MULTAS AEPD

España es el país de la Unión Europea (UE) que ha fijado unas multas más altas a las empresas a (hasta 600.000 euros) a la hora de proteger los datos confidenciales de los empleados. Así lo recoge un estudio realizado por del Consejo Superior de Cámaras que además critica la complejidad de la Ley de Protección de Datos. Sólo 400.000 empresas, de los dos millones que hay, se han adoptado a la norma.

Asimismo, el informe de las cámaras reclama que se cambie el actual sistema de financiación de la Agencia de Protección de Datos (a través de las multas a las empresas) para que se financie con una partida presupuestaria. Para las Cámaras, la complejidad y el desconocimiento de la ley hace que tan sólo 400.000 empresas se hayan dado de alta hasta el momento en los ficheros de la Agencia de Protección de Datos.

Este dato fue manejado a modo de conclusión en la última reunión mantenida por las Cámaras con el director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar. A este seminario asistieron especialistas de bufetes jurídicos como Cuatrecasas, Gómez Acebo y Pombo, Davara & Davara y firmas auditoras como Ernst & Young y PricewaterhouseCooper. También estuvieron presentes directivos de compañías relacionadas con el sector de la protección de datos personales como Equifax Ibérica, Informa, Camerdata, TPI, Páginas Amarillas, Marketing y Publicidad Directa, PDM, FECEMD y Consodata

La ley obliga a registrar en la Agencia todas aquellas bases de datos que contengan información de carácter personal, ficheros de clientes, o incluso la nómina de los empleados. Establece, asimismo, un tratamiento legal y leal de los datos, el deber secreto de cumplir medidas de seguridad de índole técnica y organizativa.

Según ha señalado Belén Veleiro, directora del Servicio Jurídico del Consejo Superior de Cámaras, es necesario hacer un esfuerzo para que las empresas conozcan el texto porque es el desconocimiento del mismo el principal escollo que argumentan las mismas compañías. Para Veleiro, se deberían fomentar los denominados códigos éticos o códigos tipo, que serían como una guía en el cumplimiento de la ley. Aveleiro llama la atención sobre el riesgo de que ese desconocimiento de la ley por parte de las empresas haga que éstas paguen fuertes multas sin que haya intencionalidad de infringir la normativa.

Según las Cámaras, mientras que en Irlanda las sanciones económicas no superan 1.300 euros en España las sanciones pueden superar los 600.000 euros. Además, España penaliza hasta con siete años de pena de prisión la mala utilización de los datos. Grecia llega hasta los 10 años de prisión, la pena más alta en este aspecto, mientras que la multa máxima es de 146.735 euros.

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