DECLARACIONES SECRETARIO GENERAL DE LA APD

Los usuarios de Internet que envíen correos electrónicos sin el consentimiento de los titulares pueden llegar a pagar sanciones que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros, por considerarse una vulneración del derecho fundamental de la protección de datos, según informó el secretario general de la Agencia de Protección de Datos, Álvaro Canales Gil. La dirección de correo electrónico es considerada un "dato de carácter personal" amparada por la Ley, un hecho que desconoce el 81 por ciento de los ciudadanos europeos.

Cada internauta gasta más de 15 minutos del día en borrar los correos no deseados que recibe. Este es un hecho, que demuestran las conclusiones del primer informe elaborado en el 2003 por la Comisión Europea del seguimiento de la Directiva respecto a la confidencialidad en la Red, en donde se encuentran "datos reales y no optimistas" sobre la protección de datos en Internet. En este apartado, el 81 por ciento de ciudadanos europeos tienen un conocimiento "bajo a muy bajo" de la conciencia de la protección de sus datos de carácter personal.

La recepción de los correos no deseados puede provenir de agentes comerciales que utilizan los datos personales para otros fines diferentes a los comprendidos en un principio por el usuario. Asimismo existen situaciones más complicadas donde no es fácil llegar a la fuga de los datos de carácter personal. Para estos casos, la agencia dispone de una subdirección general de inspección que se desplaza por toda España con carácter de autoridad pública, con lo que pueden inspeccionar los sistemas informáticos de las empresas.

Desde la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), las entidades financieras y aseguradoras son las primeras organizaciones que han aplicado medidas contra la vulnerabilidad de los datos confidenciales, ya que son las que más manejan datos de carácter personal de manera masiva, pero otras organizaciones e instituciones todavía se encuentran poco avanzadas en procedimientos de seguridad.

Con respecto a estas empresas que no cumplan la cláusula del "consentimiento informado", con la que se demuestra que la persona acepta el uso de sus datos personales, Canales Gil, ha avisado que el régimen sancionador es "estricto" para los que no respeten la protección de datos, así que deben asumir costosas multas, que desde principios de este mes serán más efectivas, ya que la agencia asumió nuevas competencias de revisión de correos electrónicos.

En este sentido, el secretario general hizo un llamamiento a todos los agentes sociales para que cumplan con la obligación de "trasladar la idea" de que todos los usuarios de Internet están amparados por este derecho fundamental, y que en caso de vulneración pueden denunciarlo, como así ha sucedido en Bélgica donde se han registrado más de 75.000 denuncias en dos meses.

TOP