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LA PROTECCIÓN DE DATOS SE FINANCIA CON EL FORCEM

Empresas dedicadas a la implantación de la protección de datos están utilizando los recursos destinados a cursos de formación como reclamo para pagar sus servicios, en los que la formación únicamente sirve en ocasiones sólo para encubrir la financiación de los recursos. Es lo que ellos denominan la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) «a coste cero» en algunos anuncios.

La adaptación al último reglamento de la ley, imprescindible a partir de abril a excepción de aquellas empresas que trabajan con datos de alto riesgo, que podrán dilatar el procedimiento hasta octubre próximo, ha contribuido a que múltiples compañías de todo el territorio nacional se hayan sumado a la práctica, que no amagan en sus anuncios publicitarios, en las visitas comerciales que efectúan o en los presupuestos definitivos. Hay en juego multas de hasta 6.000 euros.

Una de las condiciones que esgrimen para poder ofrecer ese servicio sin coste alguno es que las compañías acepten también la contratación de un curso a distancia que presuntamente efectúan los empleados, muchas veces incluidos en CD's. Otra, que no hayan consumido antes la capacidad para recibir fondos para cursos de reciclaje laboral.

En los contratos, no obstante, la formación acostumbra a ocupar el último de los puntos que incluye la los servicios, que, en ocasiones, llega a incluir un capítulo de facturación por la gestión de los fondos de formación. Todo lo acaba asumiendo la Fundación Tripartita, que bonifica las cuotas sociales directamente a la empresa o paga a empresas asociadas que ofrecen los hipotéticos cursos de formación a las consultoras de protección de datos.

Unas setenta empresas que se consideran agraviadas por la competencia desleal a la que se ven sometidas firmaron el pasado martes la pre-constitución de la Asociación de Profesionales de la Privacidad y uno de sus objetivos es luchar con las empresas que realizan ese tipo de mala praxis. Fuentes de la asociación aseguran que el negocio de la protección de datos puede alcanzar los 250 millones de euros y que el fraude podría situarse en torno al 10% de ese pastel.

Empresarios del sector denuncian que las empresas que ofrecen sus servicios a cargo de la Fundación Tripartita en ocasiones facturan en función de la plantilla, como si cada trabajador estuviera obligado a conocer la Ley de Protección de Datos, por lo que se disparan las subvenciones del organismo en el que participa el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos respecto a lo que debería ser una auditoría ordinaria de la LOPD.