NEGATIVA DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO A ENTREGAR UN HISTORIAL CLÍNICO A UN AGENTE

La Audiencia Provincial, actuando como órgano unipersonal en la persona del Magistrado de la Sección Segunda, Nicolás Acosta González, estima el recurso de apelación interpuesto por el abogado de los servicios jurídicos del Servicio de Salud en nombre y representación de uno de sus empleados contra sentencia de 7 de diciembre de 2004 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Telde, revocando la misma y absuelve en su lugar al referido funcionario público de la falta de desobediencia que le imputaba el Ministerio Fiscal por no entregar un historial médico existente en el centro de salud.

Por un lado, nos encontramos ante una orden dada por un agente de la autoridad a un funcionario público para que le entregue cierta documentación y, por otro, la obligación de este funcionario público, como parte del personal del Centro de Salud, de denegar el acceso a la información contenida en el historial clínico de los paciente salvo en los casos legalmente procedentes, pues de lo contrario podría incurrir incluso en un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

La historia clínica, entendida como documento o conjunto de documentos que contienen la información de utilidad clínica relativa a un paciente, no es ni mucho menos un documento que deba considerarse como público; por el contrario, y como consecuencia directa del derecho fundamental que establece el artículo 18.1 del Código Penal a la intimidad personal, ya el art. 10.3 de la Ley General de Sanidad garantizaba el derecho del paciente a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema pública, y la Ley 41/2002 reconoce expresamente el derecho que tiene toda persona a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a los mismos sin previa autorización, debiendo precisamente los centros sanitarios ser quienes garanticen esa confidencialidad; una confidencialidad que no puede ceder mas que en aquellos casos en los que está debida y legalmente justificado y que no es el que nos ocupa y no lo es simplemente porque la aportación de tal documento no estaba directamente conectada con el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas las fuerzas de seguridad.

El centro de salud no podía ni debía entregar dicha documentación a los agentes de la autoridad porque estaban obligados a garantizar la confidencialidad que, en este caso, no tenía que ceder a las exigencias policiales dado que los hechos que daban origen a la información que se reclamaba nada tenía que ver, ni de lejos, con un delito, una falta o la seguridad pública de manera que, por tanto, sólo por resolución judicial debidamente motivada se podía limitar el derecho fundamental a la intimidad personal.
Y los funcionarios policiales, dado que no investigaban una infracción penal, art. 549.1 a, antiguo art. 445 1 .a, de la LOPJ, que no actuaban auxiliando a la autoridad judicial y fiscal ni garantizaban el cumplimiento de sus órdenes, no estaban amparados para reclamar unos datos cuyo conocimiento nada les aportaba en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, la orden, aunque ellos pensasen de buena fe lo contrario y que cumplían con su deber, no era legítima y el incumplimiento de la misma por el denunciado no es susceptible de originar responsabilidad penal alguna siendo, quizás, más conveniente establecer en el futuro protocolos de actuación y relación entre las fuerzas policiales y los servicios sanitarios para evitar situaciones como las que han dado lugar a estas diligencias.

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