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PROTECCIÓN DE DATOS SANCIONA AL CONCELLO DE O GROVE POR PERSEGUIR A FILIPE BESADA

El dictamen de la AEPD surge a raíz de una rueda de prensa de Alfredo Bea, celebrada en abril de 2009, en la que esgrimió una serie de documentos sobre Filipe Besada que, según este, "obtuvo empleando sus cargos en estas instituciones y que en ningún momento estaba justificada para lo que éste sostenía", argumento que respalda el dictamen.

Destaca entre toda la documentación la orden que envió al Concello de Cangas para que se investigase el paradero de Besada, información que, según la AEPD, "no tenía ningún tipo de justificación para el Concello de O Grove".

Los datos "eran únicamente útiles para los intereses que Alfredo Bea tenía en la Federación Gallega de Piragüismo, con el objetivo de expulsarlo de la asamblea de este organismo", expulsión que fue anulada por el Comité Gallego de Disciplina Deportiva.

Besada asegura que "está claro que Alfredo Bea empleó su cargo en el Concello de O Grove para recabar información y emplearla para sus intereses privados en sus aspiraciones de alcanzar la presidencia de la Fegapi, anulando a uno de sus opositores".

Una de las cuestiones que más lamenta y destaca el grovense es "el despilfarro de recursos públicos que este expediente va a suponer para la administración, pues de la lectura de las 27 páginas del dictamen de la AEDP se deduce que los tres organismos implicados (Concello de O Grove, Concello de Cangas y Federación Galega de Piragüismo) tuvieron que contratar a alguien o recurrir a alguno de sus funcionarios o empleados para responder a los requerimientos de este tribunal".

Esto ha supuesto un desembolso económico importante "en tiempos de crisis como los que corren, lo que da muestra, una vez más, de la falta de escrúpulos de los actuales dirigentes del Concello de O Grove, desde Alfredo Bea a José Antonio Cacabelos, pasando por Carlos Álvarez Besada".

Medidas

La AEDP ha remitido su acuerdo al Defensor del Pueblo, además de requerir al Concello de O Grove a que tome las medidas internas oportunas de orden interno para que no vuelvan a registrarse nuevas infracciones de estas características. Además, la administración local deberá comunicar a la AEPD las resoluciones que adopte en el plazo de un mes tras conocerse la sentencia.

La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque abre las puertas a la interposición de un recurso de reposición ante el director de la misma en el plazo de un mes o de un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, para lo que cuenta con el plazo de dos meses.