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LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS INICIA UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN CONTRA GOBERNACIÓN

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Asanda, Luis Gilpérez, explicó que el hecho de que se inicie esta declaración supone que la Agencia Española de Protección de Datos "tiene indicios de que las irregularidades cometidas por la Consejería de Gobernación son ciertas". Si bien, indicó que Asanda avisó al departamento del ramo sobre esta cuestión cuando el decreto estaba en fase de información pública, "pero no fue escuchado".
El escrito presentado por Asanda, al que tuvo acceso Europa Press, señala que este decreto, donde se establece la creación de 768 Registros Municipales y uno Central de Animales de Compañía, todos ellos conteniendo datos de carácter personal de ciudadanos andaluces y que obliga a los adquirientes de animales a su inscripción antes de un mes a partir del 29 de abril de 2005, "no parece que se haya atenido a las condiciones establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, pues no hay, por ejemplo, establecidas medidas de seguridad ni indicación de su nivel".
Advierte de que la realización de tratamientos se lleva, de forma generalizada, por cuenta de terceros --el Consejo de Colegios Veterinarios de Andalucía--, "y ello incluso cuando no hay regulación de contrato ni siquiera existencia efectiva de la mayor parte de los Registros Municipales, por lo que los datos, solicitados para un fichero público son incorporados, sin embargo, a un fichero privado".
La asociación denuncia que, a pesar de que en el Decreto de creación de los ficheros de referencia se especifica que en ningún caso se facilitarán los datos contenidos en los diferentes Registros para la realización de campañas promocionales, comerciales o análogas en la Identificación, que es el impreso de recogida de datos, se obliga a los interesados a prestar su consentimiento a recibir información que pueda ser de su interés.
Asanda expone que este procedimiento se realiza "sin que haya forma de conocer quién y en qué condiciones decide el que una u otra información pueda ser del interés de los afectados". Por todo ello, la asociación solicita a la Agencia Española de Protección de Datos, que "previas las diligencias que estime oportunas, inicie procedimiento para requerir a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que adopte las medidas correctoras pertinentes para adecuar la actuación señalada a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999".