PROTECCIÓN DE DATOS AVISA DE QUE LA 'LISTA NEGRA' PUEDE ACARREAR FUERTES MULTAS A LOS TAXISTAS

Vicuña, quien aseguró hablar siempre desde un punto de vista teórico y evitó referirse al caso concreto de los profesionales del taxi en la capital alavesa, señaló que el problema de este colectivo es, en primer lugar de organización del servicio público y en segundo de una posible infracción de la Ley de Protección de Datos.

En declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, Vicuña explicó que cualquier empresa que decida crear una base de datos con nombres o números de teléfono privados ha de comunicar al órgano competente la existencia de estos archivos, pactar el modo en que se gestionará esta información y advertir a los usuarios que acceden al servicio de que dicha información personal va a ser guardada con un fin concreto. La lista negra de Radio Taxi es, de hecho, una base de datos, aunque sus responsables no han cumplido con las obligaciones que conlleva su gestión. Según precisó Vicuña, si finalmente se decide que es necesario estudiar lo sucedido en la capital alavesa habrá de ser su homóloga española la que asuma las competencias, ya que se trata de un servicio público.

Vicuña insistió en que, fundamentalmente, la polémica desatada en torno al cobro de una cantidad por parte de los taxistas de Vitoria a los clientes que finalmente no hacen uso del servicio solicitado y su posterior inclusión en un listado de morosos en caso de que se opongan a este abono, obedece a un problema de organización del servicio. La normativa municipal que regula el servicio de taxis en la capital alavesa indica que estos profesionales no pueden negarse a trasladar a un cliente si no existe causa justificada o un impago notificado previamente a la Policía Local mediante denuncia.

En el caso de que los miembros de Radio Taxi decidan regularizar sus listados, además de comunicar su decisión a la agencia estatal habrá de advertir del hecho a los clientes en el momento de la solicitud del servicio. Es obligatorio, por ley, explicar al usuario que sus datos van a ser automatizados y que le corresponde ejercer el derecho de acceso o rectificación y cancelación.

Por el momento, el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco ya ha iniciado una investigación para decidir si el cobro de estas tarifas se ajusta a derecho, ya que su cuantía no ha sido aprobada por la comisión de precios que regula los cobros de los servicios públicos en la CAV.

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