de su conservación y custodia.

Distinto es el supuesto de un facultativo que trabaja por cuenta propia, con una consulta privada o que utiliza determinadas instalaciones (quirófano) para realizar un acto médico concreto, donde la obligación de conservar y custodiar las mencionadas historias recae sobre él. De hecho y en su caso concreto, la posesión de las HC de los pacientes genera obligaciones de conservación que en la actualidad no están lo suficientemente reguladas, dando lugar entre otras a no pocas reclamaciones, derivadas de su inaccesibilidad o desaparición.

Si conserva las historias en su domicilio, la problemática alcanza a su conservación y al destino que se debe dar a las historias cuando deje de ejercer la profesión.  Entregar las HC al centro sanitario de referencia, al colegio de médicos correspondiente o a otro facultativo, son algunas de las posibles e incompletas soluciones que se ofrecen en la actualidad. Quizá la creación de un organismo que registrara su localización, como ocurre con el Registro de Últimas Voluntades, podría dar una respuesta positiva al caso.

La regulación relativa a la gestión y custodia de HC no es completa y al respecto existen numerosas lagunas jurídicas, si bien existe normativa como la que nos ofrece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente o  la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal, que puede orientar al respecto. En concreto, la Ley de Autonomía del paciente en su artículo 14.2 establece que cada centro archivará las historia clínicas de sus pacientes, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. En el artículo 17.1, relativo a la conservación de la HC, se dice que los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado en cada caso y como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Por su parte, en el apartado 5 del mencionado artículo se establece que los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen. En el caso que nos ocupa, creo que la custodia y conservación pertenece al centro donde realiza la función asistencial y no puede considerar como suyas las mencionadas historias clínicas.

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