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LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS YA TIENE NUEVO DIRECTOR

Después de superar el trámite de la comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para exponer la ausencia de conflicto de intereses como candidato del Gobierno a dirigir la Agencia, la aprobación del Consejo de Ministros era ya el único paso que faltaba para hacer definitivo su nuevo cargo. El acto de control parlamentario es una novedad introducida por el artículo 2 de la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, como garantía de su necesaria independencia.
La Comisión del Congreso votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas un dictamen favorable para Artemi Rallo. Sin embargo, desde el Grupo Popular en el Congreso se ha denunciado que, aunque no existen conflictos económicos por parte de Rallo para ejercer el cargo, sí existe una falta de independencia política.
Según Carmen Matador, diputada del PP, ésta es la primera vez que el director de la Agencia de Protección de Datos es nombrado sin que se haya alcanzado un consenso previo con las diferentes formaciones políticas. El hasta ahora director de la Agencia, José Luis Piñar, 'un profesional independiente que no estaba ligado a ningunas siglas políticas' fue elegido después de que los partidos se pusieran de acuerdo, 'en aquélla ocasión siendo Diego López Garrido, portavoz socialista en la oposición, con quien se consensuó', recuerda Matador.
El nuevo director tiene a sus espaldas un perfil político del que carecían sus predecesores. Rallo ha sido diputado del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas por Castellón durante ocho años, en la II y III Legislaturas (1987-1995). En la Comisión del Congreso ha declarado que va a pedir la suspensión de militancia en el Partido Socialista mientras ejerza su nuevo cargo.
En lo que se refiere a su trayectoria profesional, hasta su actual nombramiento ha desempeñado el cargo de director general del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia (2004-2007). Además, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón, y su actividad investigadora se ha desarrollado en centros internacionales.