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EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA VULNERA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN UNA OPE

Los demandantes, básicamente descontentos con el plazo extra concedido a algunos candidatos para certificar su perfil de euskara y con algunas puntuaciones concedidas por su experiencia en la Administración, asistieron atónitos a una peculiar gestión de sus reclamaciones, que el Consistorio remitió a los aludidos para que en un plazo de 10 días pudieran justificarse.

Lo irregular es que las citadas alegaciones llevaban el nombre, los apellidos, el DNI y hasta los domicilios de los demandantes, cuya identidad quedó expuesta sin el menor celo. La Agencia Vasca de Protección de Datos entiende que el Consistorio ha incurrido en una «infracción grave», al no respetar lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Desestima los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos del Consistorio donostiarra, que defiende que el caso de dos opositores expuestos a un proceso selectivo de acceso a la función pública puede ser una «excepción legal» a la necesidad de «consentimiento del interesado» para la comunicación de sus datos personales. Sostiene además que el traslado de las alegaciones a los afectados era imprescindible para aclarar los errores apuntados en las mismas y garantizar su defensa.

La resolución de la Agencia Vasca de Protección de Datos a la que ha tenido acceso EL MUNDO estima que «no es posible aceptar la necesariedad del traslado de las alegaciones para el cumplimiento del fin perseguido», y mucho menos destapando la identidad de quienes presentaron las reclamaciones. El organismo no encuentra tampoco «argumento suficiente que permita sostener que el derecho de defensa de los afectados exigiera conocer la identidad, DNI y domicilio de los reclamantes y los argumentos utilizados por éstos para sostener otras peticiones contenidas en tales alegaciones».

Aunque en el sector privado esta infracción está penada con multas de entre 60.101 y 300.506 euros, en el caso de una institución pública el castigo se reduce a «establecer medidas que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción» y a la iniciación de «actuaciones disciplinarias».

Según ha podido saber este periódico, la resolución puede implicar la apertura de un expediente interno a los responsables directos del transvase de estos documentos entre demandantes y demandados, que son los titulares de la presidencia y la secretaría del tribunal examinador de la OPE, donde paradójicamente la Ley de Protección de Datos era objeto de examen. La resolución deberá ser remitida al Ararteko.

El golpe que da la Agencia de Protección de Datos al Consistorio donostiarra es sólo el punto de partida del proceso administrativo y judicial en el que se ha visto envuelta esta OPE. Al menos seis aspirantes disconformes con el plazo extra concedido para que parte de los aspirantes pudieran acreditar su perfil de euskera -lo que a medio camino dio un vuelco a las listas- han denunciado lo ocurrido en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián.