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CIUDADANOS ESPIADOS POR LOS OJOS DE LAS CERRADURAS

Protección de Datos alerta del crecimiento de la videovigilancia privada. – Las imágenes acaban a veces ilegalmente en Internet -. Si entra usted en el hotel Les Dunes, en Benidorm, y quiere tomar algo en la cafetería, tenga cuidado: no sólo va a ser grabado sino que el mundo entero podrá ver, a través de Internet, qué se toma, con quién lo hace y si le quedan bien las bermudas que se compró en las rebajas. Fuente: El País (09/12/2007).

Si le contratan en la empresa Assist Card, en Madrid, y le asignan un asiento en un pupitre circular con sillas rojas y seis ordenadores, también deberá estar atento. Absolutamente todo lo que haga durante su jornada laboral -si fuma cuando se queda a solas, liga con sus compañeros, lee el ¡Hola! o la revista de los mormones, habla por teléfono más de la cuenta, juega al solitario, hace la quiniela o se levanta 15 veces en una tarde para ir al baño- lo podrá ver su madre desde el salón de su casa y también ese amigo que vive desde hace años en Sebastopol. Podrá comentar con ambos la foto de George Clooney pegada junto a su ordenador y preguntarles si ese día le ven buena o mala cara. Si todavía no tiene claro si quiere trabajar en esa empresa, esta misma tarde puede echar un vistazo cibernético y ver el aspecto de la concienzuda compañera de pelo castaño liso y melena que teclea sin parar junto a unas columnas blancas. Camera café en vivo y en directo.

La mayoría de los locales comerciales no informan de que están filmando
En la página 'Web' Opentopia se ven decenas de 'webcams' españolas
La Ley de Protección de Datos prohíbe la cesión de las imágenes a terceros
Tiendas, bares o piscinas emiten sin que las personas grabadas lo sepan
Las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros en algunos casos
Una empresa de Madrid es, sin saberlo, un auténtico 'Camera café'
Las cámaras deben estar a cargo de una empresa de seguridad privada
En el ámbito laboral rige el Estatuto de los Trabajadores
Los empleados deben saber dónde se les está grabando y con qué fin.

Todo aparece en Opentopia (www.opentopia.com), una página de Internet que capta y cuelga webcams de todo el mundo. El viernes había 29 procedentes de España. Aparte de las dos citadas, se podía ver también, en tiempo real, quién estaba paseando por la plaza del Pilar en Zaragoza, la tortilla de patatas que comía con ganas una pareja de jubilados en el restaurante Cabanas, en Los Cristianos (Tenerife), quién se bañaba en la piscina del hotel Perla, en la misma isla, y a las surferas en biquini que paseaban por delante de la Azul Kiteboarding Shop en la playa de El Médano, también en Tenerife.
La circulación de todas estas imágenes es ilegal según la Ley de Protección de Datos, porque la imagen es un dato de carácter personal que no se puede ceder a terceros sin su consentimiento. La sanción puede ser de hasta 600.000 euros. Pero el problema no es sólo de Opentopia, sino, sobre todo, de quien no está custodiando de forma correcta sus grabaciones. La gerente de Assist Card en Madrid indica que no sabe cómo ni por qué sus empleados aparecen en Opentopia -también salen las webcams de otras sucursales de la empresa en otros países- y asegura que se va a abrir una investigación.
En algunos casos las personas o empresas tendrán derecho a filmar; en otros, no. Pero, desde luego, no pueden permitir su distribución universal. Quizá no era su propósito aparecer en Opentopia, pero la página sólo capta imágenes que ya estaban en la Red, así que la pregunta es: ¿cómo es posible que acaben allí las grabaciones de una empresa, un restaurante o una universidad? ¿Dónde están los controles, internos y externos? ¿Informan en el restaurante Cabanas a los clientes de que el mundo entero puede ver cómo se toman cinco gin-tonics? La respuesta es no. El encargado indica que las cámaras están a la vista, y que algunos clientes preguntan, pero no hay ningún cartel avisando de que todos sus movimientos pueden ser vistos a tiempo real por Internet. En el caso de la piscina del hotel Perla, en Tenerife, un empleado asegura que los bañistas saben que se les está grabando. Pero, ¿hay carteles indicando que las imágenes no son sólo de uso interno? No.
El sábado ya no estaban en Opentopia ni la webcam del hotel Perla ni la del restaurante Cabanas. Desaparecieron justo un día después de que este periódico se pusiera en contacto con ellos. Y lo mismo ocurrió con la del hotel Les Dunes (Benidorm).
El ojo que todo lo ve no está sólo promovido por los poderes públicos. Colegios e institutos, taxis, urbanizaciones, hoteles, piscinas, aparcamientos, garajes privados, supermercados, bancos, el metro, el tren, el autobús, la empresa en la que trabaja... cada vez son más los lugares en los que su imagen queda grabada. Para prevenir el acoso escolar, para controlar que nadie le raye el coche, para ver quién entra en su urbanización... los motivos para vigilar son inagotables. Como el rastro de información personal que deja el vigilado. Y con Internet, todo puede acabar después en cualquier ordenador. Lo que fue grabado con fines de seguridad sirve, finalmente, para satisfacer la curiosidad y el gusto por ver lo que hace el vecino a través del ojo de la cerradura.
El director de la Agencia de Protección de Datos española, Artemi Rallo, habló la semana pasada en el Congreso de la existencia de un "desarrollo imparable" de la videovigilancia privada. Los sistemas instalados y comunicados a la Agencia han pasado de 10 en 2003 a 3.500 en 2007. Algunos de ellos, como el del metro de Madrid, suponen más de 3.000 cámaras instaladas. Y hay muchos más sistemas de los que se notifican a las autoridades. En cualquier gran avenida del centro de una ciudad se pueden contar por centenares. Todo parece indicar, en palabras de Rallo, "que somos los propios ciudadanos los que estamos dispuestos a convertirnos en nuestro propio Gran Hermano". No hacen falta grandes discursos de las autoridades sobre seguridad y terrorismo para convencer a la población de la utilidad de las cámaras en las calles. Al parecer, los ciudadanos ya hemos decidido, y queremos grabarlo todo.
No hay ley que regule la videovigilancia privada, lo que no significa de que no haya límites ni orden en esta materia. Se aplican la Ley de Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen, la Ley de Protección de Datos, la Ley de Seguridad Privada y, sobre todo, una instrucción de diciembre de 2006 de la Agencia de Protección de Datos específica sobre el tema. Con esta normativa en la mano, ¿quién y cómo puede tomar estas imágenes? ¿Para qué? ¿Cómo debe usarlas? ¿Por cuánto tiempo puede guardarlas? ¿Puede cederlas? Algunas de estas cuestiones están claras. Otras, se van configurando con cada caso concreto.
Cuando las cámaras captan imágenes pero no las guardan, las cuestiones que suscitan son menores, aunque en todo caso la persona tiene derecho a saber que le están grabando. El problema surge cuando quedan almacenadas, porque constituyen ficheros de datos de carácter personal que, de forma obligatoria, deben notificarse a Protección de Datos.
Las cámaras pueden instalarse sólo cuando la vigilancia "no se pueda obtener por medios menos intrusivos para la intimidad de las personas". Este primer requisito es poco restrictivo, ya que casi en cualquier situación se puede argumentar que la mejor forma de control es a través de la videovigilancia.
En segundo lugar, debe haber un distintivo, suficientemente visible, que informe a los ciudadanos de modo "expreso, preciso e inequívoco", según la normativa, de que van a ser grabados. El cartel tiene que indicar también quién es el responsable de la grabación y cuáles son los derechos de los observados. Esta norma se incumple de forma sistemática. En el centro de Madrid la mayoría de las tiendas tienen cámaras y apenas ninguna avisa de que se está grabando a los clientes. Hay alguna que aunque tiene el distintivo, lo ha puesto -y pequeño- junto a las cajas, en el fondo del local. Y son muy escasos los carteles que indican quién es el responsable del fichero y los derechos que asisten a los ciudadanos.
Tercer requisito. En ningún caso se puede grabar el espacio público. Es decir, si un banco controla un cajero automático o una comunidad de vecinos la entrada de su urbanización, tendrán que conseguir, aunque sea tapando parte de la cámara,

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS INICIA UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN CONTRA GOBERNACIÓN

La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento de Declaración de Infracción contra la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en virtud de una denuncia presentada por la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, quien detectó "irregularidades" en el Decreto 92/05 de Identificación y Registro de Animales de Compañía puesto en marcha por la Junta en 2005, "por no tener éste establecidas medidas de seguridad para proteger los datos de los ciudadanos". Fuente: Europa Press (25-12-2007).
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Asanda, Luis Gilpérez, explicó que el hecho de que se inicie esta declaración supone que la Agencia Española de Protección de Datos "tiene indicios de que las irregularidades cometidas por la Consejería de Gobernación son ciertas". Si bien, indicó que Asanda avisó al departamento del ramo sobre esta cuestión cuando el decreto estaba en fase de información pública, "pero no fue escuchado".
El escrito presentado por Asanda, al que tuvo acceso Europa Press, señala que este decreto, donde se establece la creación de 768 Registros Municipales y uno Central de Animales de Compañía, todos ellos conteniendo datos de carácter personal de ciudadanos andaluces y que obliga a los adquirientes de animales a su inscripción antes de un mes a partir del 29 de abril de 2005, "no parece que se haya atenido a las condiciones establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, pues no hay, por ejemplo, establecidas medidas de seguridad ni indicación de su nivel".
Advierte de que la realización de tratamientos se lleva, de forma generalizada, por cuenta de terceros --el Consejo de Colegios Veterinarios de Andalucía--, "y ello incluso cuando no hay regulación de contrato ni siquiera existencia efectiva de la mayor parte de los Registros Municipales, por lo que los datos, solicitados para un fichero público son incorporados, sin embargo, a un fichero privado".
La asociación denuncia que, a pesar de que en el Decreto de creación de los ficheros de referencia se especifica que en ningún caso se facilitarán los datos contenidos en los diferentes Registros para la realización de campañas promocionales, comerciales o análogas en la Identificación, que es el impreso de recogida de datos, se obliga a los interesados a prestar su consentimiento a recibir información que pueda ser de su interés.
Asanda expone que este procedimiento se realiza "sin que haya forma de conocer quién y en qué condiciones decide el que una u otra información pueda ser del interés de los afectados". Por todo ello, la asociación solicita a la Agencia Española de Protección de Datos, que "previas las diligencias que estime oportunas, inicie procedimiento para requerir a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que adopte las medidas correctoras pertinentes para adecuar la actuación señalada a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999".

RALLO CREE 'INMINENTE' LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, expresó en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados su 'satisfacción' por el hecho de que el proyecto de Reglamento de la Ley de Protección de Datos 'haya superado el trámite del dictamen del Consejo de Estado' y, por tanto, 'resulte inminente su aprobación por el Consejo de Ministros'. Según las estimaciones de Rallo, el Gobierno procederá a su aprobación antes de que finalice el año, algo que desde el Partido Popular consideran poco probable. Fuente: Expansión (04-12-2007).

En su intervención Rallo manifestó que el proyecto de reglamento de la Ley de Protección de Datos (LOPD) 'consolida los precedentes de la Agencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, objetivándolos y garantizando mayor seguridad jurídica'. Asimismo, señaló que 'establece medidas de seguridad para los ficheros no automatizados en papel ; da respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo para la incorporación de garantías adicionales a los ficheros de morosidad; y, por último, establece específicas reglas dirigidas a la protección de los menores en el tratamiento de sus datos'.

Exclusiones
Desde el Partido Popular se pidió al director de la Agencia explicación respecto a distintas cuestiones relacionadas con el reglamento tales como que profundizara más en la delimitación del objeto de la LOPD para que resultara más clara para el destinatario, dado que su incumplimiento tiene graves consecuencias económicas.
Rallo, por su parte, prefirió no contestar a las interpelaciones de la diputada popular Carmen Matador debido a su dificultad técnica, emplazándola a una reunión posterior. Sin embargo, matizó que ninguna de las cuestiones planteadas por Matador ha tenido eco en el dictamen del Consejo de Estado como iniciativas que merecieran revisión en el proyecto de Reglamento.
Respecto al ámbito de aplicación de la LOPD, Alfonso Pacheco, fundador del despacho Forum Gabinete Jurídico y Nuevas Tecnologías, explica que el proyecto de reglamento viene a recoger que el mismo no será de aplicación a las personas fallecidas, pero 'no recoge otras exclusiones que sí ha ido admitiendo la propia Agencia de Protección de Datos en distintas resoluciones dictadas por dicho órgano'.
Para Pacheco dichas exclusiones 'son amplias e importantes' por lo que se debería 'profundizar en las mismas e incluirlas en la redacción del reglamento' al objeto de dar más 'seguridad a los responsables de ficheros'.
Asimismo, Pacheco señala que la implantación de determinadas medidas de seguridad que se imponen en el proyecto de reglamento (art. 101) resultan 'costosas y complicadas', especialmente, para el empresario individual, profesional liberal o para las pymes, por lo que aboga por 'subsanar esta desproporción', algo que también fue reclamado por el grupo parlamentario Popular al director de la Agencia de Protección de Datos durante su comparecencia en el Congreso.

Gestión de despachos
A la espera de la aprobación definitiva del reglamento, los abogados, como sujetos obligados por la normativa, se preparan para adecuar la gestión de sus despachos a sus requerimientos. Así se reflejó, el pasado viernes, en el transcurso de una jornada de formación, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid, cuya principal conclusión, según su coordinador, Pablo Linde, es que 'una llevanza ordenada del despacho desemboca en un fácil cumplimiento de la LOPD y de su futuro reglamento'.
Los letrados se mostraron preocupados por si las medidas de seguridad que el reglamento introduce para los ficheros en papel les obligarán a modificar las estructuras de sus despachos. Al respecto, Agustín Puente, abogado del Estado de la Agencia de Protección de Datos, les tranquilizó al indicar, en primer lugar, que el proyecto da un plazo de un año para su implantación y, segundo, que dichas medidas consisten, básicamente, en guardarlos bajo llave. Asimismo, Puente indicó que el reglamento señala que, en caso de no poder tomar estas medidas de seguridad, el despacho deberá informar de qué ha hecho para garantizar la seguridad de los ficheros.
Según la Agencia, el futuro desarrollo de la ley 'incrementará la seguridad jurídica en este ámbito'.

ARTEMI RALLO, DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: «HAY QUE PENSÁRSELO DOS VECES ANTES DE ABRIR CIERTAS WEBS»

Las pisadas sobre el asfalto no producen huella. Quiza por ello ya nadie se preocupa por borrar sus pasos y la imagen del rastreador, rodilla en tierra, ha quedado para las viejas peliculas. Sin embargo, hoy es mas facil que nunca saber donde esta una persona y hasta la mas banal de las actividades queda registrada. Ademas, gracias a las nuevas tecnologias casi cualquiera puede acceder a esa informacion y utilizarla. Fuente: Ideal (28-10-2007).

«Nadie quiere renunciar a su intimidad, pero la Red banaliza y debilita esa regla. Cuando se accede a un buscador pocos son lo que tienen la precaucion de leer la clausula de privacidad. A todo el mundo le da igual y la desecha por comodidad», explica el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo. «Si un ciudadano supiese que Google guarda los datos concretos de una búsqueda durante 18 meses, cada vez que decidiera abrir algunas páginas se lo pensaría dos veces», comenta.
-Se compara el ciberespacio con el lejano Oeste. ¿No tiene la sensación de ser el 'sheriff' de un territorio tan amplio en el que los delincuentes siempre llevan ventaja?
-La Agencia tiene un mandato extraordinariamente abierto, casi universal: velar por la normativa, imponer sanciones, llevar un registro con todos los ficheros existentes en España. Y esta misión tan general no permite visualizar cuál es nuestra tarea. Los ciudadanos tiene que saber que afortunadamente no es tan difícil dar con los infractores; no es fácil y a veces es imposible, es cierto, pero en 2006 hemos impuesto más de 24 millones de euros en sanciones. Se iniciaron 1.300, investigaciones, de las que en 300 se probó el delito.
-¿Cuáles son los principales?
-La mitad se deben a la inclusión indebida en los ficheros de morosos y a la obtención de datos personales de forma ilegítima en prácticas de contratación fraudulenta. A cierta distancia, la publicidad y el 'spam' (correo basura), y de manera más reciente la videovigilancia.
-Imágenes robadas en YouTube, insultos varios en 'blogs', personas con problemas para apostatar. han aparecido recientemente en los medios.
-El surtido es inmenso y es difícil hacer una casuística. Son muchos los supuestos relativos al acceso, rectificación y cancelación de datos. Cuando una persona quiere conocer qué datos suyos aparecen en un determinado fichero o modificarlos y el responsable no lo hace, el ciudadano tiene derecho a dirigirse a la Agencia para que esta ordene su rectificación.
-¿Y la advertencia funciona?
-La Agencia no advierte. Si hay unos hechos que vulneran la normativa y podemos demostrarlo, habrá sanción. Otra cosa son los planes sectoriales de inspección de oficio que solemos iniciar cuando detectamos que podría surgir un problema. Entonces sí se formulan recomendaciones y todos las atienden bastante bien.
-¿Tanto le molesta al español que le llamen moroso cómo para ser una de las principales denuncias?
-El problema con las listas de morosos en este país es que si apareces en ellas te pueden denegar una hipoteca. Por eso hay que evitar los errores, cuando se incluye a personas sin serlo. A veces, un fallo como escribir la letra del DNI al principio en vez de al final puede ser fatal. Los nacionales tenemos la letra después del número y los extranjeros al revés. Parece una tontería, pero la consecuencia es que la persona inscrita no es el deudor y se le produce un gran prejuicio.

Videovigilancia
-Algunos críticos alertan de que los avances tecnológicos posibilitarían métodos de control de la población que están inspirados en la desaparecida Alemania del Este, donde las máquinas sustituirían a los chivatos.
-Las posibilidades tecnológicas son infinitas y es un territorio, para ser sinceros, inexplorado. Es evidente que las sociedades contemporáneas son muy conscientes y celosas de hasta dónde han llegado en su lucha por construir una sociedad de derechos y respetuosa con la dignidad de las personas, como para renunciar a todo ello y no construir una respuesta desde el derecho a todas esas realidades y que haga prevalecer los derechos frente a la necesidad, que no se debe despreciar, de seguridad pública.
-¿Habrá una cámara en cada esquina?
-Una cámara no puede estar grabando en la calle, salvo que la instalen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y siempre con la autorización de una comisión integrada por jueces. Cualquier otra práctica está en el marco de la seguridad privada: una cámara enfocada al interior de un local, en el tren, en el garaje. Frente a esa cámaras, el ciudadano tiene derecho a que sólo las instale una empresa acreditada ante el Ministerio del Interior, a que se advierta con un distintivo de su presencia, a que se destruya en un mes lo grabado y que los ficheros estén inscritos en la Agencia.
-Pero al final pocos exigen sus derechos.
-En la práctica se banaliza el riesgo, hay una inconsciencia, por ignorancia en gran medida y por comodidad. Creemos que da igual hasta que se constata que hay un peligro. Cuando uno empieza a ver cómo se vuelcan vídeos en Internet con cualquier tipo de contenido. No tengo duda de que si un ciudadano supiese que los datos concretos de una búsqueda en Google se conservan durante 18 meses, cada vez que abriese ciertas páginas se lo pensaría dos veces. Alguien, en algún lugar, conservará esa información
-¿Se refiere a páginas pornográficas?
-Por ejemplo. Pero puede pasar igual con una página sobre bebidas alcohólicas para una persona que no quiere que se sepa que es aficionado al licor.
-Sería peor que le vieran salir de un bar
-O de otros locales. Con la recién aprobada Ley de Retención de los Datos de Comunicaciones Electrónicas, las operadoras telefónicas fijas y móviles están obligadas a guardar el registro de llamadas y mensajes. Está pensado por razones de seguridad y de investigación criminal para delitos muy serios, pero al final todo ciudadano que utiliza un móvil es perfectamente delimitado geográficamente a lo largo de un año. Haya ido donde haya ido y haya entrado donde haya entrado, a lo largo de un año es localizable. Es extraordinariamente relevante y muchas personas, si supieran esto,no entrarían por ciertas puertas.
-Sin embargo, ¿parece que lo que más preocupa son los 'spam'?

-Eso se debe a que el mundo del 'spam' está generando problemas terribles para los usuarios y especialmente para las empresas. Afecta a la privacidad, pero tiene otra vertiente que tiene más que ver con el desarrollo económico de las compañías. Son muchas las horas que se consumen destruyendo el correo basura. Legalmente, tampoco es fácil de encarar: muchos no tienen su origen dentro del Estado y la cooperación internacional no está aún preparada.

PROTECCIÓN DE DATOS RECAUDÓ EN 2006 TRES MILLONES DE EUROS MÁS EN MULTAS

Como todos los años, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto las puertas de su deslumbrante sede de la calle Jorge Juan, en Madrid, para presentar los datos pormenorizados de la Memoria 2006. De entrada, el primer dato llamativo es el notable incremento de los ingresos percibidos por la Agencia en concepto de multas. Fuente La Gaceta (24-09-2007).

Así, en 2006 las empresas sancionadas por el ente público se vieron obligadas a pagar a la institución tres millones de euros más que en 2005 alcanzando la cifra récord de 24,4 millones de euros, frente a los 21 millones de 2005. Una carga sancionadora que de nuevo recayó sobre los hombros de los tres sectores que repiten en la lista de los más castigados por la Agencia: telecomunicaciones, entidades financieras y publicidad, responsables por sí solos de 172 de las 305 sanciones impuestas en 2006.

El sector público
Las Administraciones Públicas tampoco parecen haber hecho bien sus deberes a lo largo de 2006 en materia de protección de datos. Las cifras que aparecen en la memoria revelan un incremento significativo de las infracciones del sector público que, sin embargo, no soporta multas económicas. La Ley Orgánica de Protección de Datos establece una sanción que implica la declaración de dicha infracción y el establecimiento de las medidas correctoras oportunas, la iniciación de actuaciones disciplinarias, cuando proceda, y la comunicación de la resolución de la AEPD al Defensor del Pueblo. Las cifras no dejan lugar a dudas: en 2006 se llevaron a cabo 106 procedimientos de declaración de infracción a las Administraciones Públicas, frente a los 52 de 2005.
Pero no hay que asustarse, según la AEPD la Administración tiene excusa, ya que el año pasado se inició un requerimiento de oficio a aquellos ayuntamientos con una población comprendida entre 2.500 y 5.000 habitantes con el fin de que notificaran sus ficheros con datos de carácter personal al Registro de Protección de Datos. Dicho requerimiento fue dirigido a un total de 155 ayuntamientos que aún no habían cumplido con lo establecido en la ley. La mitad de los consistorios ignoró las exigencias de la Agencia, y en consecuencia 81 de ellos fueron sancionados.
El gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos emitió un total de 76 informes en relación con proyectos de disposiciones generales con incidencia en materia de protección de datos.
En este sentido cabe destacar los informes preceptivos emitidos en relación con disposiciones como el Anteproyecto de Ley de Conservación de Datos de Tráfico de las Telecomunicaciones, el Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica, el Anteproyecto de Ley de bases de datos policiales sobre identificadores de ADN, o el Anteproyecto de Ley de Investigación Biomédica.

Asuntos pendientes
No obstante, el asunto pendiente más importante que tiene aún la Agencia entre manos es la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente.
El borrador de dicho reglamento, elaborado bajo la supervisión del anterior director de la Agencia, José Luís Piñar (cuyo mandato culminó a principios de año), está en manos del Ministerio de Justicia y pendiente de pasar el visto bueno del Consejo de Estado. Según declaró a LA GACETA el actual director de la AEPD, Artemi Rallo, tras la presentación de la Memoria 2006, el texto podría pasar por Consejo de Ministros de forma "inminente", probablemente en las próximas semanas.