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CRECE UN 26,6% LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En esta línea, de las 399 sanciones que se interpusieron en todo el Estado dos fueron en la Comunidad Foral. En cuanto a las infracciones cometidas por administraciones públicas, en Navarra se registró una, lo que significa el 1,52% del total. Finalmente, la memoria de la AEPD refleja que en la Comunidad Foral se iniciaron diez tutelas de derechos a petición de ciudadanos.

En todo el Estado, la AEPD registró el pasado año un total de 1.624 denuncias, un 7% más que el año anterior, y la mayoría se presentaron en Madrid (336), Cataluña (168), Andalucía (143) y Galicia (116). Además, inició casi 1.300 investigaciones por denuncias de ciudadanos y de oficio a iniciativa del director. La mayoría se referían al sector de las telecomunicaciones (290) y al financiero (248), aunque la principal novedad de este año ha sido la videovigilancia, un sector en el que las denuncias se dispararon el 400% en 2007 (123).

Videovigilancia 'Todos los indicadores muestran que la videovigilancia va a ocupar un lugar importante en el trabajo de la Agencia en el futuro porque los ciudadanos muestran una singular preocupación' ante las cámaras instaladas en lugares públicos, explica el director de esta agencia, Artemi Rallo. No obstante, según apuntó el director, las entidades que utilizan este tipo de cámaras de seguridad se están adecuando a la normativa vigente que, entre otras cosas, les obliga a registrar su existencia, a borrar las grabaciones mensualmente y a instalar cámaras únicamente cuando sea necesario.

Las autonomías con más ficheros de grabación registrados son Cataluña (244.970 ficheros), Madrid (154.776) y Andalucía (101.299).

La memoria precisa que este organismo resolvió un total de 399 procedimientos sancionadores en el año anterior, incrementando la cifra un 32,5% respecto a 2006, por las que recaudó casi 20 millones de euros. En este apartado, Rallo destacó que 14 empresas recibieron sanciones por un importe que oscila entre 300.000 y 600.000 euros, las más graves.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) registró un total de 863 peticiones de tutelas de derechos referidos a la cancelación de datos en los libros de bautismo de la Iglesia católica en los últimos dos años y medio, según explicó Artemi Rallo. Esta cifra de solicitudes relativas a la apostasía, que en lo que va de año ascienden hasta 529, 456 pendientes de resolución, se han multiplicado en este plazo por mil, desde que en el año 2006 la AEPD registrase un total de 47 peticiones en este apartado.

En el marco de la presentación de la memoria anual de esta agencia, Rallo destacó el incremento de este 'fenómeno específico' que en 2007 supuso el 34% del total de peticiones por derecho de cancelación.

En el año 2008, la AEPD ha resuelto un total de 73 peticiones de las cuales la Iglesia católica ha recurrido 43 ante la Audiencia Nacional. El año anterior, esta confesión religiosa recurrió 183 decisiones de la agencia y, en 2006, únicamente 15.

El director de la AEPD resaltó que, desde la primera sentencia de este tribunal a favor de la agencia en octubre del año pasado, la Audiencia Nacional ha emitido otras 66 sentencias favorables a su criterio. No obstante, señaló que estas decisiones están recurridas por la Iglesia católica ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, indicó que las diócesis de Valencia y Madrid son las que presentan mayores resistencias a las apostasías de los ciudadanos. De hecho, de los 43 recursos presentados este año en la Audiencia Nacional, Valencia y Madrid acumulan 40 (24 Valencia y 16 Madrid).

En este sentido, explicaron que frente al derecho que los ciudadanos tienen de solicitar la cancelación de sus datos personales de cualquier registro (incluida la Iglesia), algunas diócesis alegan que estos datos son de carácter histórico y están excluidos del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sobre la propuesta del Ministerio de Justicia de crear un registro telemático de pederastas, Rallo opinó que, si el acceso a este listado se limita a las autoridades judiciales y a los cuerpos de seguridad del Estado, la iniciativa 'está perfectamente proporcionada a su finalidad: mejorar el funcionamiento de la justicia y prevenir y evitar estos delitos'.