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DETENIDO POR CHANTAJE CON UNOS CONTRATOS QUE HALLO EN LA BASURA

Por primera vez se realizan detenciones por intentar extorsionar a una compañía amenazando con la Ley de Protección de Datos. Fuente: El Pais (13/04/2011)
La Policía Nacional detuvo ayer en Salamanca a JMH, de 52 años, por un presunto delito de extorsión contra la compañía telefónica Orange. La operadora acusa al arrestado de un intento de chantaje por pedir una contraprestación a cambio de no divulgar una supuesta infracción cometida por el exdistribuidor de la firma de Medina del Campo (Valladolid): los documentos que debía custodiar se hallaron en un contenedor. El detenido pasará mañana a disposición judicial, según la abogada del arrestado. JMH había explicado a este periódico antes de su arresto que había encontrado 50 documentos la semana pasada en la calle Sierra del Barco de Salamanca. "Al confirmar que se trataba de documentos con información confidencial, como fotocopias de DNI, avisé inmediatamente a la empresa", explicó. El viernes, JMH se había reunido en Madrid con el responsable de Seguridad de Orange y se ofreció a dárselos: "Nos enseñó cinco contratos ", dice una fuente conocedora del encuentro. Pero luego les amenazó con divulgar la noticia a los medios si no le entregaban "seis móviles de alta gama y un año gratis de móvil". Orange se negó y le denunció. La firma también ha denunciado a su exdistribuidor en Medina del Campo por "mala práctica" por no custodiar los documentos.

DECLARACIONES DE ARTEMI RALLO.

Artemi Rallo: 'Los retos son el 'derecho al olvido' y la videovigilancia'. El director de Protección de Datos será relevado en el plazo de dos meses. Pese a los roces con la agencia, dice que con Google existe diálogo constante. fUENTE: eL mUNDO (11/4/2011
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Cuenta atrás para el relevo en la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos. Artemi Rallo, que cumplió cuatro años al frente de la AEPD el pasado mes de enero, volverá a la Universidad Jaume I de Castellón, donde es catedrático de Derecho Constitucional, una vez se elija su relevo, en unos dos meses.

De momento, el Consejo de Ministros del pasado viernes nombró a los nuevos vocales de la agencia, 11 en total, de entre saldrá escogido el nuevo director, a propuesta del Gobierno. Entre ellos destaca la ausencia del actual director, tal y como adelantó el pasado viernes El Economista.

"Ya en enero trasladé al Ministerio de Justicia mi deseo de volver a la universidad, tras siete años de actividad alejado de ella, primero en el Centro de Estudios Jurídicos y luego los cuatro años que he vivido al frente de la agencia", comenta Artemi Rallo, en una conversación con el Navegante.

Ahora se establece un proceso que durará alrededor de siete semanas, en el que se tienen que reunir los citados vocales -seguramente después de Semana Santa-, más tarde el Gobierno propone un director, la Consisión Constitucional del Congreso lo aprueba y a continuación el Consejo de Ministros lo elige formalmente.

Internet
Artemi Rallo ha hecho un balance rápido de su gestión al frente de la agencia. "Durante estos cuatro años hemos visto cómo Internet se ha colocado en la primera línea de batalla de la privacidad de los ciudadanos", comenta. "No es que hayan acaparado el mayor número de denuncias", puntualiza, "sino que de alguna manera ha constituído una gran parte del sentido de la agencia, que desde sus inicios hace década y media vigilaba ciertas realidades 'amenazantes' como las bases de datos eletrónicas"

Destaca que "Google, como el gran servicio de Internet, ha protagonizado una gran parte de los problemas sobre la privacidad, especialmente desde hace tres años y no sólo por su motor de búsqueda, sino por servicios como Street View".

Las redes sociales, especialmente Facebook, han constituido otro de los frentes de la AEPD, por "su extraordinario impacto en la privacidad y la protección de los datos personales".

Conflictos con Google
"Mantenemos un diálogo constante con Google, un espacio de colaboración necesario", puntualiza, y recuerda que existen dos frentes abiertos con el gigante de la Red. "En uno de ellos, concerniente a Street View, existe un expediente sancionador, suspendido a la espera de que se resuelva un proceso judicial".

El otro, la pugna que mantiene por el llamado 'derecho al olvido'. El buscador ha llevado a la Audiencia Nacional las sanciones de la AEPD, ya que, básicamente, considera que no corresponde al buscador eliminar contenidos en la Red. "Estoy convencido que el 'derecho al olvido' tiene un recorrido futuro extraordinario", a pesar de las dudas que existen al respecto, asegura Rallo.

Por último, Rallo destaca otros dos asuntos de los que se siente particularmente orgulloso en su labos como director de la AEPD. Por un lado, la elaboración de ciertos estándares internacionales de privacidad, fruto de la "cooperación internacional de agencas y autoridades", algo que, según él, debería seguir fomentándose.

Asimismo, recuerda que ha sido "muy positivo" el "afloramiento de los problemas derivados de la videovigilancia", un asunto sobre el que "queda aún mucho por regular". "Al menos, ahora la gente sabe que está siendo grabada en cada vez más lugares", comenta.

 

EL GOBIERNO APARTARÁ A ARTEMI RALLO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artemi Rallo no renovará su cargo de director general de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Fuente: El Economista (9/04/2011) Autor: A. Lorenzo
La exclusión se formalizó ayer a través del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designan los vocales de la referida agencia, y entre cuyos nombres no figura el del actual máximo responsable del ente público independiente. El régimen jurídico de la AEPD estipula que el director general del organismo será designado por el ministro de Justicia entre los 11 vocales de la entidad. Los nuevos representantes son Maritxell Batet, María Rosa Vindell, José Luis Rodríguez Álvarez, Santiago Abascal, Esther Mitjans, Iñaki Vicuña. Monika Serrano, Feliciano Barrios, Antonio Troncoso, Alejandro Perales y Belén Veleiro. Según ha podido saber El Economista, entre los candidatos a llevar las riendas de la AEPD destaca José Luis Rodríguez Álvarez, actual jefe del Gabinete del ministro de Justicia.  La AEPD tiene como principal cometido la vigilancia del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

OLEADA DE DENUNCIAS PARA BORRAR DATOS DE GOOGLE Y FACEBOOK

Crecen las reclamaciones de los ciudadanos y de la Agencia de Protección de Datos que piden que se elimine información en redes sociales o hemerotecas, mientras Europa y España cambian sus leyes. Fuente: Expansión (11/4/2011)
Europa vive la fiebre del derecho al olvido en Internet desde hace semanas. El pasado 16 de marzo, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció que antes del verano presentará una propuesta legislativa para protegerlo en las redes sociales.
El objetivo es que los usuarios puedan exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio. Además, el próximo 25 de mayo vence el plazo para que España se adapte a la Directiva de tratamiento de datos personales. La postura de la Agencia Española de Protección de Datos sobre estos asuntos es más conservadora que la de la UE, según muestra en sus resoluciones.
Ante este panorama, los equipos jurídicos de Google, Facebook, Microsoft y el resto de empresas afectadas preparan sus estrategias legales de cara a los pleitos pendientes que responden a sanciones de la Agencia y ante las demandas futuras que la entrada del derecho al olvido online en la agenda legislativa europea y española va a causar.
Los expertos consultados consideran que este derecho no está definido con claridad. Además del borrado de información que el propio ciudadano decidió colgar en una red social, también se está utilizando el concepto para demandar el control de los datos de terceros que aparecen en boletines oficiales o en hemerotecas online de periódicos.
En cualquier caso, Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird, recuerda que el actual marco normativo europeo ofrece mecanismos suficientes para concretar este derecho como el carácter revocable de todo consentimiento, el principio que garantiza la necesidad de suprimir o rectificar datos inexactos, los derechos a obtener del responsable del tratamiento, “la rectificación, supresión o bloqueo de los datos” y el derecho de oposición.
Javier Aparicio, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que su origen está en EEUU, donde un reducido número de sentencias han intentando sin éxito limitar la libertad de prensa que garantiza de forma absoluta la Constitución.
Sobre el gasto que supondrá para las empresas, Aparicio cree que “dependerá de a qué empresas afecte las modificaciones de los sistemas y en qué consistirán éstos; para Facebook probablemente suponga una inversión millonaria”. Además, añade que habría que plantear los gastos públicos en litigiosidad, de la Agencia y de tribunales, que pueden ser muy cuantiosos.
La UE y España
El próximo 25 de mayo concluye el plazo de transposición de la Directiva 2009/136/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la intimidad.
La transposición en España es a través de modificaciones en la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
La Agencia de Protección de Datos constata que crece por momento el número de ciudadanos que solicita que tutele sus derechos. Hay unas 90 resoluciones sobre derecho al olvido, 5 de ellas, alguna sobre Google, están en la Audiencia Nacional.

EL CORTE INGLÉS, SANCIONADO POR GRABAR A PERSONAS EN LA CALLE

La Audiencia Nacional confirma la multa que le impuso la Agencia de Protección de Datos por no evitar que sus cámaras de videovigilancia captaran la imagen de los transeúntes que pasan cerca del edificio. Fuente: Expansión (5/4/2011)

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 60.101,21 euros que la Agencia de Protección de Datos impuso a El Corte Inglés de Málaga por grabar con las cámaras ubicadas en su fachada exterior a los coches y personas que circulan por las vías públicas de las calles que demarcan el edificio.

La Agencia de Protección de Datos, tras la denuncia de un particular, realizó una inspección a la sede de los grandes almacenes en Málaga. Los inspectores comprobaron que las 8 cámaras que vigilan el exterior del edificio tienen un ángulo de giro de 360º y disponen de función de zoom. Las cámaras captaban imágenes de la vía pública en las que podía verse a personas físicas, identificadas o identificables, que circulaban por la acera, así como a los vehículos estacionados. Dichas imágenes se conservaban durante un máximo de siete días.

La Agencia procedió a sancionar a la entidad al considerar que la visualización de vehículos y transeúntes no estaba justificada e infringía la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues la grabación iba mucho más allá de lo “idóneo, adecuado y proprocional”.

El Corte Inglés recurrió la resolución de Protección de Datos ante la Audiencia Nacional, que acaba de fallar en contra de sus pretensiones.

En primer lugar, el tribunal reprocha a la entidad que trate de hablar de inexistencia de fichero. “Resulta gratutito”, asegura la sentencia pues, en este caso, se está ante un supuesto en el que es plenamente aplicable la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Esta afirmación la realiza la Sala teniendo en cuenta que las imágenes se almacenan durante 7 días en un fichero denominado Videovigilancia, del que es responsable El Corte Inglés y que ha sido inscrito en el Registro General de la Agencia.
Por otra parte, la resolución resalta la importancia de la comunicación que el director de seguridad de la compañía dirigió al Ministerio del Interior solicitando que se le concediera autorización administrativa para grabar imágenes en la vía pública, en todos y cada uno de los centros comerciales que tiene en el territorio español.

Según alegaban, la finalidad era prevenir la comisión de delitos y, en caso de que éstos se produjeran, poder utilizar dichas grabaciones para identificar a los autores.

La respuesta de Interior fue “clara”, según dice el tribunal, y en ella se decía que no “existe amparo jurídico” para instalar videovigilancia en esos terminos, pues la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A juicio de la Audiencia Nacional, la entidad, a pesar de que conocía las limitaciones existentes para la grabación de imágenes en vías públicas, no adoptó las precauciones precisas para evitar que dicha grabación se produjera.
Por consiguiente, la Sala estima que El Corte Inglés “debe hacerse responsable de dicho exceso en la grabación producida por las cámaras que estaban, eso sí, correctamente instaladas”.

Finalmente, el tribunal afirma que la sanción impuesta es proporcionada pues siendo grave se ha fijado en el mínimo posible. Y, razona, que no cabe rebajarla al no apreciarse una cualificada disminución de la culpabilidad.
En opinión de los magistrados de la Sala, “se ha producido daño a los transeúntes que se han visto indebidamente grabados”.

Tampoco cree la sentencia que la entidad pueda justificar “una grabación indiscriminada en zonas en las que no está autorizada la grabación”, amparándose en una situación de inseguridad por el alto numero de hechos delictivos que se producen en las entradas y salidas del establecimiento.
El Corte Inglés ha declinado hacer declaraciones sobre esta sentencia.
(Audiencia Nacional, 10/02/2011, Rº 95/2010).