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LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS INVESTIGA EL CENSO SIN PERMISO DE PRESOS

La inclusión en el censo de Outeiro de Rei de presos y ancianos de un geriátrico sin su consentimiento será investigado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por si se hubiese vulnerado la Ley de Protección de Datos.
La Agencia abre una investigación después de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se hubiese puesto en contacto con este organismo para transmitirle su "preocupación" por el caso.
La Agencia, dirigida por Artemi Rallo, quiere averiguar si los reclusos y ancianos fueron incluidos en el padrón sin tener ellos conocimiento, si el municipio lucense se extralimitó en sus competencias para la inscripción de oficio en el censo, y si, por lo tanto, ha podido existir una vulneración de la Ley de Protección de Datos.
La fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo también investiga la polémica que saltó la pasada semana. Entonces el alcalde popular José Pardo Lombao explicó que había procedido a inscribir en el censo a reclusos de la cárcel de Bonxe y residentes del centro geriátrico Carlos IV porque el ayuntamiento les prestaba servicios sociales y tenía derecho a recibir más fondos del Estado con su inclusión en el padrón.
Los presos y ancianos denunciaron lo sucedido, al enterarse de que estaban censados en Outeiro de Rei, y no en sus municipios de origen, cuando, por ejemplo, fueron a comprobar sus datos para votar en las elecciones municipales de mayo. La ley exige al municipio que informe al censado de oficio, y que éste dar su permiso.