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"ESTAMOS EN UN MOMENTO CRÍTICO PARA LA PRIVACIDAD"

El bochorno dibuja una tarde asfixiante y el mercurio ajusta cuentas con el meteorólogo que vaticinó que el verano pasaría de largo en el sur de Europa. Al abrigo del climatizador de su despacho, José Luis Rodríguez Álvarez disecciona los muchos frentes del caliente tira y afloja que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que dirige mantiene con Google desde tiempo atrás y que les ha hecho encontrarse en la arena judicial en más de una ocasión. «Estamos en un momento crítico para la privacidad», afirma Rodríguez, mientras destaca la importancia de la nueva normativa comunitaria que prepara la Comisión y que próximamente verá la luz. «La anterior data del año 95 y está sufriendo el paso del tiempo. El mecanismo de tutela ha sido erosionado por el continuo desarrollo de nuevas tecnologías, el fenómeno de la globalización y el de internet», agrega.
El último episodio de este pulso sucedió hace dos semanas en Luxemburgo. A raíz de una serie de cuestiones elevadas a la Justicia europea por parte de la Audiencia Nacional, Niilo Jääskinen, abogado general de la UE, hizo públicas sus recomendaciones en las que, entre otras cosas, se posicionó en contra de un 'derecho al olvido' de carácter general. Aunque en ocho de cada diez ocasiones los magistrados suelen coincidir con estos criterios, Rodríguez pide esperar a la sentencia que podría conocerse en el mes de septiembre e indica que en la AEPD tampoco son partidarios de que esta materia se articule de una manera «genérica»: «Debe comprender solo la difusión de informaciones personales que no tengan relevancia pública, no tengan actualidad, no sean de interés general». Este principio, asegura, debe ser limitado y convivir con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de información.
«Sin embargo, esto no alcanza a conocer que una persona sea portadora de una enfermedad, tenga una discapacidad, sea víctima de maltrato... Y no alcanza tampoco a conocer un delito menor indultado hace quince años y que al meter en internet el nombre de esa persona se pueda encontrar esa información», enumera con insistencia. «Aunque la publicación inicial pueda ser legítima lo que no lo es en estos casos es la difusión universal que hacen los buscadores», afirma. «También estamos denegando peticiones. Muchísimos afectados en procesos de corrupción están acudiendo a la agencia pidiendo el derecho al olvido y las negamos sistemáticamente», remacha negando la posibilidad de que esto se convierta en una especie de 'barra libre'.
Habla cargado de prudencia y sosiego del mismo modo que internet lo hace cargado de unos y ceros. Sobre la posición de la compañía de Mountain View, que en más de una ocasión ha sugerido que retirar esos enlaces sería algo parecido a la censura, dice que recurrir a ese término es utilizar una «palabra gruesa». «La censura se usa en regímenes no democráticos para, desde el poder, cercenar derechos. Aquí estamos tratando de defenderlos», sostiene.
Lo que Rodríguez sí comparte con Jääskinen es el criterio de que Google debe regirse por la normativa comunitaria para actuar a este lado del Atlántico aunque su cuartel general esté en California. «Se trata de que las empresas europeas y las no europeas que tratan datos personales de europeos tengan las mismas reglas de juego», sostiene. Y trasladado al lado de los particulares, esto supondría también «tener los mismos derechos». «De no ser así», continúa, «todos los usuarios europeos estarían desprotegidos. La única fórmula sería ir a reclamar a Estados Unidos. Además de la carga que supone, en aquel país no se permite el acceso a la justicia a los no residentes, por lo que cualquier vía quedaría cerrada».
Expediente sancionador
Si los tribunales comunitarios dictaminan finalmente que Google y el resto de multinacionales tecnológicas deben regirse por la ley europea, esto podría sentar un precedente importante para combatir el conocido como 'sándwich holandés' y demás técnicas de arquitectura financiera para evitar tributar en aquellos países donde operan y hacerlo en paraísos fiscales donde les resulte más asequible. «Parece que es cierto que las empresas que son reticentes a la normativa de protección de datos son reticentes a cumplir otras normativas como la fiscal», opina.
Tras una petición firmada por los Veintisiete miembros de la Unión que fue ignorada por Google, el pasado mes de junio, España, junto a otros países europeos, inició un proceso sancionador por los cambios de la política de uso que entraron en vigor hace más de un año con la que unificó las condiciones de más de 60 de sus servicios. Rodríguez, quien denuncia la «falta de transparencia» de estos entes, cuenta que, tras una investigación coordinada por las autoridades galas, hay indicios de que el buscador almacena una «desproporcionada cantidad de datos» mayor que la necesaria para prestar el servicio y por más tiempo de lo permitido.