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LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA A LA ANTIGUA CÚPULA DEL HSBC

Un día después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicara la imputación de siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas por presuntos delitos continuados de blanqueo de capitales, el magistrado dictó otro auto en el que imputa también a las personas que conformaban la cúpula de la división de banca privada del banco suizo HSBC en 2006 y 2007 por los mismos delitos, además de por presunta organización criminal. Ambas investigaciones se producen en el marco del llamado caso Falciani que destapó nombres de presuntos evasores fiscales con cuentas en el banco suizo.

De la Mata declaró la condición de investigados a siete personas vinculadas con la entidad suiza. Se trata de Peter Widmer, presidente del consejo de administración del HSBC Banca Privada, además de los consejeros delegados en 2006 y 2007 -Clive Bannister y Christopher Meares, respectivamente- y a otros cuatro directivos de la entidad: Beatriz Sánchez, Piere-Alain Sigg, María Sánchez y Didier Péclard. Los imputados conocerán la decisión del juez a través de una comisión rogatoria a Suiza.

Los hechos investigados, que forman parte de una pieza separada dentro del caso Falciani bautizada con el nombre de Pieza Separada Entidades, advierten una presunta colaboración del HSBC en la salida y repatriación del dinero depositado en el banco "con la intención de ocultarlos al erario público español" por personas investigadas en este caso por presuntos delitos contra la Hacienda pública.

Dicho esto, el magistrado señala al Santander y a BNP Paribas como las entidades a través de las cuales el HSBC realizaba las operaciones de presunto blanqueo. De la Mata advierte de que, aunque los datos que aportó el informático Hervé Falciani de presuntos evasores fiscales corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008, "la repatriación" de los fondos a España "podría continuar en los años posteriores".

La investigación se centra en transferencias de dinero ordenadas por los clientes del HSBC, pero "no en efectivo". En este caso, De la Mata no pasa por alto el hecho de que el banco suizo advirtiera a sus clientes de "los riesgos de cruzar la frontera con importantes sumas en efectivo".

El juez resalta que "existen a través de cuentas del HSBC en Banco Santander y BNP Paribas sobre las que a juicio de los peritos [en referencia a los inspectores del Banco de España que investigaron los hechos] existen indicios para ser sospechosas de blanqueo de capitales".

El magistrado detalla la operativa que el HSBC mantenía con el Santander y con BNP para hacer llegar a España los fondos de clientes del HSBC. Precisamente, describe que el proceso se hacía a través de la llamada cuenta nostro que el banco suizo tenía tanto en las dos citadas entidades, con transferencias donde no figuraban ni el ordenante ni el beneficiario.

Los hechos investigados, que se remontan a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2013 tras la aportación de los datos de los presuntos evasores por Falciani, revelan que "hay numerosos indicios de que el grupo HSBC ha venido realizando banca privada en España por personas no vinculadas a la sucursal en España de HSBC".

Los peritos que investigan el caso admitieron que el banco suizo "está preparado para la ocultación del patrimonio y datos sensibles de sus clientes". En este sentido, apuntaron la existencia de sociedades pantalla en paraísos fiscales "facilitadas activamente por los gestores del banco". De la Mata destaca cómo el HSBC aportaba "estructuras bancarias" a sus clientes, para después canalizar "el ocultamiento de fondos y patrimonios de personas físicas y jurídicas con obligación de contribuir en España".

El juez señala la existencia de "intermediarios financieros" o "gestores" para hacer "tareas de captación de clientes" y asesorarles, además de actuar como "vehículos que facilitarían tanto el movimiento de capitales como su propia ocultación". De esta manera, el movimiento de dinero se haría "de manera opaca y segura". La investigación llegó a identificar a los "gestores" vinculados a personas que cometieron un presunto delito contra la Hacienda pública en 2007.