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GOOGLE DEFENDERÁ EN LA AUDIENCIA NACIONAL SU DERECHO A ENLAZAR

Se trata de la primera demanda del buscador contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una serie de resoluciones en las que se obliga al buscador a eliminar enlaces a sitios con contenidos potencialmente injuriosos.

Concretamente, este caso engloba cinco resoluciones -cuatro acerca de datos que aparecían en boletines oficiales, y una quinta referente a una noticia aparecida en el diario El País-, aunque fuentes del buscador afirman que la compañía tiene abiertos recursos contra 69 resoluciones de la AEPD. Otras 24 están pendientes de recurso o de una decisión de la AEPD.

Estos casos se remontan a hace dos años y medio, y prácticamente todos tienen que ver con denuncias de ciudadanos particulares por información o datos sobre ellos que aparecen en la Red expuestos en sitios de lo más variopinto, como medios de comunicación, blogs, boletines oficiales...

Mientras que algunas peticiones se realizan directamente a la fuente original de publicación de esos datos, otras se realizan directamente a Google, que normalmente rechaza eliminar el enlace de su índice si la fuente original no elimina dicha información. "No podemos ser los censores de Internet, nosotros nos limitamos a reflejar de forma exhaustiva el contenido en Internet, lo que existe de verdad en la Red, que es lo que esperan nuestros usuarios", comentan desde la compañía.

Este tipo de denuncias terminan en la AEPD, que mantiene abiertos contra Google España S.L. 93 procedimientos por las negativas de la compañía a eliminar enlaces a contenidos que los particulares demandantes consideran perjudicial u ofensivo.

Google está respondiendo a las resoluciones de la AEPD, que le ordenan eliminar esos contenidos de su índice, con recursos contencioso administrativos. "Nosotros queremos cumplir, y estamos comprometidos con eliminar los enlaces y borrar del índice y de la caché de Google cualquier contenido denunciado, siempre y cuando la fuente original también lo retire", aseguran en la firma.

Fuentes internas de la compañía se lamentan de que la AEPD emita resoluciones que obligan a Google a eliminar datos, mientras que a las fuentes originales a menudo sólo 'recomienda' su retirada o bloqueo.

Colisión de derechos

La AEPD se justifica diciendo que se obliga a Google a borrar los enlaces y los datos "cuando existe una colisión con otro derechos", como el de libertad de información o notificación pública.

Concretamente, en estos casos y según la AEPD, se pide a Google la retirada de esos datos de su índice y de su caché porque las fuentes originales están amparadas por otros derechos. En el caso de los medios de comunicación, por el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución, mientras que en el caso de los boletines, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

"Todo esto tiene que ver con el 'derecho al olvido', un concepto que la AEPD desarrolla desde hace tiempo. Muchas quejas de ciudadanos se refieren a ver su nombre en Google vinculado a datos antiguos o resoluciones judiciales al teclear su nombre en Google. Obviamente no tiene la misma difusión la publicación en un boletín oficial que su reflejo en el índice de buscador", comentan fuentes de la AEPD.

El buscador recuerda que los sitios disponen de tecnología para evitar que determinados contenidos aparezcan en buscadores, como el estándar robots.txt (Estándar de Exclusión de Robots), un protocolo para prevenir que los contenidos en la Web sean incluidos en los índices de los buscadores de forma automática.

La posición oficial de Google ha sido difundida en una nota firmada por Peter Barron, director de relaciones externas de la firma para Europa.

"Exigir que los intermediarios como los motores de búsqueda que censuren el material publicado por otros que tienen un efecto profundo y negativo sobre la libertad de expresión, sin que se proteja la privacidad de las personas", afirma Barron, quien se muestra "decepcionado por la actuación del regulador español de privacidad", y recuerda que las leyes españolas y europeas sostienen que quien publica contenidos es el responsable de los mismos.