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PROTECCIÓN DE DATOS MULTA AL SINDICATO DE POLICÍAS Y BOMBEROS POR NO REGISTRAR SUS FICHAS

La Agencia Española de Protección de Datos considera una "infracción grave" el tratamiento de los datos personales de decenas de policías locales y bomberos de la ciudad de Alicante por parte del sindicato profesional al que están afiliados. A primeros de

Según la normativa vigente, toda persona o entidad que cree un fichero de datos de carácter personal tiene la obligación de notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Además, la entidad que disponga de este tipo de datos debe solicitar la inscripción de este fichero en el Registro General de Protección de Datos. Una obligación que sin embargo, tal y como ha detectado al agencia española no ha cumplido el sindicato municipal.

La falta, considerada como grave, dado además el carácter de los asociados al sindicato, todos ellos policías locales y bomberos alicantinos, conlleva una sanción económica de entre 601,01 y 60.101,21 euros de multa al considerar que le tratamiento no es el correcto.

Además de la multa económica, el ente nacional le da un plazo de quince días para normalizar la base de datos de sus afiliados, dándola de alta en el registro general de protección de datos y para presentar alegaciones. Aunque no cabe recurso contra la decisión los responsables del sindicato con representación en el Ayuntamiento de Alicante, pueden alegar o, como recoge el procedimiento sancionador "reconocer voluntariamente su responsabilidad".

No es la primera vez que la Agencia Española de Protección de Datos sanciona al Ayuntamiento. Hace ahora dos años un funcionario municipal, S. Y., se enteró por los medios de comunicación que iba a ser sancionado de empleo y sueldo antes de que el propio Ayuntamiento le informara de su expediente.

Alguien que tuvo acceso al expediente sancionador abierto contra el funcionario lo filtró a la prensa. El funcionario sancionado, molesto por encontrar detalles personales en la prensa, denunció el caso al organismo estatal que sancionó al Ayuntamiento de Alicante y le amenazó con inmovilizar los ficheros municipales si en un plazo de un mes no mejoraba la protección de los datos personales de sus propios funcionarios. Ahora, la sanción y el apercibimiento es para el sindicato municipal de policías locales y bomberos.

El sindicato que ahora es sancionado por no cuidar los datos de sus afiliados fue, hace algo más de un año, el mismo que denunció al Ayuntamiento de Alicante por filtrar datos personales de cuatro agentes, afiliados suyos, que fueron sancionados. Entonces los agentes eran objeto de una investigación municipal por parte de la Concejalía de Personal. Los cuatro agentes de la Policía Local, como en el caso anterior, se enteraron de su sanción y de otros datos personales, también por la prensa.

El Ayuntamiento de Alicante fue sancionado por no proteger los datos personales de los funcionarios municipales. Ahora es el propio sindicato quien deberá cuidar más los datos de sus afilados si no quiere que la agencia le inmovilice los ficheros de los funcionarios adscritos a este sección sindical.

CONDENAN A UN HOSPITAL POR FACILITAR DATOS DE UNA PACIENTE QUE SE UTILIZARON EN UN DIVORCIO

La Agencia de Protección de Datos considera muy grave la actuación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro sanitario deberá adoptar las medidas oportunas de orden interno para que no se produzcan este tipo de infracciones. Fuente: ABC (
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid al entender acreditado que facilitó al ex marido de una paciente datos relativos a sus ingresos por motivos de salud que luego fueron utilizados por el primero durante el proceso de separación con el fin de lograr la custodia del único hijo de ambos, menor de edad. En su resolución, que pone fin a la vía administrativa emprendida por la denunciante, el director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte, entiende que el citado centro cometió sendas infracciones de lo dispuesto en los artículos 10 y 9 de la Ley Orgánica 15/1999, tipificadas como muy grave y grave, respectivamente. Aunque para este tipo de infracciones se estipulan importantes sanciones económicas, en el presente caso el desliz cometido por el Hospital Clínico ha quedado reducido al requerimiento para que «adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro puedan producirse nuevas infracciones». Los hechos hacen referencia a la denuncia que la afectada, una vecina de un pueblo de Valladolid, interpuso ante el referido órgano el día 9 de mayo de 2006 a raíz de que su ex esposo, con quien dirimía por aquel entonces la custodia del hijo, logró que el Clínico le facilitara varios certificados de ingresos de la denunciante en el centro por motivos de depresiones así como un justificante de Urgencias, que el cónyuge utilizó, sin éxito, ante distintas instancias judiciales con el fin de que el menor quedara a su cargo ante la incapacidad de ella. Desde el centro sanitario se alegó la inexistencia de normativa que regulara la emisión de justificantes. Se añadía que tales justificantes son solicitados verbalmente en la ventanilla de información o de urgencias y que para emitirlos se indaga sobre la relación del solicitante con el paciente, ya que suelen ser solicitados por los familiares para presentarlos al médico de cabecera o ante la empresa para justificar la licencia por enfermedad.

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA AEPD

'No tenemos un afán económico en las sanciones, aunque a veces se diga' El director del organismo, Artemi Rallo, apuesta por la prevención frente a la represión, aunque reconoce que con las sanciones que se han impuesto hasta ahora se ha realizado una lab

Tras cuatro meses al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo (Castellón, 1965), tiene muy claro que la mejor forma de extender el cumplimiento de la normativa de protección de datos es a través de acciones preventivas y no represoras. 'Es el momento de dar un salto cualitativo para que el cumplimiento de las leyes que nos afectan en esta materia no se sustente en sanciones impuestas por la Ley', apunta Rallo en una entrevista con EXPANSION.
Para este catedrático de Derecho Constitucional, 'las sanciones a empresas han jugado un papel pedagógico muy importante en los sectores económicos, pero es necesario aumentar la prevención'.

Este cambio de tendencia supone un balón de oxígeno para las empresas, ya que la gran mayoría de las multas que impone el organismo son ratificadas por los tribunales. 'El 80% de las sanciones que impone la Agencia y que son recurridas ante la Audiencia Nacional son confirmadas por el tribunal', advierte Rallo, aunque aclara, que 'no nos mueve un interés recaudatorio, aunque en ocasiones así se argumente. Es más continúa es habitual que las sanciones que imponemos se fijen en la nivel más bajo de cada uno de los grados de las infracciones [muy graves, graves o leves]'.

Reglamento

Rallo hace estas declaraciones mientras el Ministerio de Justicia da los últimos retoques al reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), en trámite desde 2005 y del que 'hasta donde yo sé, apunta el Ministerio de Justicia quiere remitir al Consejo de Estado en pocos semanas, si es posible días'.
Entre sus muchas exigencias, el reglamento extiende las medidas de seguridad que ya existían para los ficheros electrónicos a los documentos en papel, 'lo que puede tener una especial trascendencia en las pymes', asegura.
Según Rallo, 'la Agencia no tiene intención de aprovechar la entrada en vigor de la norma para iniciar una persecución sobre las entidades que la infrinjan. Queremos contribuir, en los tiempos de adaptación que estipula el real decreto, a que las empresas se adapten. No creemos que habrá demasiado problemas para ellos, ni costes excesivos'.
Dentro de esta labor preventiva, la Agencia está preparando un plan trianual de inspecciones de oficio por sectores pero 'con filosofía preventiva y en colaboración con los sectores implicados.
No vamos explica a la búsqueda de imponer sanciones, sino de detectar comportamientos infractores que se puedan solucionar', puntualiza el director de la Agencia. Este proyecto supone un cambio de tendencia ya que 'en los últimos años estas actuaciones habían decaído, predominando las inspecciones de parte, las que se efectúan previa denuncia del afectado'.
Aunque todavía no han seleccionado los sectores en los que se centrará este plan, Rallo comenta que las empresas de seguros y de telecomunicaciones, por ejemplo, 'requieren mucha interlocución con la Agencia debido a la gran cantidad de dudas que tienen a la hora de implementar sus proyectos y servicios de acuerdo a la LOPD'.
El objetivo final de estas inspecciones pactadas es 'elaborar guías de buenas prácticas para los sectores que han sido analizados', concluye.

Carta de intenciones

'El cumplimiento de la LOPD no se puede sustentar sólo en sanciones'.
'Crearemos un plan trianual de investigaciones de oficio por sectores con la colaboración de las empresas'.'El objetivo del plan es elaborar guías sectoriales de buenas prácticas para las empresas'.

El 80% de las multas que impone la Agencia son ratificadas por la Audiencia Nacional'

ARTEMI RALLO RECIBE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE ASIMELEC

El nuevo Director de la AEPD, Artemi Rallo, ha procedido a recibir a los respresentantes de la Comisión de Seguridad de ASIMELEC, representada por el Presidente de ASIMELEC Martín Pérez, José Helguero y Francisco Lara. Fuente: ASIMELEC (22-06-2007)
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El nuevo Director de la AEPD, Artemi Rallo, junto a un equipo formado por Jesús Rubí (Adjunto al Director),  Agustín Puente (Abogado del Estado) y Carlos Vaquero (Jefe del Área de Ficheros Públicos) ha procedido a recibir a los respresentantes de la Comisión de Seguridad de ASIMELEC,  representada por el Presidente de ASIMELEC Martín Pérez, el vocal de la subcomisión de legislación José Helguero (Director Gral. de HELAS CONSULTORES) y Francisco Lara (asesor jurídico de ASIMELEC).

En la reunión se abordaron temas de máxima actualidad como son el borrador del Reglamento de Medidas de Seguridad, el nuevo modelo de Transferencia Internacional de Datos, junto con una propuesta de colaboración entre la AEPD y ASIMELEC, que se podrá plasmar en un Convenio de Colaboración entre ambos organismos.

El Presidente de ASIMELEC expreso su preocupación por algunos aspectos del nuevo Reglamento de Medidas de Seguridad, y de las graves repercusiones que podrá tener en las empresas asociadas a ASIMELEC, si se aprueba en su redacción actual.

 

 

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS YA TIENE NUEVO DIRECTOR

Artemi Rallo tomará posesión de su cargo mañana. Artemi Rallo fue nombrado consejero de la AEPD en Navidad, a instancia de Juan Fernando López Aguilar . El Consejo de Ministros del viernes dio el 'si' definitivo al nombramiento de Artemi Rallo como nuevo

Después de superar el trámite de la comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para exponer la ausencia de conflicto de intereses como candidato del Gobierno a dirigir la Agencia, la aprobación del Consejo de Ministros era ya el único paso que faltaba para hacer definitivo su nuevo cargo. El acto de control parlamentario es una novedad introducida por el artículo 2 de la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, como garantía de su necesaria independencia.
La Comisión del Congreso votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas un dictamen favorable para Artemi Rallo. Sin embargo, desde el Grupo Popular en el Congreso se ha denunciado que, aunque no existen conflictos económicos por parte de Rallo para ejercer el cargo, sí existe una falta de independencia política.
Según Carmen Matador, diputada del PP, ésta es la primera vez que el director de la Agencia de Protección de Datos es nombrado sin que se haya alcanzado un consenso previo con las diferentes formaciones políticas. El hasta ahora director de la Agencia, José Luis Piñar, 'un profesional independiente que no estaba ligado a ningunas siglas políticas' fue elegido después de que los partidos se pusieran de acuerdo, 'en aquélla ocasión siendo Diego López Garrido, portavoz socialista en la oposición, con quien se consensuó', recuerda Matador.
El nuevo director tiene a sus espaldas un perfil político del que carecían sus predecesores. Rallo ha sido diputado del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas por Castellón durante ocho años, en la II y III Legislaturas (1987-1995). En la Comisión del Congreso ha declarado que va a pedir la suspensión de militancia en el Partido Socialista mientras ejerza su nuevo cargo.
En lo que se refiere a su trayectoria profesional, hasta su actual nombramiento ha desempeñado el cargo de director general del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia (2004-2007). Además, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón, y su actividad investigadora se ha desarrollado en centros internacionales.