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PROTECCIÓN DE DATOS INVESTIGA EL CENSO DEL 1-O

Este organismo explica que los hechos recogidos en una denuncia ciudadana presentada el pasado día 8 podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en relación con ficheros y tratamientos de datos. Por ese motivo, dentro de las diligencias previas abiertas ha reclamado ya información al Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o de ayuntamientos de Cataluña.
Además, la Agencia ha trasladado la denuncia recibida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, competente para investigar y en su caso declarar infracciones respecto de ficheros creados o gestionados por los organismos públicos de Cataluña, incluida la Generalitat. La Agencia pide a este organismo que le comunique toda la información que pudiera obtener a raíz de la tramitación de la denuncia remitida. En particular, la que obtuviese en relación con el origen de los datos, a fin de incorporarla a las actuaciones previas de investigación anteriormente mencionadas.
Junto a la denuncia, la AEPD remite a la autoridad catalana un informe sobre el posible acceso a diversos ficheros para crear el censo catalán. El informe concluye que "la elaboración por la Generalidad de Cataluña de un censo electoral para la celebración del referéndum [...] supondría una tratamiento de datos contrario a la Ley Orgánica de Protección de Datos".
Sanciones de hasta 600.000 euros
Explica que se trataría de un acceso ilícito tanto por contravenir las resoluciones del Tribunal Constitucional como por lo regulado en el ámbito de la protección de datos. En concreto, las conclusiones especifican la ilicitud de usar los datos provenientes de la Oficina del Censo electoral, de los padrones municipales, del registro poblacional de Cataluña y del registro de catalanes en el exterior. También sería contrario a la ley la utilización de datos tributarios, de la Seguridad Social o del Servicio Catalán de Salud.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que se remiten tanto la AEPD como la Autoridad Catalana, establece sanciones de hasta 600.000 euros de multa para el caso de infracciones muy graves. Además, indica que en el caso de tratarse de archivos públicos -como es el caso-, también se puede proponer la puesta en marcha de actuaciones disciplinarias conforme a la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas. Esta norma contempla, para el caso de faltas muy graves, la separación del servicio del infractor, lo que supone la pérdida de la condición de funcionario.