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LAS EMPRESAS PREPARAN LITIGIOS CONTRA LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se ha abierto la vía para reclamar sanciones a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que anulan cuatro artículos del Reglamento de protección de datos y elevan cuestión prejudicial a Luxemburgo han revolucionado el marco de la protección de datos en España y suponen un espaldarazo a las empresas y abogados que se enfrentan desde hace años a las decisiones de la AEPD.

Fuentes consultadas, conocedoras del modus operandi de la Agencia, entienden que ésta ha recibido "un aviso, que supone un punto de inflexión en sus actuaciones". Las sanciones de este organismo acumulan un volumen inédito en la Unión Europea. En algunos de sus Estados miembros, la multa mínima en España, 8.000 euros, es la más elevada posible. De esta forma, la AEPD ha impuesto sanciones cercanas a los 25 millones de euros al año desde 1993, lo que supone unos 425 millones de euros en total.

Los abogados consultados cuentan que ya se pueden reclamar las multas que penaban infracciones de los artículos anulados por el TS y que están recibiendo numerosas llamadas de clientes interesados en emprender acciones contra la AEPD. Y no sólo respecto a los artículos ahora invalidados. Las sentencias han confirmado la "tímida vía" que había abierto la Audiencia Nacional en fallos favorables a las empresas. Así lo explica Carlos Alonso, director de la Asesoría Jurídica de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito)-Equifax, una de las recurrentes al Supremo.

Demandas

De esta forma, las compañías que más conflictos sufren con la Agencia de los sectores de banca, crédito, telecomunicaciones, márketing, energía, medios de comunicación, etc. perciben que sus demandas ahora van a ser atendidas por los tribunales. Así, Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica España, acoge "favorablemente" el fallo del Supremo.

Sobre las sanciones que comprenden artículos ahora anulados, abogados expertos en Derecho Público explican que cabe presentar un recurso de revisión administrativa. Si ya hubiera una decisión judicial firme, habría que decantarse por la vía judicial. También se puede utilizar la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Estas estrategias serán las que podrán seguirse también si el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) acepta las cuestiones prejudiciales que se le han planteado respecto al interés legítimo, lo que se conocerá dentro de año y medio. En el caso de que Luxemburgo lo reconozca, las empresas no tendrán que pedir el consentimiento al titular de los datos. La aceptación del TCJE generaría numerosos litigios, ya que gran parte de las multas de la AEPD se deben a este supuesto.

Los despachos ya están preparando el planteamiento de las cuestiones prejudiciales a Luxemburgo, para lo que cuentan con cinco días hábiles. Como las sentencias se notificaron el pasado martes, el plazo expira el jueves 2 de septiembre. No es un mero trámite, ya que los recurrentes pueden replantear las preguntas que ha mandado el tribunal de su Estado miembro, en este caso, el Supremo, por lo que tienen ahora la capacidad de ampliar el alcance de lo que preguntan al TJCE.

En este proceso se encuentra, por ejemplo, Carlos Alonso, de Asnef-Equifax, que celebra "el margen que ofrece el procedimiento para ir más allá". También elevó cuestiones prejudiciales la Federación de Comercio Electrónico y Márketing Directo (FECEMCD), recurso que ha ganado el despacho Bird & Bird.

Y, de parte de Experian Bureau de Crédito, Pablo Pascual, director de su Asesoría Jurídica, cuenta que esta recibiendo numerosas peticiones ante la puerta que abre el interés legítimo. Si las sentencias ya avalan la creación de ficheros positivos de solvencia ver EXPANSIÓN del pasado 28 de julio, la cuestión prejudicial podría permitir que los bancos compartan también ficheros de morosos, a los que no habrá que pedir consentimiento.