LOS AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS SIGUEN SIN PROTEGER SUS DATOS

El pasado abril, la Agencia realizó un requerimiento de oficio a 155 ayuntamientos con una población superior a 2.500 habitantes que aún no habían notificado sus ficheros con datos de carácter personal para que lo hicieran en el Registro General de Protección de Datos (RGPD) antes del 1 de junio. Una exigencia de la que quedaban eximidos los municipios correspondientes a los ámbitos de competencia de las Agencias Autonómicas de Protección de Datos de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Según datos facilitados por la AEPD a LA GACETA, más de 80 de estos municipios no han atendido a este requerimiento y, por ello, la Agencia iniciará actuaciones previas a la apertura de procedimientos sancionadores por una presunta vulneración de la LOPD.

La Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a todos los organismos y entidades públicas y privadas a solicitar la inscripción de sus ficheros que contengan datos de carácter personal en el RGPD, con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer quién trata sus datos y ejercer los derechos de acceso, consulta, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales recogidos en ficheros.

No obstante, la LOPD establece que no solicitar la inscripción de los ficheros que contengan datos de carácter personal en el Registro General constituye una infracción de la ley de carácter leve. Las sanciones que se impondrían a empresas que cometieran infracciones de este tipo oscilarían entre los 600 y los 60.000 euros.

Sin embargo, al ser la Administración Pública quien ha cometido la infracción las sanciones son de otro tipo. El artículo 46 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece que el director de la Agencia de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.

Además, el director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.
El artículo 46 también dispone que el director comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte al respecto.


La exigencia de la Agencia, a finales de abril y con un plazo de cumplimiento de poco más de un mes, fue algo precipitada ya que la inscripción de ficheros puede llevar, al menos, 15 días. No obstante, las administraciones locales ya deberían haber cumplido con sus obligaciones desde la entrada en vigor de la ley en el año 2000.

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