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LA AUDIENCIA NACIONAL SUSPENDE LA MULTA DE PROTECCIÓN DE DATOS AL PP POR LAS LISTAS VASCAS

Esa resolución sancionadora, que ahora se considera “contraria a Derecho”, se había tomado en relación con el caso de las listas vascas, y más concretamente por haberse utilizado, presuntamente, los nombres y las firmas de personas de O Grove que, sin su consentimiento, aparecían como integrantes voluntarios de las candidaturas electorales que el PP confeccionó en las municipales de 2007 en el País Vasco.

Lo más llamativo de aquella multa, fijada el 22 de septiembre de 2008, era que se había impuesto cuando el asunto aún estaba siendo tratado en la vía judicial, por lo que sorprendió a los conservadores que se les aplicase una sanción pecuniaria, cuando aún no se sabía si eran responsables o no.

“Con esta sanción nos están condenando de antemano”, declaraban entonces desde las filas del PP, donde achacaban lo sucedido a una estrategia política.

A grandes rasgos la existencia de una condena sin juicio previo, es decir, la imposición de la multa sin resolverse antes el asunto en el juzgado, es lo que parece haber llevado a la Audiencia Nacional a anular la resolución administrativa.

La sala madrileña argumenta que se estaba castigando o juzgando la presunta conducta delictiva del PP por dos vías diferente y paralelas, como eran la judicial y la sancionadora establecida por la Agencia Nacional de Protección de Datos.

De hecho, el alto tribunal no entra a prejuzgar si el caso de las listas vascas puede ser objeto de sanción o no, pero considera “precipitada” la resolución del expediente.
Incluso sugiere que “la Administración debió paralizar su tramitación hasta que se produjera una resolución judicial en la jurisdicción penal”, es decir, que antes de imponer la multa había que esperar a determinar en los tribunales si el PP era responsable de lo sucedido o no.

De hecho, cabe recordar, hace meses el Juzgado de Primera Instancia de Cambados decidió archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Pérez García y Alexandre Aguín, los números 1 y 2 del PP grovense que figuraban como imputados en la causa.

Ahora, la Audiencia Nacional anula la sanción económica “para impedir una posible doble incriminación y castigo” por los mismos hechos, e incluso argumenta la sala que “la sanción administrativa más exigua, incorrectamente impuesta y tolerada con su pasiva actuación, le serviría de escudo frente a la correcta imposición de la sanción penal más grave”.

Así las cosas, “procede la estimación del presente recurso, anulando la resolución impugnada (la de Protección de Datos) y dejando sin efecto la sanción impuesta, sin perjuicio de que si no concurre la identidad de sujeto, hecho y fundamento, una vez que recaiga la resolución judicial en el proceso penal, sea posible la sanción administrativa”.

Esto es tanto como atestiguar que sólo cabe imponer la multa al PP en el supuesto de que esta formación fuera condenada en el juzgado.

De la sentencia dictada por la Audiencia Nacional puede destacarse también, de entre los argumentos en ella manejados, que la existencia de un posible delito de falsedad documental y electoral es algo que “no compete dirimir a la Agencia de Protección de Datos”, representada por el abogado del Estado.

La decisión adoptada en Madrid supone uno nuevo varapalo para aquellos que, aferrándose a la multa de la Agencia de Protección de Datos, se encargaron de condenar públicamente al PP, pidiendo un castigo no sólo para Miguel Pérez y Alexandre Aguín, sino también para Rafael Louzán, como presidente provincial del partido.

Desde las filas del PP grovense, donde conocieron esta sentencia ayer, a través de FARO, dicen que prefieren esperar a analizarla antes de posicionarse, pero sí declaran ya que “los que quisieron machacarnos política y socialmente con el caso de las listas vascas y con la urbanización de Raeiros-Balea se están llevando un palo tras otro en los juzgados”.

Archivo en el juzgado de Primera Instancia

El 23 de septiembre de 2008, la Agencia Española de Protección de Datos aseguraba con rotundidad que el PP había tratado datos personales de ciertos individuos “sin su consentimiento”, supuestamente para conformar las listas vascas, de ahí que resolviera imponer a dicha formación política la sanción de 60.101 euros. Justamente un mes después, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cambados dictó un auto en el que notificaba “el sobreseimiento y archivo de la causa, por no resultar motivos suficientes para formular acusación, respecto de Miguel Ángel Pérez García, Alexandre Aguín Castro” y otras personas que figuraban como imputadas. Las diligencias, no obstante, seguían su curso, “por si los hechos imputados a Jesusa Otero Magdalena fueran constitutivos de un presunto delito de falsedad documental (…)”. Además el Concello presentó recurso, tratando de mantener la imputación contra Pérez.

En aquella época se tomaron las primeras declaraciones en el juzgado, a raíz de lo cual Miguel Pérez insistió una y otra vez en que “el PP es una víctima de todo este asunto”, señalando a Jesusa Otero Magdalena como “principal imputada en las diligencias judiciales” y como la persona “que reconoce ser autora de la falsificación de documentos”.

Los juicios políticos paralelos “y sin causa”

Lo ocurrido con el PP de O Grove y las listas vascas se convirtió en un asunto de relevancia nacional y contenido electoral que llegó a implicar a los máximos representantes políticos de las fuerzas mayoritarias. Desde las filas del PSOE y el BNG se criticó el proceder del PP y se pidieron dimisiones por lo sucedido, dirigiéndose las miradas ya no a la agrupación grovense, sino a la cúpula del PPdeG. “Pero aquello fue un juicio político paralelo y sin causa ni justificación en el que ya nos condenaron antes de ser juzgados”, esgrimen los conservadores.