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Protección de Datos sanciona al Pacte del Ayuntamiento de Palma por el 'espionaje' a la oposición

Casi un año ha tenido que pasar desde que los dos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Palma, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) denunciaran ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)el rastreo informático del uso de la tarjeta de estacionamiento público de los 13 concejales de estas dos formaciones en Cort ordenado por el presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP) y concejal de Movilidad, Joan Ferrer. Y fue ayer el propio edil el que, en rueda de prensa, dio a conocer la apertura de un expediente sancionador a la dirección de la empresa municipal con la imposición, en primera instancia, de una multa de 24.000 euros por estos hechos. Aunque técnicos de la SMAP y de las empresas contratistas de esta compañía, así como altos cargos del departamento de Movilidad disponían de la misma tarjeta que habilita el acceso de forma gratuita a todos los aparcamientos municipales, Ferrer solo ordenó rastrear el uso que los ediles de la oposición hacían de la misma. La tarjeta entregada por la SMAP es electrónica y en ella se incluían los datos personales del titular. Es por ello que en los sistemas informáticos de la empresa municipal quedaban anotados los movimientos, entradas y salidas de los citados aparcamientos públicos.
Se da la circunstancia de que estos pases personales para los vehículos particulares de los ediles de PP y Cs se les entregaron a éstos sin contrato ni condicionante de uso alguno. Sin contar con orden judicial alguna el concejal de Movilidad, primero ordenó el rastreo informático de los vehículos de los 13 ediles y decidió retirársela porque habrían hecho un uso no adecuado, bajo el criterio del edil, como, por ejemplo, su uso diario.
Junto a ello, y tal y como relataba la denuncia presentada por el grupo municipal de Cs a este organismo independiente relacionado con el Ministerio de Justicia «un diario local» (en concreto DM) «publicó una noticia en la que aparecía reflejado que el citado presidente de la SMAP había solicitado que se revisaran los ficheros de la empresa a fin de determinar el uso que hacían los concejales de la oposición de las citadas tarjetas, «haciendo público el número de movimientos realizados en los aparcamientos por cada concejal de la oposición titular de una tarjeta así como el lugar en el que estacionaban sus vehículos».
Ayer en rueda de prensa, y pese a la apertura del expediente sancionador, el edil optó por defender su actuación recordando que la decisión de la SMAP «se tomó tras comprobar que las tarjetas se habían utilizado no por cuestiones que se podían relacionar con el trabajo como concejal, si no a horas intempestivas y, incluso, durante días». «Los usos que se hacía iban más allá de la honorabilidad y de la racionalidad», afirmó Ferrer según el comunicado realizado por el Consistorio palmesano. Por ello ya advirtió que la SMAP «estudia presentar alegaciones a la decisión de la AEPD de iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa municipal». La reacción de las dos formaciones de la oposición no se hizo esperar. En declaraciones a este diario el portavoz de Cs en Cort, Josep Lluís Bauzá, precisó que la denuncia realizada por su partido ante la AEPD «está puesta contra el concejal Joan Ferrer y la sanción y el importe de la multa es a su persona no contra el Ayuntamiento de Palma porque fue él, el que reveló públicamente datos de la vida privada de los concejales de la oposición con horas de entrada y salida de los aparcamientos».
En la misma línea desde el PP su portavoz, Marga Durán, instó al edil socialista «a pagar la sanción de su bolsillo y dimitir de inmediato por haber proporcionado datos privados, además de erróneos de la oposición». En este sentido, calificó de «inaceptable que los ciudadanos de Palma tengan que pagar de su bolsillo una multa por la persecución política de Ferrer hacia los regidores del PP». En este sentido precisó que «nunca un regidor del PP ha hecho uso fraudulento de las tarjetas del SMAP. La realidad es que para justificar la decisión de retirar las tarjetas y hacer daño a la oposición se acusó falsamente a regidores del Partido Popular».