EL COSTE DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS INQUIETA A LAS EMPRESAS

La psicosis por la protección de los datos personales preocupa a las empresas españolas. En concreto, el temor se centra en que el endurecimiento de la normativa, a través del nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, vaya a incurrir en un aumento de costes en los sistemas de seguridad, almacenamiento y gestión de esta información sensible. Y si aumenta el coste, sólo existen dos soluciones: se disminuye el margen de beneficio de las empresas o se aumenta el precio final.


Además, han saltado las alarmas ante el elevado número de procedimientos sancionadores y actuaciones de inspección llevados a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la luz de la actual ley. Según los últimos datos oficiales disponibles, entre 2003 y 2004 las inspecciones aumentaron un 67%, mientras que las sanciones a empresas privadas lo hicieron un 70%. Por este motivo, varias compañías nacionales e internacionales tienen previsto crear una plataforma para solicitar al Gobierno el cambio de esta norma. Entre los componentes de este grupo de empresas se encuentra el bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, cuyo presidente, califica la actual regulación como 'excesivamente garantista'.

ENTRADA EN VIGOR
En la actualidad, la ley está pendiente de la aprobación de un reglamento que desarrolle la norma. Sin embargo, se está haciendo esperar. Su entrada en vigor estaba prevista para principios de este año, sin embargo, aún no se ha producido y la fecha final es una incógnita. Antonio Troncoso, director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, se aventuró ayer a dar un plazo durante una jornada organizada por Recoletos Conferencias y Formación, bajo el título Nuevo Reglamento de la LOPD. Troncoso señaló que su aprobación será efectiva antes de final de año. Sin embargo, María José Blanco, subdirectora general del Registro de Protección de Datos de la AEPD, no quiso confirmar la fecha.

A su parecer, el nuevo desarrollo normativa 'garantizará la seguridad jurídica, unificará las distintas normativas y aclarará a los ciudadanos qué normas están en vigor y cuáles han sido derogadas'.
De momento, han circulado distintos borradores de la norma, dispares entre sí, lo que ha hecho que las empresas no puedan hacer una valoración exacta de los costes y reajustes que supondrá el reglamento.
Hasta ese momento, la incertidumbre persistirá.

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