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ALCANCE DE LAS INSTRUCCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, SEGÚN EL SUPREMO

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, relativa a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y crédito, dictada por el director de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) fue objeto de recurso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante el Supremo alegando la ilegalidad de la dictada Instrucción, recurso que fue desestimado en ante ambos tribunales.
En el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, exponía la parte recurrente que la Instrucción había traspasado los limites de la habilitación conferida por la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Personal, poniendo en tela de juicio la naturaleza de la Instrucción y alegando cuatro motivos de casación. El primero de ellos estaba fundado en la genérica afirmación de que la Ley no habilita a la Agencia para la asuncion de competencias reglamentarias de las que carece, traspasando los limites de la habilitación legal, introduciendo exigencias u obligaciones nuevas. Sin embargo, el recurrente no señalo cuales son estas, remitiéndose a la sentencia recurrida y a lo invocado en la instancia, lo que impidió que el motivo de casación prosperase, al dar respuesta la Sala de instancia a tales alegaciones, concluyendo que la Agencia no se había excedido en sus funciones.
El segundo motivo de casación hacia referencia a la infracción del principio de jerarquía, lo que también fue desestimado por el Alto Tribunal. En este sentido, el Supremo considera que el contenido de la Instrucción no excede de la regulación de la ley y se ajusta a los limites de la potestad conferida a la Agencia de Protección de Datos, que 'no puede identificarse con la potestad reglamentaria que el articulo 97 de la Constitución Española atribuye al Gobierno', y a la que alude la parte recurrente.
Por ultimo, como tercer y cuarto motivo de casación, la demandante defendía que la interpretación de la Sala de instancia sobre el carácter no reglamentario de la Instrucción era contraria a la doctrina del Supremo, así como la condición de disposición de carácter general de la Instrucción y la infracción del procedimiento de elaboración de tales disposiciones, motivos que también fueron desestimados.
La AEPD no tiene conferida la potestad reglamentaria, sino que corresponde al Gobierno