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ARTEMI RALLO, DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: «HAY QUE PENSÁRSELO DOS VECES ANTES DE ABRIR CIERTAS WEBS»

«Nadie quiere renunciar a su intimidad, pero la Red banaliza y debilita esa regla. Cuando se accede a un buscador pocos son lo que tienen la precaucion de leer la clausula de privacidad. A todo el mundo le da igual y la desecha por comodidad», explica el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo. «Si un ciudadano supiese que Google guarda los datos concretos de una búsqueda durante 18 meses, cada vez que decidiera abrir algunas páginas se lo pensaría dos veces», comenta.
-Se compara el ciberespacio con el lejano Oeste. ¿No tiene la sensación de ser el 'sheriff' de un territorio tan amplio en el que los delincuentes siempre llevan ventaja?
-La Agencia tiene un mandato extraordinariamente abierto, casi universal: velar por la normativa, imponer sanciones, llevar un registro con todos los ficheros existentes en España. Y esta misión tan general no permite visualizar cuál es nuestra tarea. Los ciudadanos tiene que saber que afortunadamente no es tan difícil dar con los infractores; no es fácil y a veces es imposible, es cierto, pero en 2006 hemos impuesto más de 24 millones de euros en sanciones. Se iniciaron 1.300, investigaciones, de las que en 300 se probó el delito.
-¿Cuáles son los principales?
-La mitad se deben a la inclusión indebida en los ficheros de morosos y a la obtención de datos personales de forma ilegítima en prácticas de contratación fraudulenta. A cierta distancia, la publicidad y el 'spam' (correo basura), y de manera más reciente la videovigilancia.
-Imágenes robadas en YouTube, insultos varios en 'blogs', personas con problemas para apostatar. han aparecido recientemente en los medios.
-El surtido es inmenso y es difícil hacer una casuística. Son muchos los supuestos relativos al acceso, rectificación y cancelación de datos. Cuando una persona quiere conocer qué datos suyos aparecen en un determinado fichero o modificarlos y el responsable no lo hace, el ciudadano tiene derecho a dirigirse a la Agencia para que esta ordene su rectificación.
-¿Y la advertencia funciona?
-La Agencia no advierte. Si hay unos hechos que vulneran la normativa y podemos demostrarlo, habrá sanción. Otra cosa son los planes sectoriales de inspección de oficio que solemos iniciar cuando detectamos que podría surgir un problema. Entonces sí se formulan recomendaciones y todos las atienden bastante bien.
-¿Tanto le molesta al español que le llamen moroso cómo para ser una de las principales denuncias?
-El problema con las listas de morosos en este país es que si apareces en ellas te pueden denegar una hipoteca. Por eso hay que evitar los errores, cuando se incluye a personas sin serlo. A veces, un fallo como escribir la letra del DNI al principio en vez de al final puede ser fatal. Los nacionales tenemos la letra después del número y los extranjeros al revés. Parece una tontería, pero la consecuencia es que la persona inscrita no es el deudor y se le produce un gran prejuicio.

Videovigilancia
-Algunos críticos alertan de que los avances tecnológicos posibilitarían métodos de control de la población que están inspirados en la desaparecida Alemania del Este, donde las máquinas sustituirían a los chivatos.
-Las posibilidades tecnológicas son infinitas y es un territorio, para ser sinceros, inexplorado. Es evidente que las sociedades contemporáneas son muy conscientes y celosas de hasta dónde han llegado en su lucha por construir una sociedad de derechos y respetuosa con la dignidad de las personas, como para renunciar a todo ello y no construir una respuesta desde el derecho a todas esas realidades y que haga prevalecer los derechos frente a la necesidad, que no se debe despreciar, de seguridad pública.
-¿Habrá una cámara en cada esquina?
-Una cámara no puede estar grabando en la calle, salvo que la instalen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y siempre con la autorización de una comisión integrada por jueces. Cualquier otra práctica está en el marco de la seguridad privada: una cámara enfocada al interior de un local, en el tren, en el garaje. Frente a esa cámaras, el ciudadano tiene derecho a que sólo las instale una empresa acreditada ante el Ministerio del Interior, a que se advierta con un distintivo de su presencia, a que se destruya en un mes lo grabado y que los ficheros estén inscritos en la Agencia.
-Pero al final pocos exigen sus derechos.
-En la práctica se banaliza el riesgo, hay una inconsciencia, por ignorancia en gran medida y por comodidad. Creemos que da igual hasta que se constata que hay un peligro. Cuando uno empieza a ver cómo se vuelcan vídeos en Internet con cualquier tipo de contenido. No tengo duda de que si un ciudadano supiese que los datos concretos de una búsqueda en Google se conservan durante 18 meses, cada vez que abriese ciertas páginas se lo pensaría dos veces. Alguien, en algún lugar, conservará esa información
-¿Se refiere a páginas pornográficas?
-Por ejemplo. Pero puede pasar igual con una página sobre bebidas alcohólicas para una persona que no quiere que se sepa que es aficionado al licor.
-Sería peor que le vieran salir de un bar
-O de otros locales. Con la recién aprobada Ley de Retención de los Datos de Comunicaciones Electrónicas, las operadoras telefónicas fijas y móviles están obligadas a guardar el registro de llamadas y mensajes. Está pensado por razones de seguridad y de investigación criminal para delitos muy serios, pero al final todo ciudadano que utiliza un móvil es perfectamente delimitado geográficamente a lo largo de un año. Haya ido donde haya ido y haya entrado donde haya entrado, a lo largo de un año es localizable. Es extraordinariamente relevante y muchas personas, si supieran esto,no entrarían por ciertas puertas.
-Sin embargo, ¿parece que lo que más preocupa son los 'spam'?

-Eso se debe a que el mundo del 'spam' está generando problemas terribles para los usuarios y especialmente para las empresas. Afecta a la privacidad, pero tiene otra vertiente que tiene más que ver con el desarrollo económico de las compañías. Son muchas las horas que se consumen destruyendo el correo basura. Legalmente, tampoco es fácil de encarar: muchos no tienen su origen dentro del Estado y la cooperación internacional no está aún preparada.