TOP

LA AEPD AVALA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL CENTRO PARA DISCAPACITADOS DE FUENMAYOR

La Agencia de Protección de Datos ha notificado una resolución al Centro de atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) 'Santa Lucía' de Fuenmayor por la que archiva las actuaciones abiertas por este organismo sobre la idoneidad de la instalación del sistema de videovigilancia en este centro a raíz de la denuncia del sindicato STAR, lo que avala la actuación del Gobierno de La Rioja, según informa éste último. Fuente: Europapress (27/12/2009).

En una resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos se establece que la finalidad del sistema de videovigilancia es «la seguridad de las personas y control de los accesos» en las dependencias del CAPDP. En el análisis jurídico manifiesta que esta instalación cumple con la normativa establecida y, por tanto, «no se aprecia la existencia de infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos».

Por una parte, alude a la integridad física y seguridad de los usuarios por sus circunstancias personales. Se trata de personas que requieren una atención especializada, ya que presentan discapacidad grave o muy grave, así como problemas añadidos.

Por otro lado, la resolución de Protección de Datos deja claro que el monitor que permite visualizar las imágenes captadas por las cámaras se encuentra en un armario cerrado con llave y custodiado por el director, al que sólo pueden acceder las personas autorizadas. Asimismo, existe un monitor para visualizar las cámaras exteriores que se encuentra en recepción y al que sólo tienen acceso los vigilantes autorizados.

Sentencia judicial

La Agencia de Protección de Datos hace también referencia en su resolución a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Logroño, de 17 de julio, en relación a un recurso interpuesto por el sindicato STAR, que también concluía que «el sistema de videovigilancia instalado aparece justificado por la necesidad de vigilancia» y que «es una medida proporcionada porque la intimidad de los trabajadores no se ve realmente lesionada por la colocación de cámaras».

EL PP DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO "POR VIOLAR" LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Juan Vega, denunció ayer ante la Agencia de Protección de Datos al Ayuntamiento de Ronda, al considerar que la publicación de un parte de la Policía Local en la revista La Gaceta del Lunes, donde se informa de unas diligencias que afectan al dirigente popular, puede constituir una infracción "muy grave" de la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Fuente: Malagahoy.es (24/12/2009).

Los responsables populares criticaron que en el mencionado parte policial aparecen diferentes datos del afectado, como su nombre completo y su lugar y fecha de nacimiento.

Además, también denunciaron que estas diligencias, realizadas con fines policiales, hayan tenido un uso por parte del Ayuntamiento "completamente alejado" del uso previsto, sin que la persona afectada haya dado su consentimiento. En este sentido, explicaron que la Ley recoge en uno de sus artículos: "Son infracciones muy graves la vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas".

Para Vega, la revelación de estos datos podría vulnera su seguridad y la de su familia, al considerar que puede ser objeto de actos delictivos por parte de "bandas radicales". Además, hizo especial hincapié en que el propio artículo que acompaña al parte policial indica que se trata de un "dirigente juvenil del PP rondeño, por si aún quedaron dudas sobre mi identidad".

Por otra parte, en la denuncia tramitada se asegura que el Ayuntamiento de Ronda y la empresa editora de la publicación, Andalusí S.C., "tienen en común una persona, Antonio Marín Lara", al que se cita como alcalde de la ciudad y propietario de la mencionada sociedad. Desde el PP, se dio especial relevancia a esta circunstancia, al entender que este hecho "no es baladí", ya que podría suponer "una conducta dolosa de difamar mi persona con fines políticos". De este hecho se hace responsable al último encargado de la administración de la custodia de estos datos, así como a la persona que actúa a través de la empresa editora que ha divulgado los mismos.

A la denuncia se unirán las explicaciones que el PP va a pedir los responsables del Ayuntamiento de Ronda. "Queremos que nos diga cómo un informe de la Policía ha terminado en una revista del alcalde", dijo la portavoz municipal del PP, María de la Paz Fernández, quien anunció que su partido ha decidido recurrir a los tribunales "cada vez que el alcalde atente contra nuestra intimidad y nos difame". Asimismo, acusó a algunos de dirigentes municipales de utilizar su condición política "para ir contra dirigentes del PP".

Por otra parte, el presidente de la formación, Jesús Vázquez, dijo que participará "de las basuras del alcalde", al tiempo que pidió a los responsables "sensatos" que hay en el PSOE que no sigan avalando estas actitudes e intervengan para dar un "tirón de orejas a su alcalde tránsfuga".

APEP ANTE EL PROBLEMA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS

Viernes, 18 Diciembre, 2009, 0:33 La Junta Directiva de APEP, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2009, ha acordado hacer público el siguiente comunicado:

La Junta Directiva de APEP, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2009, ha acordado hacer público el siguiente comunicado:

PRIMERO.- Por parte de distintos miembros de la Asociación se ha hecho llegar a la Junta Directiva documentación acreditativa de que distintas empresas y profesionales consultores en materia de protección de datos personales ofrecen, de forma gratuita, proyectos de implantación LOPD vinculados a la contratación de cursos de formación en la materia subvencionados a través de fondos concedidos a través de la Fundación Tripartita para la formación.

SEGUNDO.- El plan de formación profesional para el empleo (regulado por el Real Decreto 395/2007, y desarrollado por la ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) otorga a todas las empresas un crédito de ayuda a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados. La empresa que contrata la formación “recupera” el coste de los servicios prestados, deduciendo su importe de las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de la comunicación de la finalización de la formación, y siempre con el límite del crédito concreto de cada empresa.

TERCERO.- Por tanto, a juicio de esta Junta Directiva, es conforme a ley la financiación por parte de la empresa del coste de cursos de formación en materia de protección de datos de carácter personal con cargo al crédito del plan de formación profesional para el empleo, así como, en el parecer de la Junta, en proyectos formativos cuyo contenido práctico a desarrollar es la auto adecuación de la empresa.

CUARTO.- La Junta Directiva, por el contrario, considera contrario a Derecho financiar con cargo a esos fondos de formación, bien en su totalidad o parcialmente, proyectos de consultoría o implantación en la empresa de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con independencia de que dicha práctica se pretenda presentar como “obsequio” o “coste cero”, tal y como figura en parte de la documentación que se ha tenido ocasión de estudiar.

QUINTO.- De confirmarse dichas prácticas, las mismas pueden suponer, con independencia de otras consideraciones, una merma de ingresos públicos, puesto que, por una parte, la financiación total o parcial de la implementación con cargo a los fondos de formación implica una aplicación indebida por parte de la empresa de las bonificaciones sobre las cotizaciones a seguridad social; y la facturación de todos los servicios realmente prestados bajo el concepto “formación” supone la no repercusión del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) sobre aquellos otros servicios prestados que no son calificables como formación.

SEXTO.- Por otra parte, la incentivación de cualquier utilización incorrecta de fondos públicos vinculados al asesoramiento o formación a terceros relativos a las normas de protección de datos personales es contraria al código de ética profesional que quiere impulsar APEP entre sus asociados.

SEPTIMO.- La Junta Directiva ha acordado la creación de un grupo de trabajo, conformado por un representante de la propia junta y varios asociados, a los efectos de la preparación de un dossier documental y estudiar las distintas vías de actuación de la Asociación frente a las distintas Administraciones y Organismos con competencias relacionadas con este asunto, Fundación Tripartita; Seguridad Social; Agencia Tributaria; Inteco; Cámaras de Comercio…con las que la Asociación solicitará entrevistas presenciales a efectos de presentar el dossier documental que se prepare e interesar la adopción de las distintas actuaciones previstas en la legislación vigente.

OCTAVO.- La Junta Directiva mantendrá informados a sus asociados de los avances que en este tema se vayan produciendo a través de la publicación de los oportunos comunicados, a los que además se dará difusión pública para su conocimiento por parte del sector profesional en especial y del mercado en general.

NOVENO.- la Junta Directiva quiere manifestar un especial agradecimiento a aquellas personas asociadas que hasta la fecha se han puesto en contacto con la Asociación para facilitar información y documentación sobre este asunto, y anima a todos los asociados, así como a aquellos otros profesionales no asociados pero igualmente afectados por este tema, a que continúen remitiendo toda aquella información o documentación que consideren de interés. A tal efecto, se ruega que los envíos se realicen por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@apep.es

LA AEPD ACTUARÁ DE OFICIO PARA CLARIFICAR EL CASO DE LA NIÑA MUERTA EN TENERIFE

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha señalado hoy que dicha entidad actuará de oficio para "clarificar" las circunstancias en el caso de la niña de 3 años fallecida en Tenerife, cuyo informe médico que inculpó erróneamente a su padrastro de maltrato, trascendió a los medios de comunicación. Fuente: Europa Press (02/12/2009).

"El caso tiene una dimensión mediática que nos ha hecho a todos partícipes". "Se actuará de oficio para clarificar todas las circunstancias en estos hechos desgraciados y con el objetivo de velar por el deber de confidencialidad y de la documentación clínica que es donde está el origen de estos hechos", declaró Rallo en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press.

Artemi Rallo precisó que será el servicio de Inspección el que recabe la información necesaria para ultimar el informe. En éste se ultimarán las conclusiones particulares respecto a dónde, quién y como se "ha podido producir esta quiebra que ha ocasionado la vulneración del deber de confidencialidad".
"Habrá que determinar, si es posible, dónde ha estado el origen de esta vulneración. Si ha estado en el centro hospitalario --en funcionarios o personal-- será la Consejería de Sanidad o la Administración autonómica la que va a ser objeto de esa declaración de infracción y a la que se va a conminar para que no se permita que en el futuro un hecho similar vuelva a producirse", añadió el director de la Agencia de Protección de Datos.

Aclaró además que en el caso de que se demuestre que es responsabilidad de la administración, no habrá multa (sólo para empresas privadas). En todo caso una declaración de infracción pidiendo que se prepare el daño, así como dar parte al Defensor del Pueblo. "En algunos casos cabe que a profesionales se les puedan requerir responsabilidades disciplinarias", dijo Rallo que insistió en que la falta de custodia de la documentación clínica "está a la orden del día".

UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS DESGRACIADAS

Artemi Rallo recalcó que la Agencia no tiene "competencia en fiscalización sobre la actuación de los medios de comunicación ni en este, ni en otro caso". "Pero la sociedad demanda que den información objetiva y veraz, pero esa veracidad se basa en la comprobación de los datos, ese deber de contraste para calificarla de veraz no ha satisfecho esta demanda de la sociedad", valoró.

"Como ya todo el mundo sabe este hecho se sustenta sobre una serie de circunstancias desgraciadas y cada organismo ha de asumir su responsabilidad y evitar que se reproduzcan estos hechos en el futuro", sentenció.

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL CUELGA EN INTERNET LAS SANCIONES

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ?-FFCV- cuelga en su página web los nombres de los sancionados en las competiciones deportivas como hacía la de ciclismo que acaba de ser castigada por la Agencia Española de Protección de Datos con una multa de 60.101 euros. La página web de la FFCV contiene un listado de sanciones con los nombres y apellidos, el número del Documento Nacional de Identidad, la fecha de resolución de la sanción y el número de partidos pendientes. La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- no le ha abierto ningún expediente a la federación valenciano de fútbol como sí hizo con la de ciclismo, aunque los hechos son idénticos. Fuente: Levante (13/11/2009).

La AEPD inició el procedimiento contra la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana -FCCV- después de recibir la denuncia de la española. El caso es que la Real Federación Española de Ciclismo -RFEC- actuó sin haber tenido ninguna queja de los corredores afectados por la inclusión de su sanción en la página web. La relación que colgó en internet la FCCV no detallaba si los ciclistas habían sido apartados por dopaje o por cualquier otra infracción como correr enganchados en un coche.

Un portavoz de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana declaró ayer que difunden en internet los castigos porque "tienen la obligación de informar de las sanciones. Es una norma del reglamento interno de la federación". Esta fuente aseguró que sólo incluyen los números del Documento Nacional de Identidad de los mayores de edad. La relación completa está en un apartado destacado de la página web bajo el epígrafe "Sancionados fin de temporada 08/09". Este periódico comprobó que otras federaciones importantes no incluyen la relación nominal de sancionados en sus páginas de internet.

La AEPD multó a la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana tras advertirle de que el tratamiento de información personal sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. El dictamen destacaba que los deportistas asumen las normas de la federación a la que pertenecen, pero ninguna reglamentación permite el tratamiento y publicación en internet de las sanciones.