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UNA LEY ORWELLIANA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Y claro que los gobernantes andaluces pueden esgrimir ese escudo. No se trata de una ocurrencia surrealista del Consejero de Innovación, sino el aprovechamiento en su beneficio de una apisonadora legal que desde 1999 cercena con la eficacia del zarpazo estalinista el acceso a buena parte de la información necesaria para el esclarecimiento de irregularidades administrativas o la transparencia de datos de interés colectivo sustancial que, custodiados por los poderes públicos, pueden ser explotados a conveniencia de los custodiantes.

La vigente Ley de Protección de Datos considera dato de carácter personal «cualquier información perteneciente a personas físicas identificadas o identificables». Define como tratamiento de datos [las] «operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias». Y establece que toda la cohorte de candados y mordazas que despliega -para privilegiar una intimidad personal que nada sabe de otros derechos democráticos de libertad de información, control ciudadano de los poderes públicos o seguridad jurídica-, será de aplicación a todos «los datos de carácter personal, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado».

En virtud de tan totalitaria y absolutista concatenación cualquier dato por el que se pudiera identificar a una persona -cuando rellena cualquier impreso administrativo, por ejemplo-, queda ya restringido al cometido para el que fue facilitado y su revelación o cesión a terceros sin consentimiento expreso del afectado se convierte en acción ilícita perseguible con durísimas sanciones. Como no podía ser de otro modo, el Estado y sus administraciones se reservan para sí la excepcionalidad de intercambiar, reelaborar e incluso publicar todos aquellos datos personalizados que estime necesarios para el ejercicio de sus funciones y las correspondientes normas específicas así lo determinen. En virtud de esa facultad, un Ayuntamiento, por ejemplo, puede divulgar los datos de morosos en el pago de la tasa de basuras, mediante el correspondiente boletín oficial. Pero ni el ciudadano individual ni organizaciones de ningún tipo pueden exigir la revelación de esos datos, pues la ley no sólo no contempla el derecho ciudada
no a saber (si, como en el caso de la hija de Manuel Chaves, los administradores quizá prefieran evitar ese conocimiento a la opinión pública), sino que convierte en punible la revelación en caso de que el responsable sufriera un ataque de solidaria transparencia democrática.

Es cierto que en el ejercicio de competencias legítimas cruzadas, un juez podría reclamar el listado conflictivo y dirimir la comisión o no de irregularidades. Pero aparte del paternalismo consagrado al despojar a los ciudadanos de una mínima capacidad de vigilancia directa de sus administradores, sin olvidar la lentitud de los tribunales, los propios jueces se encuentran a menudo entorpecidos por el contundente sistema de búnkeres y zanjas establecido para proteger el oscurantismo de los archivos y sus archiveros, bajo la supuesta defensa de la intimidad de los datos personalizados.