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INVESTIGAN A LA COMPLUTENSE POR UN ENVÍO MASIVO DE 'SPAM'

Maldito el momento en que a Diego se le ocurrió votar, el año pasado, a favor de los matrimonios homosexuales en una encuesta on line de la Universidad Complutense de Madrid. Diego, que creía estar contribuyendo con su si a la culminación de una reivindicación histórica que adoptaba forma legal en esos días, le estaba pasando sin saberlo sus datos personales al enemigo: una asociación que milita en defensa de la familia tradicional.

El empresario Diego M. Béjar, uno de los 25 gays más influyentes de España, no se lo podía creer cuando en su correo electrónico personal comenzaron a aparecer decenas de spam (publicidad no deseada) en los que le anunciaban los nuevos avances para el tratamiento de los «afectados» por el síndrome de la «atracción no deseada por el mismo sexo», le animaban con insistencia a practicar la abstinencia y se vertían críticas contra los activistas homosexuales.

Cada vez que Diego encendía su ordenador, se encontraba con un mensaje en el que se le pedía encarecidamente que se uniera a la batalla en defensa del matrimonio (heterosexual) y se le recordaba que todavía podía cambiar de orientación. Todos ellos iban firmados por United Families International (UFI), una organización norteamericana antihomosexual y antiabortista que ha hecho campañas en varios lugares del mundo en contra de las bodas gays.

Diego no pudo más. Se sintió atacado. «Asqueado por el contenido e intenciones de estos correos homófobos, totalmente contrarios a mis normas éticas y morales, escribí indignado a la asociación», cuenta. Les recordó que el spam es una práctica ilegal y le pidió que le dijeran dónde habían obtenido su e-mail. La UFI le respondió, remitiéndole a una consulta española que se había celebrado en Internet poco antes de que se aprobara la ley de las bodas gays.

Esta consulta era el e-Referéndum sobre Matrimonio y Adopción, coordinado por el profesor de Derecho Constitucional de la Complutense Rafael Rubio, en el marco de un proyecto universitario de investigación. La UFI, que había ya organizado iniciativas de este tipo, le facilitó gratis al profesor la herramienta técnica para desarrollar la consulta.

Lo único que hizo Diego fue decir sí a la pregunta «¿Está de acuerdo en que se apruebe la ley que equipara matrimonio y uniones del mismo sexo a todos los efectos, incluida la adopción?», pero nunca autorizó el uso de su nombre, apellidos, dirección, DNI y la intención de su voto para otro fin que no fuera el referéndum. Diego, que es un profesional de las nuevas tecnologías, nunca da sus datos personales. «Me fié exclusivamente porque la iniciativa estaba avalada por la Complutense».

Como Diego, las más de 35.000 personas que también participaron en esta iniciativa podrían haber recibido envíos masivos de publicidad no deseada por Internet sin dar su consentimiento. Y, lo que es peor, los datos personales de todos los que votaron a favor de la igualdad de derechos para los homosexuales, en manos de una organización que está en contra de los mismos.

Diego ha denunciado los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos. El ente público que vela por el cumplimiento de la legalidad sobre protección de datos personales está investigando los hechos. Por ahora, ha llamado al profesor Rubio en dos ocasiones para que explique su versión. Éste niega haber cedido, vendido o prestado a la UFI la base de datos recabada en el referéndum.

«Yo no sabía que iban a hacer eso. La UFI se encargó de la gestión del software y en ningún momento les autoricé para que usaran los datos, que sólo se pidieron para garantizar que no hubiera votos falsos o duplicados», explica. «Confié en unas personas y me han timado. Me he puesto en contacto con ellos y les he instado a que borren toda la base de datos. Me han dicho que lo han hecho». La Complutense ha manifestado que va a «estudiar a fondo» el asunto.

Lo sorprendente del caso es que la UFI ha alardeado públicamente de haber «realizado un esfuerzo en España para hacer fracasar la legislación sobre matrimonio y adopción para personas del mismo sexo». «Cerca de 35.000 personas han participado en un referéndum on line y hemos reunido el correo electrónico y la dirección postal de todos ellos, reforzando la base de apoyo de los colectivos en defensa de la familia de ese país», reconocía en su Web.

También admitía que en Canadá llevaron a cabo una iniciativa similar, en la que habían «generado cerca de 150.000 votos con 55.000 nuevas personas a favor del matrimonio identificadas y añadidas a la base de