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LOS REGISTROS DE USUARIAS DE PDD CHOCAN CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Desde que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunciase la decisión de permitir a partir de septiembre el libre acceso a la píldora del día después (PDD), muchos son los focos de debate que se han abierto sobre las consecuencias de esta medida. Uno de ellos es el referente al control sanitario que debe llevar aparejado la libre dispensación de este medicamento, especialmente en algunos grupos de edad. El parecer de la farmacia española es unánime: la medida obliga a crear nuevos sistemas de control sanitario que sustituyan al que ya aportaba la receta como documento obligatorio para acceder a la PDD.

Puestos a buscar fórmulas, la posibilidad de crear registros de usuarias que pudiesen alertar a las autoridades sanitarias de un posible mal o excesivo uso de este fármaco se revelaba como una opción posible a día de hoy pero, a su vez, la más complicada de llevar a cabo. Según coinciden en señalar expertos juristas consultados por EG, los especiales requisitos que establece la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos (LOPD) en materia de salud otorgan un plus de dificultad para la creación de listados.

Dicha normativa califica los datos sanitarios de los ciudadanos como "altamente sensibles", lo que ya de por sí implica que los mismos "deben ser tratados con el mayor grado de privacidad y siempre bajo el consentimiento previo de las usuarias", expone José Rodríguez Crespo, socio fundador del despacho de abogados Ius Pharmacopolis. Sin embargo, es el propio articulado de la normativa el que puede inducir a otras interpretaciones, ya que su apartado 6.2, sobre "consentimiento del afectado", resalta que no será necesario contar con su beneplácito "cuando la recogida y posterior tratamiento de estos datos tenga por finalidad proteger el interés vital del interesado (...) o cuando resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional".

Estos condicionantes podrían tendrían cabida en esta situación, ya que el consumo habitual de la PDD es peligroso para la salud de la mujer. Lo que sí parece claro es que estos listados sólo serían posibles, en términos legales, bajo la coordinación y responsabilidad de una autoridad nacional.

Protocolos como solución

Los expertos también coinciden en señalar que la creación de un efectivo protocolo de dispensación, en el que ya trabajan Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos, podría evitar plantearse la creación de registros. En este sentido, Rodríguez considera más factible "introducir algún tipo de sistema de identificación en este protocolo" frente a la creación de listados.

Por ello, "es fundamental conocer estos protocolos para saber qué nivel de protección tenemos que aplicar", sentencia este abogado, que recuerda que las boticas ya trabajan con protocolos de confidencialidad, por lo que la gestión de datos sobre la PDD podría llevarse a cabo "introduciendo un anexo al mismo".

Por su parte, la postura de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre la viabilidad de estos registros es de espera. Así, desde este organismo declinan pronunciarse de manera explícita "hasta que no haya una petición oficial sobre ello".

En este sentido, cabe destacar que aún no ha habido peticiones oficiales, pero sí hay autonomías que ya se han planteado esta posibilidad. Éste es el caso de Extremadura, región en la que "hay sintonía entre consejería, colegios de farmacéuticos y la propia sociedad para considerar a la píldora como un medicamento que debe ser controlado, y creemos que el registro es la mejor fórmula para ello", apunta Cecilio Venegas, presidente del COF de Badajoz. Pese a reconocer estas intenciones, la Junta de Extremadura ya ha indicado que "no efectuará" ningún movimiento al respecto hasta que no se conozca la redacción final de la norma.