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EL 78% DE LOS CLIENTES DE ENDESA SE OPONE A QUE CEDA SUS DATOS A LOS COMPETIDORES

El pasado día 15, la Audiencia Nacional suspendía cautelarmente una polémica medida que Industria había incluido en la orden sobre tarifas de 2008: la obligación de las distribuidoras de entregar las bases de datos de suministro de sus clientes a cualquier comercializadora que lo solicite y sin poner condición alguna. Una medida con la que el ministerio desarrollaba un aspecto de la ley eléctrica para fomentar la competencia.
La suspensión cautelar había sido solicitada por Unesa (la patronal que integran Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Cantábrico y Viesgo) en una denuncia presentada días antes en nombre de sus asociadas contra la citada orden. Cuatro días después, la Comisión de la Competencia abría un expediente sancionador a Unesa dentro de la investigación abierta hacía un año tras las denuncias de varios comercializadores contra el incumplimiento de las distribuidoras del real decreto de 2005 (de dinamización de la economía), que obligaba ya a la cesión de los datos. Fuentes próximas a la CNC consideran que el recurso ante la Audiencia "era la prueba evidente de que las empresas se habían concertado para recurrir un derecho que se les había dado los grandes grupos eléctricos tienen también comercializadoras que pueden pedir los datos a las distribuidoras del competidor y, en definitiva, para mantener su reparto de mercado". Sea como fuere, la orden ministerial ha soliviantado a las empresas de distribución (una actividad que tiene la consideración de monopolio natural para evitar la duplicidad de redes), especialmente a Endesa, que cuenta con 11 de los 25 millones de puntos de suministro que hay en España y representa más de un 40% del sector. De hecho, la eléctrica elaboró en enero una encuesta entre sus clientes, a la que ha tenido acceso CincoDías, de la que se desprende que un 78% de los mismos se opone a que ceda "todos sus datos del punto de suministro a cualquier comercializadora que lo solicite", tal como figura en la pregunta. Además, según la encuesta realizada por Stiga, firma especializada en control de calidad e investigación de mercado, al 70% de los clientes les parece mal o muy mal "la obligación que impone el ministerio para que la compañía tenga que ceder los datos de su hogar a cualquier comercializadora que lo solicite". Asimismo, ha recibido más de 200 cartas de clientes desautorizando la cesión de sus datos. Endesa considera "peligrosa" la obligación que impone la norma, pues incluye facilitar "la dirección, el consumo eléctrico de los dos últimos años, la potencia contratada o información sobre los periodos en los que se consume más." Según fuentes de la compañía, "son datos muy sensibles, ya que de ellos se infieren hábitos de consumo, ocupación o no de la vivienda, datos económicos o nivel de equipamiento eléctrico". Asimismo, entiende que "la orden no garantiza la confidencialidad" y "no se solicita en ningún momento la conformidad expresa del cliente sobre la aceptación o no del traspaso de información". Además, argumenta, "no existen precedentes similares en otros sectores, como el gas o las telecomunicaciones". Por contra, fuentes próximas a Industria recuerdan que no se pide el nombre de ninguna persona, sino los datos del punto de suministro y que éstos "no son propiedad del distribuidor, sino del sistema" y que las telefónicas sí publican los datos de sus clientes.
La norma "no garantiza la confidencialidad", según la eléctrica

Y Las pequeñas.
Incluso las eléctricas más pequeñas, como Fenosa (con tres millones de puntos de suministro), que impulsaron en su día la creación de una base de datos común que les permitiera realizar ofertas a los clientes de la distribuidora rival, han recurrido ahora ante la Audiencia Nacional. Estas compañías consideran peligroso ofrecer a cualquiera que se registre como comercializador "algo que es muy sencillo", indican, "los datos masivos de los clientes, en un CD y sin el consentimiento previo de aquéllos".

La Agencia de Protección de Datos, a favor de Industria.
Un argumento de las eléctricas contra la orden del 29 de diciembre que les obliga a ceder los datos de sus clientes a los comercializadores es que se trata de una norma de rango inferior que se contradice con otra superior, como la Ley de Protección de Datos, lo que les puede acarrear serios problemas con los consumidores. Sin embargo, según fuentes próximas a Industria, la citada orden desarrolla otra ley, la del sector eléctrico, que establece el trasvase de información de clientes "en las condiciones que se decidan reglamentariamente".
Además, añaden las mismas fuentes, dicha orden ha sido elaborada con un informe favorable de la Agencia de Protección de Datos, que el Abogado del Estado entregará a la Audiencia Nacional, que ha aplicado cautelares pero no ha entrado aún en el fondo. Desde 2005, cuando un real decreto fijó la obligación de ceder los datos de los clientes de las distribuidoras, cuyo grado de fidelidad es del 90%, éstas se han resistido con multitud de trabas, que la CNE denunció en un informe. Varios operadores, entre ellos Centrica, denunciaron hace un año esta situación ante Competencia, que instruyó una investigación. Como, a pesar de todo, "las distribuidoras seguían en sus trece", la propia CNC recomendó al ministerio que aprobara en una orden "el formato" o mecanismo del trasvase: una veintena de datos; en un CD, en 15 días y gratuitamente.