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LA AUDIENCIA NACIONAL FRENA EL ACCESO A LAS BASES DE CLIENTES DE LAS ELÉCTRICAS

El motivo es que el Ejecutivo esta instando a los responsables de las mayores compañías de gas y electricidad del Reino Unido a entregar parte de sus beneficios para evitar hacer frente a un nuevo impuesto sobre ganancias extraordinarias.
Downing Street esta planteando a los consejeros delegados de los gigantes del sector que tendrán que pagar esa tasa a menos que acepten subvencionar un nuevo proyecto nacional de combustible dirigido a los 4,5 millones de hogares mas pobres del Reino Unido.
Esta medida se ha hecho pública solo unas cuantas semanas despues de que las mayores compañías energéticas del Reino Unido elevasen sus precios hasta un 15 por ciento. Los consejeros delegados de Scottish & Southern Energy y Npower, segundo y cuarto suministrador en importancia de la isla, respectivamente, ya han sido convocados por el Gobierno y en los próximos días el Ejecutivo citara también al resto de sus colegas como Centrica, E.ON y EDF Energy, además de a Scottish Power.
La amenaza de un impuesto sobre beneficios extraordinarios llega justo despues de que el regulador del sector, Ofgem, anunciase una investigación sobre competencia entre las energéticas que operan en el país.
Scottish Power tendrá que rendir cuentas ante el Ejecutivo británico.
La filial de Iberdrola, amenazada por una tasa sobre extraordinarios.
La Audiencia Nacional ha aceptado las medidas cautelares reclamadas por la patronal del sector eléctrico, Unesa, para evitar tener que facilitar los datos de sus clientes y sus consumos de energía eléctrica a las comercializadoras. Unesa presentó un recurso pidiendo la anulación de la Disposición tercera de la Orden de tarifas de 2008 en la que se obliga a las compañías distribuidoras a facilitarles el acceso a sus bases de datos tanto a las comercializadoras como a la Oficina de Cambio de suministrador. El juzgado parece que consideró que si se realizaba la entrega de los datos el recurso impuesto por Unesa quedaría sin sentido produciendo indefensión, aseguran fuentes consultadas por este diario.
Centrica, por su parte, ha recurrido esta decisión de la Audiencia Nacional amparándose en que la patronal del sector conocía con antelación la existencia de un informe de la Agencia de Protección de Datos en el que se asegura que la normativa aprobada por el Gobierno en la orden ministerial de tarifas eléctricas cumple la legislación vigente, indicaron fuentes de la empresa comercializadora británica.
Centrica pidió por carta a las distribuidoras (de la talla de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) el acceso a los datos de sus clientes y las eléctricas se han negado a dárlos
amparándose en la Ley de Protección de Datos.
La Orden ministerial publicada el pasado diciembre y que regulaba las tarifas a partir del 1 de enero, obliga a las compañías distribuidoras a facilitar el acceso a los datos
de sus clientes. Las empresas, añade la norma, no podrán establecer condición alguna al acceso y tratamiento de estos datos por parte de los comercializadores o de la Oficina de Cambio de Suministrador, ni exigir en ningún caso que éstos les proporcionen dato alguno como condición previa de acceso a su base de datos, entre ellos: el Código Universal del Punto de Suministro, CIF, NIF o NIE del titular de dicho punto de suministro o número de contrato en vigor de cada punto de suministro concreto, para el cual deseen consultar la base de datos.
La comercializadora británica presentó también una queja ante la Comisión Nacional de Competencia, que ha decidido abrir un expediente a la patronal del sector para determinar si ha incumplido la Ley.
La Audiencia Nacional frena el acceso a las bases de clientes de las eléctricas Centrica recurre la decisión con un informe de la Agencia de Protección de Datos Una subestación eléctrica al atardecer.
La orden ministerial que regula las bases de datos de los puntos de suministro establece que en sólo quince días esa información tendrá que estar en manos de los solicitantes de forma completamente gratuita.
Eso sí, las eléctricas tienen un plazo de dos meses para adaptarse a la normativa y una vez reciban la solicitud un plazo de quince días para darle respuesta a la misma.