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BATALLA LEGAL CONTRA PROTECCIÓN DE DATOS

Según informó la plataforma Impulso Ciudadano, los empresarios Xurde Rocamundi y Feliciana Piris fueron sancionados por no disponer de rotulación y carteles en catalán. Para la plataforma, el caso de la empresaria demuestra «la verdadera voluntad» de la Generalitat, ya que en un principio fue sancionada con 1.200 euros, pero se rebajó a 700 después de que la comerciante tapase el rótulo principal escrito en castellano.

Impulso Ciudadano considera que se sancionó porque los rótulos están sólo en esta lengua, por lo que «la finalidad última de estas sanciones es realmente la erradicación en el paisaje mercantil y comercial de Cataluña del castellano».

Las multas están firmadas por Jordi Anguera, director de la Agència, que hace unos meses anunció que abandonaba su militancia en ERC y se pasaba a Solidaritat, el partido de Joan Laporta. Pese a esto, Anguera sigue al frente de la Agència. IDOIA SOTA /Madrid «La Justicia de este país se ha propuesto acabar con mi empresa». Habla José Vicente Lucas, administrador de Saberlotodo Internet, una pyme que sirve información de teléfonos y domicilios de particulares al sector financiero con el fin de que las entidades interesadas puedan recobrar deudas de los morosos.

Entre junio de 2007 y abril de 2008, este empresario ha recibido nada menos que ocho procedimientos sancionadores de la Agencia de Protección de Datos (AEPD). «En lugar de informar al afectado de que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos a mi fichero, me abrían directamente un procedimiento», protesta.

Según Protección de Datos, que dice haber actuado a partir de las denuncias de ciudadanos, la causa de las sanciones es el fraude detectado en el modo de hacerse con los datos y su posterior comercialización. Saberlotodo «tiene información personal de 36 millones de españoles procedente del censo y del padrón», además de informes de detectives privados, según informan fuentes de la AEPD, que resumen las infracciones como «creación de bases de datos ilegales» y «tráfico» de datos.

Las sanciones, según Lucas, suman 3,5 millones de euros e incluyen la inmovilización de ficheros.

El empresario ha defendido su negocio como ha podido, convencido de que nuestra Ley de Protección de Datos es demasiado restrictiva al lado del resto de Europa. Ha recurrido todas las sanciones ante la Audiencia Nacional y es ahí, en el ámbito de la Justicia, donde los procedimientos le han dejado perplejo. «Están llenos de errores materiales que la Audiencia ha decidido pasar por alto de forma reiterada», sostiene.

En uno de ellos, Lucas advierte de que había sido notificado fuera de plazo, según figura en el acuse de recibo de Correos que se adjunta al expediente administrativo de la propia Agencia. Sin embargo, la Audiencia da por válida la fecha de notificación a otra de las partes en la causa y ratifica la sanción de la AEPD.

«Recurrimos y nos vinieron a decir que éramos unos pesados y nos estábamos reiterando. Así que hemos interpuesto un recurso de revisión extraordinario administrativo en la Agencia, que no esperamos que atiendan porque, de hacerlo, llevaría la contraria a la Audiencia».

La empresa llegó a poner una demanda criminal por prevaricación contra cinco magistrados de la Audiencia en el Tribunal Supremo, pero la respuesta fue «que no hay un presunto acuerdo criminal». El 8 de octubre interpusieron «una demanda disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial».

«No es posible que, advirtiendo del error en tantas ocasiones y dando la oportunidad de rectificar, insistan en no hacerlo», arguye, y advierte: «El siguiente paso es Europa».

La última denuncia contra Saberlotodo les abrió los ojos: venía de Detectys, asociación de detectives que es su «única competencia». El empresario y su abogado están convencidos de que todo «es una confabulación» de estos detectives «con la connivencia del señor Artemi Rallo», director de la AEPD, «y de los jueces de la Audiencia para eliminarnos».

Una empresa demanda a cinco jueces de la Audiencia Nacional ante el CGPJ por irregularidades en los procesos que les obligan a pagar hasta 3,5 millones de euros

El demandante, José Vicente Lucas (dcha.), con el letrado Fernando Simó.