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LA ACADEMIA CANARIA INCURRIÓ EN UNA FALTA GRAVE AL DAR A CONOCER DATOS DE POLICÍAS

Los hechos se remontan al año 2008 cuando este rotativo publicó un artículo en el que se hacía eco de la aparición de fichas que contenían datos personales de policías locales y de profesores de los cursos, tales como número de carné de identidad, cuentas bancarias, domicilios, teléfonos y cubasura. A partir de aquí, la Junta de Personal del Ayuntamiento decidió poco después denunciar estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Durante la investigación, este organismo pudo comprobar que la denuncia era cierta y se habían depositado en la basura datos personales de los efectivos policiales. Los miembros de la Academia Canaria de Seguridad se defendieron argumentando que la documentación inactiva de cada curso queda archivada en una sala ubicada en la sede de la Academia y se conserva, por motivos normativos, durante un período mínimo de cinco años. "A dicha sala sólo accede el personal autorizado, siendo necesario solicitar la llave de la puerta a la secretaria del director que es quien la custodia", explicaron.

Los miembros de la Academia apuntaron que el proceso habitual para eliminar la documentación consiste en la destrucción de la misma mediante máquinas destructoras de papel. Posteriormente, los restos se depositan en bolsas de basura que se tiran a un contenedor en la vía pública. En el caso denunciado ahora, el problema surgió de que la Academia hizo una reestructuración en las dependencias de la sede que también afectó al archivo en el que se custodiaban los documentos, momento en el que se deshizo de los papeles con antigüedad superior a cinco años. Sin embargo, en este caso no se llevó a cabo previamente la destrucción de los documentos.

La directiva de la Academia apunta que el personal de la misma es informado verbalmente de las obligaciones respecto a los tratamientos de datos de carácter personal, así como del procedimiento para destruirlo. En estas dependencias existe un archivo y, además, se cuenta con dos máquinas destructoras de papeles ubicadas una en la zona de administración y otra en la de cursos. Curiosamente la Academia no contestó a los requerimientos que le planteó la Agencia de Protección de Datos en lo que se refiere a las instrucciones que se dictaron relativas a la destrucción de la documentación a desechar y las medidas correctoras que se han aplicado o se piensan aplicar para evitar la pérdida de expedientes.

La Agencia considera como hechos probados que se depositaron datos en contenedores de basura y que muchos de ellos eran de carácter personal de participantes en cursos, algunos de los cuales se realizaron en el año 2001 y que correspondían tanto a profesores como a alumnos. Estos informes permanecen ubicados en una sala durante un período mínimo de cinco años a la que sólo puede acceder personal autorizado.

El problema en el caso denunciado es que en el mes de octubre de 2008 se llevó a cabo una reestructuración de las dependencias de la sede de la Academia en Añaza, en la que se deshizo de los documentos con antigüedad mayor de cinco años, momento en el que los papeles se depositaron sin destruir en los contenedores.

Algunos de los documentos con datos personales de policías locales y profesores de cursos de capacitación encontrados en la basura.