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MADRID FIJA LAS PAUTAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Si hasta ahora la exigencia de seguridad de los datos en las empresas era máxima, ha llegado el turno de la Administración, que deberá tener en cuenta toda una serie de
medidas en pro de la privacidad de los ciudadanos madrileños. Aunque se trata de recomendaciones enmarcadas en el ámbito autonómico, las medidas establecidas a modo de manual a seguir pueden hacerse extensibles a todo el territorio nacional, puesto que se rigen por los principios básicos de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 8 de septiembre recogía la Recomendación 2/2008, sobre publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios web institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos. De igual modo, el 11 de septiembre, publicó la Recomendación 3/2008, sobre tratamiento de datos de carácter personal en servicios de Administración electrónica.

Boletines y diarios oficiales

La primera de las recomendaciones, (2/2008, de 25 de abril), establece un conjunto de criterios que permiten que, en supuestos específicos, la publicidad de determinada información susceptible de aparecer en los boletines o diarios oficiales, respete el derecho fundamental a la protección de datos personales.

El texto detalla además de forma exhaustiva el proceder de las Administraciones ante circunstancias diversas tales como la conservación y bloqueo de los datos personales
publicados en boletines o diarios oficiales vía Internet y sus motores de búsqueda, la publicación de las calificaciones de alumnos, los listados de colegiados y directorios, los censos electorales o la difusión de datos de sancionados por cometer
infracciones administrativas.

Por otro lado, la Recomendación 3/2008, de 30 de abril, (publicada en el BOCM el pasado 11 de septiembre), trata de concretar los principios y derechos de protección de datos en los servicios de Administración electrónica. En especial en lo referente a la política de privacidad, suscripción a bolsas de empleo, chats
institucionales, procesos de participación electrónica, y foros de opinión.

Por ejemplo, en el caso de la suscripción a servicios de noticias y de alertas a través de mensajes de móvil (SMS), o de correo electrónico,
la Agencia establece que la Administración u órgano administrativo competente deberá solicitar del afectado única y exclusivamente el número de teléfono móvil al que se
vaya a enviar la alerta correspondiente. En cuanto a los chats constitucionales, con carácter general, señala que no será necesario solicitar y recabar del ciudadano su nombre y apellidos, facilitando que se participe en ellos mediante la elección de un alias o pseudónimo que garantice su anonimato.

Esta segunda recomendación de la Agencia contempla también las medidas exigibles en espacios privados para usuarios y empleados públicos. Los sitios web institucionales pueden contener espacios privados a los que accedan tanto los  ciudadanos como los empleados públicos. Explica el texto al respecto que, aparte de implantar las medidas de seguridad recogidas en el Reglamento de Protección de Datos (RD 1720/2007) para garantizar la confidencialidad, la Administración tendrá que crear perfiles de accesos diferenciados para los
ciudadanos y los empleados públicos, de manera que cada uno pueda consultar la información online.

Según ha explicado el director de la Agencia madrileña, Antonio Troncoso, a el Economista, acerca de las nuevas recomendaciones, "se trata de evitar que haya toda una serie de datos, los publicados por la Administración, que permanezcan  eternamente en Internet. Su publicidad debe regirse por un principio de proporcionalidad, tratando de reducir al mínimo el nivel de injerencia en la intimidad de los ciudadanos".

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Listados de colegiados
 Según explica la Agencia, se deben incluir únicamente los datos relativos a nombre, título, profesión, actividad, número de colegiado, fecha de incorporación, situación de ejercicio profesional, grado académico, dirección profesional e indicación
de su pertenencia al grupo.


Calificaciones universitarias

 Podrán publicarse en el sitio web institucional de la correspondiente universidad pública, en otros canales electrónicos o telemáticos, o en el tablón
de anuncios electrónico, aunque se recomienda que, en la medida de lo posible, se realice en un espacio privado en Internet.

Resoluciones administrativas

La Agencia considera que sólo han de publicarse los datos estrictamente necesarios  de acuerdo con el principio de finalidad. Una vez concluido el procedimiento que justificó la publicación se recomienda que la Administración proceda al bloqueo de los datos personales.


Subvenciones

Cuando los beneficiarios sean personas físicas, los datos que aparezcan deben limitarse a nombre, apellidos y, en su caso, la cantidad concedida y la puntuación final. Cuando finalice el plazo de reclamación o de imposición de recursos,  los datos deberán ser borrados.

Almudena Vigil