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LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS INVESTIGA LA LEGALIDAD DE LAS ESCUCHAS

El moderno software es utilizado hoy por Policía, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para pinchar teléfonos y acceder a una serie de datos asociados al tráfico de los terminales bajo una dudosa cobertura legal.

A pesar de haber estado operando durante cinco años —uno de ellos sin marco normativo y dos con una legislación insuficiente, según el Tribunal Supremo—, ningún organismo ha investigado su funcionamiento hasta que LA GACETA ha revelado cómo se llevaban a cabo las escuchas. El secretismo con que ha operado desde que los inicios en 2004 —nunca se ha anunciado públicamente su puesta en marcha ni se han nombrado responsables de los centros facultados— ha hecho que funcione al margen de la opinión pública y de los organismos de control competentes. Desde el punto de vista de la protección de datos, con Sitel y la interceptación de llamadas existen varios aspectos conflictivos.

De policía a juez

El artículo 89.2 del RD 424/2005 obliga a las operadoras de telefonía a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten —y sin necesidad de contar con una autorización judicial— datos personales que están en manos de las compañías. Entre ellos, la posición geográfica de los interlocutores, su DNI, pasaporte, código de identificación fiscal (si es persona jurídica) o tipo de contrato. Se trata de datos considerados personales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que requerirían de orden judicial para acceder a ellos. La ley española, por lo tanto, en este punto entra en colisión con la jurisprudencia europea y otorga al policía funciones propias de un juez. "La Agencia podría opinar sobre esta normativa", entiende la abogada especialista en protección de datos Ofelia Tejerina, "sobre el hecho de que se esté permitiendo el tratamiento de datos personales sin la garantía judicial que la Constitución exige para salvaguardar derechos fundamentales". Para Tejerina, "si los policías actúan antes de la orden, es evidente que lo hacen al margen de la autoridad judicial".