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PROTECCIÓN DE DATOS NO QUIERE CÁMARAS EN LA CALLE MONTERA

Esta mañana (por ayer) apenas había chicas y sobre todo se notaba la presencia policial. Pero ya estamos acostumbrados. Es lo de siempre. A una nueva propuesta o amenaza, contestan enviando policías, pero a los pocos días se van y esto vuelve a estar invadido de prostitutas y chulos».
Estas frases de un vecino resumen el sentir de ayer en la calle Montera. La propuesta de un grupo de vecinos de colocar cámaras webcam en la calle para mostrar la dificultad de vivir en la zona fue recibida con división de opiniones. La asociación Nuevos Vecinos de Montera insistía ayer en que van a solicitar un dominio en Internet donde alojar la cámara. Están empeñados en poder vivir con tranquilidad en su calle. Tienen previsto celebrar reuniones con abogados para saber si su iniciativa es legal, algo de lo que están seguros «como lo prueba el hecho de que ya se pueden ver imágenes de Madrid en directo en algunas paginas» (http://informediario.com/webcam-madrid)
No comparte su opinión Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Rallo dijo a Europa Press que este organismo llevará a cabo las actuaciones pertinentes en el caso de que se confirme la intención de los vecinos de la calle Montera de instalar cámaras en los balcones para difundir la prostitución y el proxenetismo en esta zona.
Según Rallo, esta iniciativa vecinal «infringiría de plano los parámetros y previsiones específicas contenidos en la legislación en sus distintas manifestaciones». Recordó que en España únicamente pueden instalar cámaras de vigilancia en la vía pública los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El responsable de la Agencia apuntó que la ley permite instalar sistemas de grabación en espacios públicos, como tiendas o establecimientos, si bien la propuesta vecinal «es un caso meridianamente claro de extralimitación de la ley».
Por otra parte, aunque la normativa contempla la instalación de videocámaras en viviendas (en este caso un balcón), deben alcanzar a la vía pública tan solo «de manera tangencial y con una mínima intervención sobre terceros», como por ejemplo, las cámaras instaladas en las puertas de los garajes. «Este tampoco sería el caso, porque la intención declarada de los vecinos es captar imágenes externas y de terceros y el principio de legitimidad que permitiría instalar una cámara de carácter privado no existe», añadió.
El responsable de Protección de Datos advirtió que a la hora de instalar videocámaras se deben conciliar «dos realidades absolutamente legítimas»: el derecho a la seguridad pública que demandan los ciudadanos y la garantía de los derechos fundamentales sobre la privacidad de las personas. Rallo también rechaza la propuesta vecinal de difundir a través de Internet las imágenes captadas en la vía pública. «Esta sería una vulneración adicional de la Ley Orgánica de Protección de Datos», añadió.
Por ello, en el caso de confirmar estas informaciones, la Agencia «arbitrará los mecanismos que la legislación le proporciona para investigar y en su caso sancionar, si se produce una infracción».
La autorización para colocar esas cámaras debería ser otorgada por la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Está presidida por el máximo responsable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y forman parte, entre otros, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, un abogado del Estado y el secretario general de la Delegación del Gobierno. La autorización la tramita la Delegación de Gobierno.
Los miembros de la comisión visitan los lugares donde se quieren colocar. La autorización es anual, por lo que exige su renovación y se pueden exigir reformas, como sucedió con las que el Ayuntamiento colocó en la Plaza Mayor.
Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, no comparten la pretensión de los vecinos de Montera de colocar una cámara para mostrar en Internet la prostitución en esta calle, y reclamaron la intervención del Ayuntamiento para garantizar seguridad en la zona. Oscar Iglesias, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, calificó de fracaso la operación llevada a cabo por el Consistorio en Montera, «porque hay más prostitutas que en 2004, cuando aseguró que iba a erradicar la prostitución en esa zona».
La portavoz de la Asociación en Defensa de los Derechos de las Prostitutas Hetaira, Cristina Garaizabal, calificó de «inconstitucional» la iniciativa.
Mientras, la Federación Madrid Centro, en la cual está integrada AMYA (Asociación de Montera y Adyacentes), comprende la postura de los vecinos, pero considera que debe ser el Ayuntamiento el que coloque estas cámaras. Por su parte, la Corporación anunció ayer que instalará una comisaría en el número 16 de esa calle y que estudiará la colocación de cámaras.