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MULTA DE 60.000 EUROS A AGUALID POR USAR DATOS BANCARIOS SIN AUTORIZACIÓN

En este sentido, la empresa sancionada presentó declaración jurada de los operarios que intervinieron en la recogida de datos de los comerciantes, y que manifestaron que una vez obtenidos estos datos, se procedió a realizar una segunda visita para obtener la firma y el consentimiento de cada uno para el tratamiento de los mismos.

Entre la documentación que se habría obtenido están la copia del DNI, copia del contrato de alquiler del inmueble donde se realizaba el suministro de agua, y copia de la licencia municipal de apertura.

Sin embargo, la Agencia de Protección asegura que «no consta acreditado el consentimiento para este tratamiento de datos» que figuran en el contrato emitido por Aguas de Valladolid, por lo que se incurre en una infracción grave que podría ser sancionada por importe de entre 60.101 a 300.506 euros.

Para el organismo sancionador, corresponde a la empresa suministradora acreditar que cuenta con la habilitación para ello y no puede ser tenido en cuenta el contrato que se aportó posteriormente.

Aunque Agualid justificó también que su actuación de recogida de datos de los usuarios estaba amparada en el contrato que había firmado en su día con el Ayuntamiento de Valladolid, por el cual se le concede la gestión del suministro de agua en este municipio, la AEPD señala en su resolución que Agualid» no puede ser considerada Administración pública. Con este reconocimiento, la empresa buscaba que no se le impusiera una multa por cuanto la normativa de incumplimiento de tratamiento de datos por parte de las administraciones establece que no se resuelven con sanciones económicas. Simplemente se realiza una advertencia y se publica en el BOE.

La Ley de Protección de Datos recoge en su artículo 6 que «no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias».

Aguas de Valladolid recurrió argumentando también que carecía de denuncias previas y que trataba con miles de clientes cada año sin que constase expediente sancionador al respecto. Pese a ello, el recurso por la sanción de 60.000 euros fue desestimado por la Agencia de Protección de Datos, que ha mantenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional para este tipo de casos, en los que se señala que «existe una imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado» y protección de los datos personales. La multa puede ser recurrida en vía judicial contenciosa. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Aguas de Valladolid (Agualid) con 60.000 euros por haber incluido en un contrato de suministro de agua los datos bancarios de una cliente, sin que ésta hubiera dado su autorización con anterioridad a la empresa concesionaria del suministro municipal de aguas.

La sanción de Protección de Datos se apoya en que Agualid había infringido una falta tipificada como grave, según la ley que regula la utilización de información de carácter personal o confidencial.

La Agencia de Protección de Datos es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar tanto pública como contra empresas privadas. Actúa con independencia de las Administraciones en el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. En este caso, la resolución contra Aguas de Valladolid tiene su origen en la denuncia de una comerciante de la capital vallisoletana a la que, en marzo del 2004, personal de Agualid visitó en varias ocasiones para formalizar el contrato de suministro de agua potable para un local comercial.

La mujer se negó argumentando que el consumo del agua lo venía abonando directamente la parte arrendadora del local. Sin embargo, el 7 de abril del 2004, Aguas de Valladolid le facturó el consumo del establecimiento mediante la domiciliación en su cuenta bancaria.

Pese a que la denunciante indiLa 'carrera' por proteger la intimidad y los datos personales ha comenzado ya desde hace unos años, con decenas de reclamaciones que en la mayoría de los casos prosperan contra los infractores públicos y privados.

Ese ha sido el caso de una comunidad de vecinos del paseo Arco de Ladrillo, donde una propietaria denunció ante la Agencia de Protección de Datos a sus moradores por haber colocado en una lista en un lugar visible que era una vecina morosa que no pagaba sus cuotas. Los hechos sucedieron en noviembre del 2007 cuando la denunciante comunicó que había sido colocada en una puerta de la caseta del portero del inmueble comunitario la lista en la que su nombre aparecía como deudora por importe de 342 euros.

El periodo en el que no se había pagado correspondía a los años 2006 y 2007. Desde agosto de este último año hasta enero del 2008, esta nota permaneció colgada en un sitio visible para el público.

De este modo, la afectada recurrió a Protección de Datos, que se puso en comunicación con la Junta de Propietarios de Arco de Ladrillo, que a su vez indicó que todos los moradores estaban de acuerdo en notificar a través del tablón de anuncios a los deudores.

La comunidad alegó que se optó por esa circunstancia porque «los deudores no recogían las cartas y niegan su dirección». Sin embargo, la denunciante alegó que tenía otro domicilio y se había cambiado el número del edificio. Protección de Datos ha sancionado a la comunidad con 601 euros por publicitar la condición de deudor, algo que corresponde al ámbito privado. Camión de suministro de la empresa concesionaria Aguas de Valladolid.

Marzo 2004. La empresa Aguas de Valladolid (Agualid) visita en varias ocasiones los locales comerciales de un inmueble para cambiar el contador. Una comerciante se niega a hacer el contrato asegurando que el consumo del agua lo paga la parte arrendadora del local.

abril 2004. Agualid le factura el consumo mediante una domiciliación en la cuenta bancaria de la comerciante, quien denuncia los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Septiembre 2006. La AEPD confirma la multa de 60.000 euros por tratar los datos sin consentimiento de la afectada.

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