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PROTECCIÓN DE DATOS CONSIDERA MUY GRAVE UTILIZAR HISTORIALES CON FINES LINGÜÍSTICOS

El Hospital Sant Pau de Barcelona podría haber cometido una infracción muy grave al entregar historiales clínicos a una empresa contratada por la Generalitat para hacer un estudio lingüístico sin garantizar el anonimato de los pacientes. Así lo cree la Agencia Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un procedimiento sancionador contra la gerencia del centro sanitario «por una presunta infracción de la normativa de protección de datos de carácter personal».

Los hechos se remontan al pasado mes de enero. La Generalitat decidió entonces poner en marcha una investigación para averiguar qué idioma utilizan los médicos que trabajan en Cataluña, y determinar cuál es el grado de implantación de la lengua catalana en el sector sanitario.

Los departamentos de Salud y Cultura firmaron un acuerdo para realizar este estudio a través de «la observación in situ, en los centros sanitarios del ámbito territorial de Barcelona ciudad, a partir de auditorías aleatorias de los usos lingüísticos utilizados en la redacción y en la edición de la documentación de interés clínico», indica la resolución de la Agencia de Protección de Datos que inicia el procedimiento sancionador.

Anonimato
La Generalitat encargó esta tarea a una empresa privada, Centro Informático de Estadísticas y Sondeos. Empleados de esta compañía se presentaron los días 26 y 27 de enero en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau para cumplir con su cometido. Allí tuvieron acceso «a la documentación íntegra, sin anonimizar, de 90 historias clínicas de pacientes», continúa la resolución.

Para la Agencia Catalana de Protección de Datos -que depende de la Generalitat- estos hechos «pueden constituir una infracción muy grave», ya que la entrega de estos expedientes a los responsables del sondeo, sin haber eliminado los nombres, apellidos, señas y datos médicos de los pacientes y sin el consentimiento previo de los afectados, puede constituir una «vulneración del deber de guardar secreto», de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 44.4 de la

 

Ley Orgánica de Protección de Datos.
La resolución de inicio del expediente sancionador, junto con el pliego de cargos redactado por la funcionaria instructora, fueron notificados a la entidad sanitaria el 27 de julio. El centro hospitalario dispone de 10 días hábiles, desde la recepción de los escritos, para formular alegaciones. Al concluir este periodo, la Agencia Catalana de Protección de Datos podría imponer una fuerte multa a la gerencia del hospital.

En este caso, se crearía un precedente que podría afectar a muchos otros centros sanitarios barceloneses. Y es que el estudio sobre el uso del catalán entre los médicos se realizó en otros 10. Además de en Sant Pau, la Generalitat consultó historiales clínicos en los hospitales del Mar, Vall d'Hebron, Sant Rafael, de la Esperanza, del Sagrado Corazón, Clínico y de la Cruz Roja. Y también en la Clínica Plató y la Casa de la Maternitat.

En conjunto, Centro Informático de Estadísticas y Sondeos revisó 9.000 documentos contenidos en casi 900 historiales clínicos para llevar a cabo el estudio lingüístico que le había encargado la Generalitat, tal y como desveló este diario el pasado mes de febrero.

Al conocerse estos hechos, la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos que, en junio, constató tras realizar una inspección, su veracidad. Sin embargo, la entidad estatal archivó el expediente y lo remitió a su homónima catalana por ser el organismo competente para depurar posibles responsabilidades.

Y la Agencia Catalana ha considerado que los respons