LA GENERALITAT USA HISTORIAS CLÍNICAS PARA VIGILAR EL IDIOMA DE LOS MÉDICOS

El Código Penal (CP) y tres leyes abrazan la privacidad de los pacientes. El artículo 197 del CP, que trata de la «revelación de secretos», dice que quien para «vulnerar la intimidad del otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas (...) o cualesquiera otros documentos personales (...) será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años». El Código Penal impone las mismas penas a quien «utilice, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal (...)». Y en el punto 5 de ese artículo, el CP se refiere a datos que revelen, entre otras circunstancias, «la salud».

De las tres leyes que tocan directamente este asunto, la última es de noviembre de 2002 y se llama Ley Básica de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica.

La discusión podría acabar con la lectura del artículo 7: «Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley».

Un poco más adelante, el artículo 16 señala que el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia «obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos». Sólo con este párrafo, y suponiendo que la Generalitat hubiera podido pedir a los hospitales los historiales de los pacientes, la información clínica obtenida habría tenido que ser anónima, es decir, sin un rastro de los nombres de los enfermos. El Gobierno catalán aduce que el análisis documental ha afectado «exclusivamente a la lengua de los documentos y nunca al contenido», pero no confirma expresamente que en esos documentos no apareciera la identidad de los pacientes.

Esta norma, venida al mundo tras muchos dolores de parto en el Congreso y el Senado por la regulación del testamento vital, está inspirada en otras dos. La primera y más antigua es la Ley General de Sanidad, que firmó en 1986 el ministro que fuera asesinado años después por ETA Ernest Lluch. La segunda se llama Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y está en vigor desde 1999.


El punto 3 del artículo 10 de la ley Lluch señala taxativamente que el paciente «tiene derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia» en centros sanitarios públicos y privados. Y el siguiente punto es más claro aún: «[El paciente] Tiene derecho a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación. En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente».

La ley de Protección de Datos cuenta que «cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados por el interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca».También concreta que el «tratamiento» de esa información «requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa».

El artículo 7, que habla de los datos «especialmente protegidos», indica que los que hagan referencia a la salud «sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente».

El artículo 11, que se refiere genéricamente a la «comunicación de datos», es contundente: «Los datos de carácter personal sólo podrán ser comunicados a un tercero (...) con el consentimiento previo del interesado». Sin embargo, el propio artículo abre excepciones a ese permiso del propio enfermo.
Entre ellas, una escondida en la letra e del punto 2: «[No será preciso el consentimiento] Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos».

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Complutense, considera que ese apartado «no contradice la necesidad de autorización del paciente que la propia ley señala». «Además, el apartado siguiente, el f, se refiere a los datos relativos a la salud, por lo que no queda nada claro que esa excepción afecte a las historias clínicas», sostiene Gimbernat.

Javier Ribas, abogado experto en protección de datos, tiene más dudas: «La propia ley permite obtener datos si son disociados, es decir, si se puede separar el contenido de la identidad, en este caso del paciente. Si un dato no está asociado a una persona física no se considera dato personal, y para saber el idioma en que está escrita una historia clínica no necesitas todos los datos, sólo la escritura. Aun así, si los hospitales no guillotinaron los nombres, las historias no deberían haber salido».

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