TOP

AMONESTAN A LA GUARDIA CIVIL POR OLVIDAR DATOS DE OPERACIONES EN EL ORDENADOR DE UN 'NARCO' PROTECCIÓN DE DATOS CONSIDERA QUE COMETIÓ UNA «INFRACCIÓN MUY GRAVE», PERO NO LE IMPONE MULTA

Porque en este caso hay varias partes afectadas. La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación en diciembre de 2005. Todo tras la denuncia de EL MUNDO, en la que se desvelaba que la Guardia Civil había olvidado informes confidenciales de narcos en un ordenador que se le devolvió a un contrabandista.

Es una «infracción muy grave», que no acarrea multa pero sí una clara y seria advertencia. Además, la Agencia requiere a esta misma institución «que adopte las medidas de orden interno que impidan que en un futuro pueda producirse una nueva infracción» similar a la que ahora ha sido sancionada. La resolución la firmó el director del ente, Artemi Rallo, el pasado 14 de abril, y ahora ha sido notificada a las partes afectadas.

El dueño del ordenador había sido detenido en 2001 por el servicio fiscal de la Guardia Civil de Tarragona en el marco de la llamada operación Mediterráneo, contra una trama de contrabando. Joaquín fue uno de los detenidos. Se le intervino un ordenador de sobremesa y otro portátil, además de otros enseres. Fue condenado a un año de cárcel como cómplice de un delito contra la salud pública. Cumplió su condena y, tras una difícil carrera judicial, en 2005 logró que la Guardia Civil le devolviera sus ordenadores. Y fue en ese momento cuando comprobó que su portátil había sido utilizado durante aquel tiempo por el Instituto Armado; en concreto, por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería. Joaquín denunció los hechos ante la Justicia. En su ordenador había gran cantidad de fotografías de seguimientos policiales y de detenidos; resúmenes sobre intervenciones telefónicas... Entre otra documentación, en el portátil había datos muy precisos de varias operaciones de la Guardia Civil contra tramas dedicadas al narcotráfico.

La Agencia de Protección de Datos abrió ese mismo año una investigación y pidió explicaciones al Instituto Armado. En su resolución detalla los pasos seguidos para comprobar la denuncia. Los representantes de la Comandancia de Almería admitieron a la Agencia que el material informático incautado a este contrabandista estuvo en su poder. La Guardia Civil «tenía intención de solicitar de la autoridad judicial» permiso para utilizar provisionalmente los ordenadores.

En su descargo, la Guardia Civil aseguró a la Agencia que realizó «un formateado lógico del contenido de los discos duros» antes de devolver los ordenadores. Sí certificó que los datos que figuraban en el ordenador se correspondían a los que obraban en causas judiciales.

La Agencia decidió en octubre del año pasado iniciar un procedimiento sancionador contra la Guardia Civil, que culmina ahora. Recuerda que la ley dispone, en su artículo 10, que «el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional». Y ésta es la acusación contra la Instituto Armado. «Se trata de una información que no puede ser facilitada a terceros. Queda acreditado que, por parte de la Guardia Civil, se vulnera el deber de secreto garantizado por la ley al haber posibilitado que un tercero tuviese acceso a datos personales sin el consentimiento de los afectados».